En esta columna nos hemos referido al extraordinario incremento del gasto público producido durante la década kirchnerista. Nos vamos a ocupar de la otra cara del gasto, el aumento de la carga tributaria que soportan los contribuyentes.
El gasto público se puede financiar de tres maneras: con impuestos, con emisión de dinero y con endeudamiento. El gobierno que comenzó su gestión en 2003 con superávit fiscal, uno de los pilares del “modelo”, evolucionó a un alarmante déficit, consecuencia del gasto desbocado. Para financiar el crecimiento del gasto ha recurrido a una suba inédita de la presión fiscal, tanto en el orden nacional, como en el provincial y municipal. Diversos estudios especializados, entre los que cabe mencionar trabajos del Iaraf, Ieral, Consejo Empresario Mendocino, lo demuestran de modo irrefutable.
El crecimiento de la carga tributaria efectiva (recaudación en relación al PBI) consolidada (Nación, provincias, municipios) ha pasado del 23,8% en el año 2000 al 38,6% en 2013. Si se incluye el denominado impuesto inflacionario, cuya base imponible es la base monetaria y la alícuota la tasa de inflación, la presión fiscal alcanza 41,2% del PBI.
Esto implica un incremento porcentual de algo más de 70% en la “década ganada”. Debe decirse que dada la destrucción del Indec y las estadísticas poco confiables existentes, hay estudios que corrigen las mentadas “tasas chinas” de crecimiento económico de estos años. Según estos análisis, el PBI real sería bastante menor que el que arroja el dato oficial. En consecuencia, tomando el PBI corregido e incluyendo el impuesto inflacionario, la presión fiscal llegaría a 48,8%. Sin duda una de las más altas del mundo.
Al analizar los recursos que explican el incremento de la carga tributaria se aprecia que el aumento más alto se origina en la recaudación de los derechos de exportación, las mentadas retenciones. Le sigue Ganancias y el impuesto a los débitos y créditos bancarios y el impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias y en algunos casos también los municipios. Hay que destacar que el impuesto a los Ingresos Brutos provincial y la tasa municipal de seguridad e higiene han aumentado su importancia más que el IVA.
La forma en que se han incrementado los impuestos hace que el esquema tributario se haga más distorsivo, en el sentido de la asignación de recursos. Esto implica que las empresas y las familias no dirijan sus recursos en función del sistema de precios, sino en función de cómo tener menos carga fiscal.
Es que el objetivo primordial del esquema tributario aplicado por el Gobierno ha sido recaudar recursos para financiar el gasto público, sin importar los criterios de eficiencia y equidad. Si se agrega el impuesto inflacionario, se acentúa aún más la inequidad del sistema tributario, ya que afecta proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos. Además este esquema tributario le quita fuerza al crecimiento económico y acentúa los incentivos a la evasión y elusión fiscales, con la consecuente competencia desleal entre quienes pagan y quienes no pagan los impuestos.
Es necesario señalar que es la carga de impuestos nacionales la que se lleva la mayor parte de la recaudación, especialmente en gravámenes que no se coparticipan, como los de comercio exterior (salvo una pequeña porción de la soja). A ello que agregar el considerable stock y flujo de fondos que significó la estatización de los recursos de las AFJP y los aportes personales que iban a ellas. Otro aspecto que conviene tener en cuenta es que la importante participación del impuesto a las Ganancias se explica por la imposibilidad de ajustar los balances por inflación y la no actualización del mínimo no imponible.
En el caso de las provincias y municipios la carga tributaria efectiva tiene menor importancia relativa dentro de la carga total. De todos modos también ha aumentado considerablemente, como ocurre en Mendoza con el impuesto a los Ingresos Brutos, cuyo incremento ha sido desmesurado por la suba de las alícuotas y la eliminación de las exenciones. Basta mencionar que el aumento de recaudación en el último año ha sido de 50%. En resumen, tenemos un sistema tributario agobiante, ineficaz y sobre todo inicuo.
