Los tiempos de la economía son distintos a los tiempos de los políticos, y para distinguirlos hay que comenzar a hablar en términos de procesos. Es que, más allá de la política, en lo económico la Argentina vivió un proceso de tipo de cambio positivo hasta 2010 y luego, desde esa fecha, comenzó a vivir otro negativo, que debería revertirse en poco tiempo más si se mantiene la libre flotación de la moneda.
Luego del fracaso del tipo de cambio fijo que derrumbó a la Convertibilidad, Argentina se encontró con una situación muy especial. Justo cuando el ex presidente Duhalde decide la libre flotación de la moneda, que lleva la paridad de 1 a 1 a 1 a 4, el dólar comienza a descender en los mercados mundiales, y la caída fue muy pronunciada, tanto que la tasa de interés llegó al 1%.
El gobierno posterior de Néstor Kirchner disfrutó las mieles del crecimiento de los precios internacionales de las materias primas. La soja pasó de u$s 180 a u$s 650 la tonelada. Las demás materias primas exportables también subieron pero el gobierno prohibió la exportación y puso retenciones para bajar su precio en el mercado interno. Por eso no pudimos aprovechar precios récord de la carne o la leche en polvo, el maíz y el trigo, como tampoco el del petróleo.
En Mendoza vivimos épocas muy agitadas ya que esa época coincidió con la primera etapa de la reconversión vitivinícola, donde el malbec ya se mostraba como un producto emergente de excelencia, que asombraba al mundo del vino. Pero también crecían exportaciones de frutas y hortalizas y de algunas industrias.
A partir de 2010, con la manipulación de los índices del Indec y el posterior cepo cambiario implantado en 2011, dicho saldo comenzó a caer porque cayó la rentabilidad de las empresas, puesto que los costos crecían mientras el tipo de cambio se mantenía congelado para usarlo como ancla anti inflacionaria. Así como el crecimiento fue lento, la caída también fue lenta.
Mientras tanto, y dado que el gasto público crecía en forma desmedida, siguieron aumentando los impuestos, sobre todo en las provincias, donde además de incrementar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos, los municipios creaban tasas de todo tipo que iban multiplicando los costos empresarios.
Argentina llegó a tener un superávit comercial de casi 8.000 millones de dólares, merced a un tipo de cambio muy positivo y a precios internacionales en valores récords. Tantos dólares ingresaban que el Banco Central compraba para que no bajara y luego tomaba los pesos excedentes a través de Lebac. Pero el gobierno de entonces se entusiasmó y congeló los precios de los servicios públicos, para lo cual debió subsidiar los valores, que financiaba con más impuestos.
El nuevo gobierno no cambió mucho la ecuación y si bien liberó el tipo de cambio, lo terminó planchando a través de los dólares que ingresaban para financiar el déficit y los que llegaban para entrar en el negocio de las Lebac.
Recién a partir de enero, cuando cambiaron las condiciones internacionales, el dólar comenzó una carrera de actualización, que aún no termina, y se dieron condiciones favorables para recuperar ventas al exterior. Pero el camino es lento y complejo y los mercados no se recuperan rápidamente.
Hay que tener en cuenta que Argentina tiene un sistema impositivo regresivo que hace muy difícil la competitividad y que debería ser revisado rápidamente, aunque el problema del déficit no lo permite. El sistema impositivo argentino está basado en gravar el valor agregado, porque es más fácil que sean competitivas las materias primas que los productos elaborados.
Es aquí donde sacan ventajas también las empresas con altos niveles de automatización, mientras les cuesta mucho a aquellas de mano de obra intensiva. Es que el costo laboral no solo está en el salario sino en las cargas directas sumadas a las cargas indirectas que gravan el valor agregado y el salario es uno de los componentes más importantes del mismo.
En síntesis, ninguna salida es rápida y la del comercio exterior también tendrá su tiempo si el gobierno no consigue ordenar las variables ni las provincias y municipios ponen su aporte para bajar impuestos que afectan la competitividad.
