Sociedad
Ascenso de la temperatura: así estará el tiempo este lunes en Mendoza
hace 1 hora
Sergio Salgado ya tiene una condena a cinco años, que no está firme y por eso está en libertad. En la justicia provincial le queda una causa abierta aún, por emitir cheques sin fondo de la Municipalidad de Santa Rosa. Y hasta ahora tenía otra, en tribunales federales, por fondos remitidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Programa Federal de Obras Viales, que fueron usados para pagar sueldos de los empleados municipales.
Esa causa existió hasta hoy, cuando fue notificado de que estaba sobreseido. No porque lo hallaran inocente, sino porque los plazos judiciales estaban prescriptos.
La denuncia fue realizada el 10 de mayo de 2016 por la entonces intendenta interina Norma Trigo. En la denuncia se indicaba que el 2 de setiembre de 2015 se le transfirieron a la comuna 325 mil pesos que al día posterior fueron transferido a la cuenta en la que se pagan los sueldos de los empleados municipales.
La presentación de la intendenta no se hizo en los estrados federales, sino en la fiscalía provincial de Santa Rosa, pero el segundo juzgado de garantías del Este se declaró incompetente para intervenir en la causa, porque se trataba de fondos provenientes del Estado nacional. Entonces el expediente pasó a manos del juez federal Marcelo Garnica.
Hubo recolección de prueba, particularmente de los movimientos de las cuentas bancarias del municipio y también testimoniales.
Nota de color: uno de los testigos citados por el juez Garnica fue el entonces gerente interino de la sucursal Santa Rosa del Banco Nación Fernando Ubieta; ese nombre ha ganado reconocimiento en los últimos días, porque el bancario es candidato a intendente, pero en La Paz, dónde ejerce la gerencia de la sucursal de la entidad desde hace unos años.
Volviendo a la peripecia judicial de Salgado, el ex intendente fue imputado junto al ex secretario de Hacienda Franco Ojeda y al ex tesorero municipal Vicente Lezcano.
El tiempo corrió sin que hubiera resolución. De acuerdo a la sentencia, el plazo de prescripción empezó a correr el 5 de abril de 2016, fecha en la Lezcano dejó su cargo como tesorero. Incluso más, se señala que en setiembre del mismo año Ojeda fue cesanteado por decisión de Trigo, pero en su cargo de planta municipal.
“Por cargo público no debe entenderse cualquier empleo estatal, sino al funcionario cuya jerarquía o vecindad con ésta, permita sospechar que puede emplear su autoridad o influencia con el fin de perjudicar el fin de la acción penal”, cita Garnica en el fallo.
Más aún, el Magistrado indica que "el fundamento de la prescripción radica en evitar que corra el término de la prescripción mientras la influencia política del sujeto pueda perturbar el ejercicio de la acción". Más adelante indica que sólo la comisión de otro delito interrumpe el plazo y no otro proceso judicial, refiriéndose a la condena que tuvo Salgado en junio de 2018.
El año pasado Salgado y Ojeda fueron condenados por administración infiel, por la emisión de cheques para la compra trucha de combustible al lubricentro Tirasso, empresa que nunca fue proveedora de la comuna; el ex intendente también fue hallado culpable de concusión por el manejo que hizo la comuna de la playa de estacionamiento de La Salada y por malversación de fondos públicos por una planta de destete que debía realizar con fondos del Iscamen. Salgado sumó cinco años de condena y prohibición perpetua para ejercer cargos públicos.
Y el tiempo corrió. Y todo prescribió. Ayer Carlos Moyano, el abogado de Sergio Salgado, fue notificado de la prescripción.
