Es de sobra sabido que las crisis económicas más severas en nuestro país han comenzado siempre en una situación de desequilibrio fiscal, que lleva al endeudamiento interno o externo, o a la emisión de dinero para financiar el gasto. Esto es lo que está ocurriendo con las finanzas nacionales desde hace algún tiempo en la Argentina, y a ello se agregan numerosas provincias.
El núcleo del problema es siempre el mismo, sea a nivel nacional o provincial: el desmesurado aumento del gasto público. En el caso de Mendoza ese aumento se ha producido en forma continuada a lo largo de casi una década, no ha sido responsabilidad de un solo gobierno, ni de un solo partido. Tanto el justicialismo como el radicalismo son responsables de lo que está ocurriendo.
Los números son más que elocuentes, asustan. Entre 2005 y 2012 el gasto público de la Provincia pasó de 2.682 millones de pesos a 16.060 millones; vale decir, aumentó el 500%, se multiplicó por seis. Tomando para ese periodo el índice de inflación que miden las provincias, no el falseado por el Indec, el aumento de precios, redondeando ha sido 250%, es decir la mitad de aumento del gasto, o si se prefiere, el gasto aumentó el doble que la inflación, que la desvalorización de la moneda. Visto de otra manera, el gasto público provincial creció en términos reales, en moneda constante, el 72% en siete años. Nada menos que al 8% anual acumulativo.
Claro que cabe preguntarse si la economía provincial, medida por el Producto Geográfico Bruto no tuvo un comportamiento similar que justifique ese incremento. Lamentablemente acá también los datos inquietan, ya que el PGB subió poco más que la inflación y por consecuencia el peso del gasto público pasó de representar el 12,9% en 2005 al 21,6% en 2012. Hay que agregar que se pasó de tener superávit al inicio del periodo, a un déficit. El año pasado el déficit fue bastante menor que el presupuestado, pero a costa de reducir el gasto en obra pública. En este punto resulta inexplicable que desde hace años Mendoza invierta en cifras absolutas menos que las provincias de San Juan y San Luis. Así es como están a la vista todas las mejoras en infraestructura en esas provincias.
El gasto público ha crecido prácticamente en función de un irresponsable aumento del empleo público y de aumentos de sueldos que no guardan relación con la evolución de la productividad de los servicios del Estado. Por el contrario la realidad incontrastable es que no sólo no hay mejoras en las prestaciones sino lo contrario. El caso de la seguridad es un clamor de la población frente al cual este Estado no tiene respuesta. Ni hablar de lo que ocurre en educación: un dato ilustrativo es que la matrícula de los alumnos en las escuelas privadas crece fuertemente y en las públicas ocurre lo contrario. Es decir que además de sostener un Estado que sirve de poco, buena parte de la población paga dos veces servicios básicos.
El Gobernador ha prometido llegar al final de su mandato con las cuentas equilibradas. Claro que esa meta es importante, pero mucho más lo es analizar la calidad y eficiencia del gasto público. Y reducir la carga fiscal sobre las personas, las familias y las empresas. Sin embargo, el gobierno provincial aumentó el año pasado muy fuertemente los impuestos, a tal punto que la recaudación local subió 60%. Este año está haciendo lo mismo. Vamos por mal camino y si no hay rectificación las consecuencias se verán tarde o temprano.
