La Presidenta Cristina Kirchner anunció ayer que enviará un proyecto de ley al Congreso para reabrir por tercera vez el canje de deuda pública, una medida que ya había tomado Néstor Kirchner en 2005 y ella misma en 2010. Fue luego de la reiterada negativa del Gobierno a hacer una nueva oferta a los bonistas, y a través de un mensaje grabado y emitido a través de la Cadena Nacional.
La nueva reestructuración llegará además acompañada de una propuesta para quienes posean títulos ya canjeados en las dos ocasiones anteriores, que reúnen el 93% de los papeles que podían entrar en esa operación. Cristina anunció que a ellos se les ofrecerá cambiar sus bonos emitidos bajo legislación extranjera -la mayoría se rigen por la jurisdicción de Nueva York- por otros pagaderos en la Caja de Valores de Buenos Aires bajo legislación local.
Luego de haber insistido en numerosas ocasiones sobre que quien no entró al canje no cobraría nada, la primera de las medidas busca ser un gesto para tratar de influir sobre la Suprema Corte de Estados Unidos, que desde hace dos meses analiza si toma en sus manos el juicio que hicieron un grupo de fondos buitre en Nueva York y que tuvo en primera y segunda instancia un resultado desfavorable para las pretensiones argentinas. Según afirmó Cristina en su mensaje, esos litigantes -encabezados por NML Capital y Aurelius Capital- representan el 0,45 por ciento de la deuda nacional.
La pretensión de mostrar a los magistrados estadounidenses la disposición argentina a pagar quedó en evidencia en el discurso presidencial. Luego de un largo y detallado recorrido por la historia de los pagos y las reestructuraciones ocurridas luego del default declarado en diciembre de 2001 por el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, Cristina anunció tres decisiones. La primera de ellas, dijo, fue "pedirle a Dios que ilumine a la Corte Suprema de los Estados Unidos".
La segunda fue enviar al Parlamento el proyecto para reabrir el canje de deuda dejando sin efecto la "Ley Cerrojo" de 2010, que impedía nuevas reestructuraciones. Con esa decisión, buscó mostrar a la justicia norteamericana la disposición del país a pagar a esos bonistas, dado que el "Cerrojo" fue criticado en los fallos sobre el tema en los EEUU.
Pero ese gesto de acercamiento a la Corte podría quedar neutralizado por la tercera medida anunciada, la de proponer a todos los bonistas que cambien sus papeles emitidos bajo jurisdicción extranjera por otros suscriptos según leyes argentinas y pagaderos en Buenos Aires. Es que esto implica vaciar la discusión jurídica en los EEUU.: el efecto buscado es, precisamente, evadir el alcance de los tribunales de ese país, que no puedan afectar más al pago de los bonos argentinos.
En su exposición, cargada de cifras, la Presidenta aseguró que desde 2003, el Estado abonó US$ 173.733 millones a diferentes acreedores. Diferentes organismos públicos nacionales recibieron 41.044 millones de ese monto, 81.487 millones fueron para tenedores de bonos privados de la Argentina y el extranjero y 51.201 millones volvieron a manos de los organismos internacionales de crédito.
Esas precisiones le sirvieron a la Presidenta para argumentar que la Argentina es un "pagador serial" y no "un deudor recalcitrante", como figura en el fallo que emitió el viernes la Corte de Apelaciones de Nueva York. Esa decisión del tribunal de segunda instancia ratificó el dictamen que había tomado el juez Thomas Griessa, quien ordenó al Estado pagar los 1.550 millones que reclaman los fondos buitre en esa demanda. Cumplir con la decisión de Griesa reafirmada por la segunda instancia neoyorkina implicaría el riesgo de juicios por 43.000 millones de dólares, según calculó el Gobierno argentino.
Hasta ayer, la Corte estadounidense no había dicho si tomará o no el caso argentino. Esa decisión podría demorarse hasta por 6 meses, un período durante el cual, según dictaminó el fallo del viernes, la Argentina no estará obligada a pagar. Sin embargo, si la Corte Suprema decide no escuchar las invocaciones a lo sobrenatural de la Presidenta y no tratar el caso, quedará firme el fallo que obliga a pagar el 100% sin ninguna quita, como pretenden los fondos buitre. Las medidas de ayer buscan amortiguar el impacto de esa puja ante los tribunales de EEUU.
