Cuando en 1916 el patriciado mendocino reformó la Constitución de la provincia, estableciendo restricciones a los familiares del gobernador y el vicegobernador para sucederlos en el período siguiente, evitó el bochornoso cuadro de ciertas provincias del Norte, cuyas oligarquías usan el poder en beneficio propio, perpetuando el atraso.
Mendoza ha evitado la fiebre reeleccionista que se desató en la casi totalidad de las provincias argentinas a pocos años del restablecimiento de la democracia, en 1983. Primero con un período adicional, luego con dos y, en algunas, con reelecciones indefinidas.
Cierto es que los últimos gobiernos de nuestra provincia, más allá de las distintas filiaciones partidistas, han intentado acabar con esta singularidad mendocina, defendida por quienes aspiramos a una mejor calidad institucional.
Siempre con el pretexto de actualizar la Constitución -como si de eso dependiera una supuesta mejora en las condiciones de vida del pueblo- lo que se ha buscado es lograr instalar el reeleccionismo, más allá de la obviedad de que prolongar los mandatos no asegura per se mejores gobiernos.
Pero ahora, ya insólitamente, incluso antes de asumir, el gobernador electo introduce el tema y usa como Caballo de Troya la propuesta de suprimir la bicameralidad, con la falacia de que eso disminuiría el gasto.
Vale recordar que gobiernos excepcionales de Mendoza, que lograron prestigio y repercusión nacional por la magnitud de sus realizaciones, duraban sólo tres años, que era el mandato vigente hasta 1973.
Decir que la supresión del Senado reduciría el gasto es un argumento falaz. El problema del gasto en la Legislatura no es el resultante del funcionamiento de las dos Cámaras, sino del abuso de las autoridades legislativas, que escandalosamente sextuplicaron, de 1983 a hoy, la planta de personal.
La bicameralidad ha impedido que ciertos factores de poder lograran colonizar a sectores políticos, evitando consecuencias gravísimas para la sociedad en su conjunto.
Por caso, logró impedir que una pretensión del Grupo Vila para sacar agua de las fincas en beneficio de sus especulaciones inmobiliarias, arrasara con la Ley de Aguas, otro hito que nos distingue en el país. O frenar avances en el uso del suelo que hubieran afectado el pedemonte; o explotaciones mineras contaminantes del Río Mendoza.
En el ámbito nacional baste recordar que el Senado evitó que se aprobara la Resolución 125/08 y, de esta manera, se redujo una conflictividad riesgosa para la convivencia social, amenazada por posibles desbordes.
La bicameralidad obliga a pasar los proyectos de ley por dos lecturas, lo mismo que en el sistema de doble lectura con Cámara única, pero la diferencia a favor de las dos Cámaras es que se trata de dos grupos humanos diferentes, con diferentes miradas y puntos de vista, así como variados puntos de contacto con la sociedad.
Las dos Cámaras mejoran por eso la capilaridad del sistema representativo frente a la sociedad.
En las condiciones actuales de fragilidad de la representación, toda decisión que la disminuya o debilite no es positiva.
En contraposición, las dos Cámaras se acercan más a los modos de representación directa y, a mi entender, debemos promoverlas.
El gobierno provincial que concluye ha mejorado el funcionamiento del Estado y su capacidad de cumplir sus prestaciones básicas. Pero el nuevo gobierno tiene el desafío de mejorar la situación de la sociedad mendocina, que es la que financia las cuentas públicas.
El peso del Estado provincial y de sus municipios es muy alto y ahora, junto con el peso del Estado nacional, ahoga las energías creadoras que han demostrado secularmente los mendocinos, así como su capacidad de crear riqueza que permita mejorar el nivel de vida de la población.
Ésa es la tarea y no la de distraerse en la búsqueda de prolongar su permanencia en el poder, que siempre produce desgaste, aislamiento de las necesidades sociales e incremento de los riesgos de corrupción.
Clemenceau, el estadista francés que gobernó su patria durante la Primera Guerra decía que la guerra era demasiado importante para dejarla en manos de los militares.
El jurista mendocino Braceli sostenía que la Constitución era demasiado importante para que estuviera sólo en manos de los constitucionalistas.
