El problema mayor se plantea porque los hechos se repiten cada vez con mayor insistencia. Por un estado de mayor alteración de la sociedad, por el rechazo ante las demoras o ciertos fallos judiciales o por motivos que resultan difíciles de comprender, lo cierto es que en los últimos tiempos se están reiterando los casos de justicia por mano propia.
Es la propia sociedad la que debe reaccionar ante esta inquietante situación, insistiendo en la necesidad de que se recupere el respeto a lo que determinan las leyes, ya que de lo contrario caeríamos en una anarquía muy difícil de superar.
El caso más impactante se dio días pasados, en la localidad de Monte Hermoso, en la provincia de Buenos Aires, donde un grupo de familiares y amigos de una joven que había sido asesinada reaccionó incendiando la comisaría, los edificios que conformaban el centro cívico y la casa del intendente. No conformes con ello, quemaron la vivienda y mataron a golpes al abuelo de quien, según ellos, era el culpable del asesinato.
Un hecho de mucha menor gravedad, pero no menos inquietante, se dio en una escuela de Guaymallén, donde, en medio de una confusa situación, un grupo de padres golpeó a un profesor, a la directora y a la supervisora del establecimiento educacional, en un escándalo que se había originado por la letra de una canción que tenían que interpretar los alumnos del nivel inicial.
El hecho se planteó durante una reunión que había sido convocada por la directora para aclarar la situación. Lejos de escuchar las explicaciones, los padres arremetieron contra el profesor de Educación Física y también contra las autoridades cuando salieron a defender al docente.
Es llamativo lo que está sucediendo teniendo en cuenta que la Argentina no se encuentra entre las naciones en las que su población aprueba la aplicación de este tipo de “justicia”. De acuerdo con un estudio, esa lista es liderada por la República Dominicana, con un nivel de aprobación de 42,8 por ciento de los encuestados, siguiéndole en orden decreciente Paraguay (42,3%), Perú, Honduras, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Jamaica y Haití. Nuestro país figura en el elenco de los que rechazan esta práctica, la que es liderada por Trinidad y Tobago, siguiéndoles Brasil, Guyana, Panamá, Chile, Uruguay, Venezuela, Argentina, Colombia y Costa Rica.
El estudio señala que las razones que explican la justicia por mano propia suelen ser dos, que se combinan y se potencian: el aumento de la inseguridad y la ineficiencia de la Policía y de la Justicia para hacerle frente, agregando que ambas cosas evidencian una profunda falla del Estado, que es incapaz de cumplir con algunas de sus funciones principales.
Es muy factible que, en el caso específico de la Argentina, haya contribuido la actitud de algunos jueces, como es el caso de los magistrados que decidieron atenuar la pena a una persona que abusó sexualmente de un niño de seis años. Y también puede pasar por el cuestionamiento hacia la considerada doctrina “garantista”, que tiende a respetar las garantías pero que muchas veces avanza sobre los derechos de la sociedad.
Al hacer alusión a este tipo de hechos, el titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, Julio Maier, aseguró que la justicia por mano propia “es un delito y cuando suceda la muerte, es un asesinato, un homicidio agravado, el peor de los asesinatos”, destacando entonces que los linchamientos en los que suelen incurrir los transeúntes ante un hecho delictivo “superan la venganza, ya que ni en tiempos del ojo por ojo, diente por diente se procedía de este modo”.
Y el Gobierno también debería tomar nota de los hechos porque en los últimos años ha incurrido en mensajes y discursos que, en lugar de aplacar los ánimos de la sociedad los exacerban, profundizando la grieta en una actitud autoritaria que no contribuye para nada con la necesidad de vivir en paz que deseamos todos los argentinos.
