El nuevo titular de Inteligencia de la Nación, Oscar Parrilli, promovió una denuncia penal contra la Editorial Perfil por la publicación, en la revista Noticias, de una nómina de 138 supuestos agentes que habrían ingresado recientemente a la Secretaría de Inteligencia. La acción judicial está dirigida hacia el presidente de la mencionada editorial, el director de la publicación y el periodista a cargo del artículo que generó la reacción oficial.
A su vez, el funcionario kirchnerista interpuso una medida cautelar para que la revista de circulación nacional se abstenga en adelante de realizar publicaciones que impliquen la continuidad del presunto delito de la ley de Inteligencia Nacional 25.520.
A raíz de este accionar judicial, desde ámbitos oficiales, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) alertó enfáticamente sobre lo que considera un claro intento de censura previa en el país. Se estima que el planteo contraría el artículo 13, punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, y el punto 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada en octubre de 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Un documento interpretativo de esa Declaración sostiene que la censura previa supone el control y veto de la información antes de que ésta sea difundida, lo que impide el ejercicio del derecho a la libertad de información no sólo al individuo afectado directamente sino a la sociedad en general.
Las mismas normas y tratados (en el caso del Pacto de San José de Costa Rica, su jerarquía constitucional en la Argentina es establecida por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional) establecen que, en caso de que con una publicación se incurra en delito, ello dará lugar a “responsabilidades ulteriores”, pero nunca a actuar preventivamente, como pretende la Secretaría de Inteligencia de la Nación mediante la cautelar interpuesta ante Noticias.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó al respecto que “toda medida preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada por la Convención”. Por ello Adepa esgrime que no se ha probado delito alguno en la cuestionada publicación, ni mucho menos puede anticiparse que lo haya en futuras ediciones de la revista, lo que torna “absurda” una acción preventiva.
Y recuerda que las disposiciones penales que contiene la ley 25.520, de Inteligencia Nacional -recientemente reformada con la ley 27.126-, son aplicables a los funcionarios o empleados públicos que participan de las tareas asignadas al organismo a cuyo frente se encuentra Oscar Parrilli, pero hay jurisprudencia nacional e internacional que no la hacen imponible a terceros, en especial a periodistas que obtienen la información en forma lícita.
En sintonía con lo que sostiene la entidad que nuclea a los medios periodísticos de nuestro país, debe destacarse que toda pretensión de prohibir la publicación de información reservada, cuando ella reviste interés institucional o un relevante interés público, constituye un acto de censura. Del mismo modo que la pretensión de sancionar a quienes ejercen el legítimo derecho a la información de la ciudadanía.
Enfatiza Adepa que resulta sorprendente que el mismo gobierno que se solidarizó en 2012 con el periodista australiano Julian Assange cuando fue perseguido por difundir información confidencial a través de Wikileaks, ahora intente impedir el conocimiento masivo de datos de interés público que puede no ser conveniente para funcionarios locales.
La explicación tal vez se pueda hallar en la denunciada y muy sospechada intención del kirchnerismo de valerse de los recursos disponibles para “poblar” organismos estratégicos del Estado, tal vez con la intención de influir en el manejo ideológico y político de la cosa pública a partir de su inevitable retirada del poder, el 10 de diciembre.
