Presentaron acción de amparo para frenar la venta de lotes en La Remonta

Pobladores y productores que cultivan en La Remonta, de Tunuyán, presentaron esta semana una acción de amparo ante la Justicia Federal para frenar el decreto presidencial 225 que habilita la venta de 7216 hectáreas (10 mil, según el croquis adjunto en la resolución) del Ejército Argentino en Campo Los Andes. 

El recurso, que fue presentado este martes en el Juzgado Federal en lo Civil (Sección 2), sostiene que el polémico decreto es nulo, arbitrario y anticonstitucional. Los lugareños (únicos legitimados para accionar en función de las décadas y generaciones que llevan habitando estas tierras) confían en que la Justicia atenderá su reclamo y dispondrá una medida de no innovar.

De ocurrir lo anterior, quedará en suspenso cualquier acción o avance dispuesto por el decreto del Ejecutivo nacional, que fue publicado el 4 de abril pasado en el Boletín Oficial. Esto quiere decir que no se podrá alterar nada en el lugar, no se podrá realizar mensuras ni disponer de sus bienes hasta tanto la Justicia resuelva si tiene validez o no.

Fernando Armagnague es el abogado penalista que asesora a los lugareños en su reclamo.

“Aunque quieran hacerlo parecer, el Estado no es una empresa. El Poder Ejecutivo por sí solo no puede vender ni un metro de tierra que pertenezca al tesoro de la Nación. La Constitución Nacional, en su artículo 75, dispone que esta es una facultad exclusiva del Congreso Nacional”, explica el letrado.

El abogado también señaló que la misma redacción del decreto acarrea "varios motivos de nulidad".

“En ninguna parte del texto está fundamentada o motivada la expropiación de Campo Los Andes. Ni siquiera se lo menciona. No hay señales de que el Estado haya hecho una mensura previa para definir la situación del inmueble. No están los límites fijados. Sólo hay un croquis, que parece hecho en papel Estrada... Es una vergüenza!”, dijo.

Esta situación y la indefinición -incluso errores- en la delimitación de las parcelas a la venta ya habían sido objeto de cuestionamientos por geólogos y ambientalistas a través de las redes sociales.

La acción de amparo presentada es un nuevo revés contra el proyecto oficial, que se suma a los reclamos y manifestaciones (dos cortes sobre la ruta 40) que vienen haciendo los pobladores y vecinos del Valle de Uco. El pedido general es que se dé marcha atrás con el decreto y se elabore un proyecto en conjunto con los productores, la comunidad y los gobiernos locales.

Mientras tanto, desde el gobierno provincial siguen promocionando el consenso para lograr la ‘licencia social’ y avanzan con acciones concretas. Fuentes de Provincia, dijeron que la semana que viene realizarán un censo en el lugar, para determinar  con precisión cuántas serían las familias que viven y trabajan dentro de las tierras que se pondrán a venta.

Uno de los moradores, Fabián Escobar, destacó que el proyecto se encaró de "forma incorrecta, porque no tuvo en cuenta a la gente que vive en el lugar desde hace décadas. Tampoco tiene en cuenta el mal que le puede traer al llano, con la deforestación masiva".

"Nadie es piquetero ni revolucionario, la intención del vecino autoconvocado es conocer el proyecto. No estamos en contra del progreso, sí en que nuestras tierras y el agua caigan en manos de extranjeros", apuntó.

Lo cierto es que la Constitución marca otro punto de nulidad del proyecto, que promueve la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), junto a la UCAR (Unidad de Cambio Rural). La Constitución -pensada en el momento que vivía el país en 1853-propone que las tierras del Estado están sujetas prioritariamente a la colonización. “El primer objetivo es poblar. De allí, que los colonos que tienen prioridad es la gente que vive allí desde hace generaciones”, apuntó Armagnague.

El penalista también advirtió que -de seguir- este decreto puede sentar un peligroso antecedente: el de que un gobernante puede decidir sólo vender los bienes públicos. Aunque está orgulloso de ser radical y quiere “que al presidente le vaya bien”, Armagnague señala que “Macri está muy mal asesorado jurídicamente. Primero fue lo de la asignación de los jueces, después lo del Correo y otras... bueno este decreto va en esa misma línea”, acotó.

Alternativas y diálogo

La agrupación peronista Construir Puentes reunió días atrás en la misma mesa a intendentes del Valle de Uco, legisladores, cámaras empresarias, productores, especialistas en derecho de agua y vecinos de la zona. La idea fue analizar la propuesta oficial y echar luz sobre las dudas que tiene la sociedad al respecto.

Todos los actores coincidieron en lo positivo del desarrollo productivo, social y económico de la zona. Sin embargo, se mostraron contrariados por la falta de información y participación.

Las situaciones que generar más temor es la extranjerización de la región; las dificultades de los pequeños productores para acceder a parcelas productivas y la falta de consenso. Por ello, se acordó presentar el informe al Gobierno Provincial y pedir reuniones ampliadas  con los distintos actores sociales y económicos del Valle de Uco en particular y Mendoza en general.