La ley llevaba 16 años de sanción, pero recién fue reglamentada en noviembre del año pasado. Se trata de la norma legal que establece qué debe hacerse con los regalos que recibe el Presidente y funcionarios de alto rango por ese concepto. La ley no se aplicaba porque restaba la reglamentación de su artículo 18. Así entonces, los presidentes incluidos dentro de la norma legal quizás no hayan cometido ningún delito (la Justicia deberá determinarlo) al quedarse con los obsequios, pero sí han demostrado una absoluta carencia de ética en la función pública.
Los obsequios a presidentes en los actos oficiales que suelen realizar dentro y fuera del país forman parte prácticamente del protocolo. Se intenta agasajar así a la figura presidencial y por ese motivo genera malestar cuando el primer mandatario confunde la situación y considera que ese obsequio fue personal y se los llevan al finalizar la gestión.
Dentro del esquema señalado, el caso más emblemático lo constituyó la famosa Ferrari que un empresario italiano, interesado en una obra pública de 80 millones de dólares, obsequió al entonces presidente Carlos Menem quien la condujo personalmente hasta Pinamar, alcanzando velocidades de hasta 190 kilómetros por hora. Fue tal la presión de la opinión pública que Menem se vio obligado a subastarla y aquella famosa “Testarrosa” pasó por varias manos incluyendo al titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, y es común observarla en los eventos de Ferrari Club Argentino.
Quizás para evitar que hechos de esa naturaleza se repitan es que en setiembre de 1999 el Congreso de la Nación sancionó la ley de Ética en la Función Pública, promulgada en noviembre de ese año. Sin embargo y por esas “cosas del destino” ningún presidente -a excepción de Mauricio Macri- pareció haber leído el artículo 18, que establecía que los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, aunque advierte que las autoridades de aplicación reglamentarán su registración y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado.
En ese plano, el ex presidente Fernando De la Rúa se quedó con una edición de El Aleph que le regaló la viuda de Jorge Luis Borges, María Kodama y los jarrones chinos y la escultura que le obsequió una empresa española con intereses comerciales en el país, lo que motivó que fuera denunciado penalmente. Néstor Kirchner recibió de manos de Hugo Chávez una réplica del sable de Simón Bolívar y, por otro lado, una edición original del libro “Principios de la economía”, de Thomas Malthus. Pero sin duda fue Cristina Kirchner la más “beneficiada” con los obsequios, entre los que se podrían señalar pañuelos de seda obsequiados por el presidente de Francia y otro por el Grupo Marsans; un par de aros de plata -Evo Morales-; una computadora -Carlos Slim-; una edición lujo de El Quijote, -Gobierno español-, un gorro de piel -presidente de Rusia- y dos joyas -Antonio Banderas y Melanie Griffith-, entre otros tantos obsequios.
Así entonces, valiéndose de una falla legal de la que fueron responsables por no reglamentarla, los ex presidentes se llevaron todo.
Precisamente por ese motivo es que podría aceptarse que la reglamentación de la ley pueda tener carácter retroactivo, de manera tal de obligar a los ex mandatarios a devolver los obsequios. Cabría señalar que esa reglamentación determina que se exceptúan aquellos obsequios de cortesía que tengan un valor inferior a 4 mil pesos y todo lo demás debe quedar como propiedad del Estado y su destino final podría ser un museo, una exposición o lo que se defina en cada caso.
