Exactamente a un mes de haberse puesto en marcha, el programa Precios Transparentes genera más dudas y reclamos que certezas y beneficios entre los consumidores, al menos en Mendoza. El control sobre los comercios para que cumplan en diferenciar los valores por pago contado y financiado es acotado, en gran medida por falta de recursos humanos.
Es que, más allá de que su potestad se limita a la información al consumidor y no a la cuestión financiera que determinan bancos y tarjetas de crédito, la Dirección de Fiscalización y Control de la provincia cuenta con apenas 16 inspectores para recorrer y constatar la exhibición de los precios en los 18 departamentos. Esto, más allá de una serie de convenios con los municipios para complementar acciones.
Así lo reconoció la titular del organismo, Mercedes Zuloaga, del cual depende el control de la medida nacional. Su área, cuya potestad es chequear que la información llegue a los usuarios, inició un relevamiento para comparar los precios actuales y determinar si hubo variaciones respecto a los que había hasta el 20 de enero, cuando la Secretaría de Comercio de la Nación activó la Resolución Nº51-E/2017.
"Si bien no es relevante en cuanto al tamaño de la muestra, se detectaron algunas subas, sobre todo en el costo financiado, como también valores que se mantuvieron”, señaló Zuloaga quien, junto a Mónica Lucero, de Defensa del Consumidor, asistieron a la convocatoria de la comisión de Economía del Senado provincial para dar explicaciones acerca de las acciones en la provincia.
Por su parte, el senador Gustavo Arenas (FPV) reclamó dicho relevamiento para ser estudiado por la Comisión que también integran la peronista Ana Sevilla y José Orts (UCR).
En base a uno propio sobre publicidades de cadenas por Internet, con diferencias en distintos productos como electrodomésticos, acondicionadores y muebles, afirmó que “el Gobierno provincial mintió con Precios Transparentes; no hizo los relevamientos necesarios y estos subieron en vez de bajar”.
Mendoza es la única provincia que cuenta por separado con un área de Defensa del Consumidor y de Fiscalización y Control. La situación explica que no pueda fortalecerse a la hora de las inspecciones: de hecho, de 35 ex empleados de la desaparecida EPTM (Empresa Provincial de Transporte Mendoza), se seleccionaron 16, de los cuales 2 están en Fiscalización y el resto asignado a Defensa del Consumidor.
Al respecto, Lucero explicó que la Provincia mantiene una serie de convenios de cooperación con “casi todos los municipios” para poder trabajar territorialmente en un mayor alcance, además de sugerir que, para aliviar el impacto del mayor costo financiero que aplican los comercios, los consumidores “consideren estudiar la opción de créditos personales en bancos oficiales”, lo que disparó críticas por parte de los senadores.
Piden controlar a cadenas
Durante la reunión de más de 2 horas, además de ser interpeladas por los legisladores, las funcionarias mantuvieron un intercambio con representantes de la FEM, Apyme y de la ONG Protectora.
Allí sonó un reclamo casi al unísono: que más allá de fiscalizar el cumplimiento de Precios Transparentes entre las pymes también se haga foco en la política de precios de las grandes cadenas de electrodomésticos, principales sindicadas de disparar la brecha entre importes de contado y en cuotas.
Así lo hizo José Ramón, patrocinante de Protectora, para quien, a su vez, los mismos consumidores no fueron debidamente consultados en su momento sobre la implementación de la medida.
Asimismo, con el atenuante de la falta de inspectores por parte del organismo fiscalizador, el abogado fue más allá para proponer que “los precios se publiquen en la página oficial como una manera de asegurar transparencia”. Se mostró receptivo en cuanto a la conformación de una mesa de trabajo entre funcionarios, representantes de las cámaras empresarias y los mismos usuarios para asegurar su cumplimiento.
Por su parte, Enrique Tarditi, de Apyme, apoyó el pedido y reclamó más compromiso político. “Más allá de los costos y los precios, nadie habla de cómo controlar al sistema financiero y sus ganancias”, analizó Tarditi, a quien se alinearon representantes de la Federación Económica.
A su turno, Zuloaga admitió facultades limitadas en tal sentido (chequear la exhibición), aunque adelantó que elevará el planteo en un encuentro a nivel nacional.
“Algo que tiene relación es cómo impacta el comercio informal a los empresarios que están registrados. En ese contexto, todo lo que signifique aportar a la transparencia quienes estamos registrados lo haremos”, consignó turno Walter Ton, de la FEM.
En cualquier caso, a la hora de aplicar sanciones por irregularidades en torno a Precios Transparentes, la directora de Defensa del Consumidor recalcó que “ya no se van a recibir denuncias sin ticket o factura”.
