El resultado (por la diferencia) de la elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado domingo 11 de agosto, han sido inesperados para muchos, sean los encuestadores, analistas políticos o los propios protagonistas de la elección.
Sus efectos inmediatos han sido los un terremoto en los mercados financieros, tipo de cambio, acciones, bonos públicos y privados.
Es imposible negar que el país ha vivido, y vive aún, horas dramáticas en materia financiera y económicos.
Los efectos resultan difíciles de dimensionar y sólo cabe rogar y esperar que las cosas se serenen, que los daños no sigan, aunque algunos de ellos -como la inflación- irán apareciendo en las próximas semanas.
Este tremendo sacudón obliga a todos, tanto a dirigentes políticos, sociales, culturales y a los medios de comunicación, a asumir la responsabilidad que nos cabe a cada uno. La cual no es otra que disminuir los daños y sobre todo a reflexionar sobre la causas para no repetirlas.
Pero en lo inmediato creemos que lo fundamental debe ser preservar las instituciones básicas de la democracia republicana.
Esto implica cumplir, sin alteraciones, el proceso electoral tal como está previsto en el calendario fijado. Es decir realizar la elección prevista el 27 de octubre y, si se diera el caso, la segunda vuelta el 24 de noviembre. Desde luego, el traspaso del poder el 10 de diciembre cumpliendo todas las formalidades previstas en la Constitución Nacional.
Es necesario recordar las dos traumáticas y dolorosas situaciones en que ocurrió lo contrario: La entrega anticipada del poder, en los finales del gobierno del presidente Raúl Alfonsín; y los acontecimientos desarrollados para provocar la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. En ambos casos los daños a las instituciones fueron enormes y las crisis económicas provocaron un sufrimiento a gran parte de la población.
Ante los acontecimientos que se están desarrollando es necesario señalar que el calendario electoral que se ha ido cumpliendo, con el desdoblamiento de las elecciones provinciales, municipales y las PASO, han producido efectos negativos no previstos, o subestimados, por quienes tuvieron la responsabilidad de disponer de los mismos.
Recordemos que en el caso del presidente Raúl Alfonsín las elecciones de 1989 se habían realizado con muchos meses de anticipación. Ya elegido el Dr. Carlos Menen, comenzó un largo proceso de transición en un contexto económico de alta inflación, que desembocaría en la hiperinflación.
A raíz de esta experiencia, de una transición muy larga, en la reforma constitucional de 1994 se estableció taxativamente, en su artículo 95, que “la elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio”. Ello se hizo para acortar el periodo de transición, aun habiendo introducido el proceso de segunda vuelta.
Esta excelente norma fue modificada con la creación de las PASO, mecanismo cuestionado por innecesario por destacados especialistas.
El hecho fue que volvió a extenderse el proceso electoral, como el estamos viviendo entre en el 11 de agosto y el 24 de noviembre, sin contar los adelantamiento provinciales.
Todo esto se hizo por especulación electoralista de corto plazo. Incluso cuando quedó establecido que ninguna de las fuerzas políticas que competían con fórmulas presidenciales iban a tener contiendas internas, no fueron pocas las voces que pidieron al gobierno nacional que suspendiera las PASO presidenciales por carecer de razón de ser.
Como se dijo reiteradamente, habían quedado reducidas a una muy costosa encuesta, que finalmente tuvo un resultado imprevisto y como consecuencias de una crisis cambiaria y financiera de magnitud.
En ese contexto es necesario tener en claro que el 11 de agosto no se votó para elegir nada, pero su resultado ha sido tomado, en el país y fuera de él, como el si el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, hubiese sido ungido presidente de la Nación.
Ello conduce a una situación anómala, que hace que diversos protagonistas soliciten acuerdos de gobernabilidad entre un presidente constitucional (y candidato) con un candidato que aún no ha sido electo.
Sin dudas que estamos frente a una situación de fragilidad institucional y económica preocupante.
Pero basta con expresiones de sensatez de los candidatos, y cumplir tal está el calendario electoral, para que las aguas se aquieten de un modo significativo.
