En la última semana, dos niñas fueron abusadas en Tupungato. Tiempo atrás, trascendía que dos chicas de Tunuyán quedaron embarazadas tras haber sido violadas.
Este año, una mujer de más de 30 años se suicidó y su familia aduce que nunca pudo superar la situación de abuso que sufrió de niña. Aún se investiga la muerte de un niño, que apareció ahorcado meses atrás, y el desencadenante habría sido una vejación. En todos los casos, los victimarios son personas del entorno familiar.
El aumento de estos hechos, que vulneran y marcan la vida de los más chicos, preocupa en el Valle de Uco, sobre todo en Tupungato.
Algunos profesionales hablan de una incidencia de estos delitos mayor que en otras regiones, sin embargo para otros aquí hay más casos que llegan a institucionalizarse porque es menos simple ocultar estos abusos en comunidades pequeñas y porque la misma sociedad ha empezado a denunciar y a involucrarse más con la problemática. Lo cual es un buen síntoma.
Como respuesta a esta problemática, en Tupungato distintas áreas gubernamentales se vienen reuniendo con la intención de organizar un grupo de “intervención urgente”, a fin de consolidar el abordaje de emergencia en este tipo de casos.
Por lo pronto, comenzarán en febrero con un taller destinado a la prevención de Abuso Infantil. La idea es que referentes del área de Niñez, de la Mujer y del hospital General Las Heras trabajen con niños y sus familias la temática, en balnearios y eventos recreativos que se realicen.
Responsabilidad común
"Un día me senté a hablar a solas con una alumna de primer año, que andaba mal en mi materia. Al parecer ella se sintió en confianza y me contó, entre lágrimas, que un tío había abusado de ella y que meses atrás ese hombre había regresado a vivir a una vivienda contigua a la suya. Estaba aterrada", relató Mariela, una profesora de escuela rural, quien reconoce que "nadie nos prepara a los docentes para detectar estos problemas y actuar en consecuencia".
Como la mayoría de estos casos (más del 80 por ciento, según los especialistas) ocurre en el seno familiar, generalmente la escuela es el sitio de contención donde el chico se anima a contar lo que está viviendo.
"Tenemos que entender que todos somos responsables del delito que está sufriendo un niño o niña y que cualquier persona -aún más si se trata de un efector público- tiene la obligación de denunciar, para que se puedan activar las medidas de protección", advirtió Rosana Battistoni, responsable del área de Niñez, Adolescencia y Familia de Tupungato.
Lo cierto es que en algunas sedes del Órgano Administrativo Local (OAL) reciben denuncias espontáneas de adolescentes que, cansadas de tolerar los abusos, deciden presentarse por sus propios medios a pedir ayuda.
“Generalmente lo hicieron varias veces antes, sin obtener respuesta”, dice una profesional, quien explicó que el primer paso es separarlo de su victimario, “pidiendo medidas de exclusión domiciliaria o buscando al niño una familia contenedora”.
El 102 es una línea gratuita “de los niños” y recibe denuncias o consultas sobre la vulneración de cualquier derecho de un niño, niña o adolescente. Todos pueden llamar de manera anónima, pero es necesario aportar la mayor cantidad de datos posibles de la víctima. De allí, la información se pasa a la Policía -si es necesario- o se visita el lugar para dar protección a la posible víctima.
Entorno familiar, en foco
"En todos los tipos de maltrato trabajamos también con los papás. Más aún en las situaciones de abuso sexual, que generalmente son intrafamiliares o del entorno. A las familias, generalmente, les cuesta reconocer estos casos, porque implica culpar a alguien muy cercano", explica Ayelén Bonetto, quien coordina el PPMI en el hospital Las Heras.
El Programa Provincial de Maltrato Infantil funciona en todos los departamentos y realiza un abordaje diagnóstico-terapéutico de distintos tipos de maltrato y niveles de complejidad. Para Bonetto, en las comunas más pobladas pueden haber más casos, aunque no trascienden como en los pueblos.
“Muchas veces que el hecho se haga público -en el barrio o en los medios- lleva a una revictimización con peores consecuencias que el abuso mismo”, apunta la Bonetto.
Una de las quejas que repiten los profesionales y funcionarios que trabajan en la materia se centra en el accionar judicial.
“Sucede que para que ingrese al ámbito penal y se juzgue al abusador, la denuncia debe estar radicada por los padres o un tutor y ellos a veces se niegan. No escuchan a las víctimas y nuestras denuncias no tienen peso penal”, sostiene la profesional, quien reclamó que tampoco informan al OAL cuando el sujeto acusado queda en libertad.
