La inflación de marzo (4,7%) disparó una alerta en las filas del Gobierno. A su vez, si la inflación de abril alcanza el 3,5% -como vaticinan algunos analistas- y el promedio de los próximos meses es de una inflación mensual del 3,1%, el año terminará con la misma inflación que en 2018.
Por ello, Mauricio Macri y su equipo accedieron al pedido de su principal socio político, la Unión Cívica Radical (UCR), de hacer un congelamiento (“acuerdo de precios”) para poder llegar a las elecciones con valores inflacionarios y con una posible recuperación del consumo acorde con un escenario que les permita ganar en la Nación y en las provincias que acompañan al gobierno nacional. Por ello se lanzó, la semana pasada, el denominado “plan anticrisis”.
Es importante saber qué es y qué no es este plan. En primer lugar, no es un plan antiinflacionario. El Gobierno no tiene ni la credibilidad ni el poder político para llevar adelante un plan que tenga la posibilidad de ser exitoso. En segundo lugar, tiene un alto contenido político. Necesita que la coalición con la UCR no se diluya y con ello tener un plafón más amplio para intentar la reelección.
Entonces, ¿por qué defender un acuerdo de precios? Esta administración y, como consecuencia, los argentinos padecemos una enfermedad que puede desembocar en una catástrofe social. La caída proyectada en los niveles de actividad, con su correlato en la destrucción de empleo y aumento del desempleo, junto a las proyecciones de inflación, anticipan una situación de “hiperpobreza”.
Frente a enfermedades catastróficas, las recomendaciones médicas alientan la disminución del dolor y mejorar la calidad de vida del paciente. Con las sociedades pasa lo mismo. En otras palabras, con o sin acuerdo de precios, las consecuencias de la situación económica serán las mismas. ¿Por qué no pensar en mitigar el sufrimiento?
Después de la crisis del 2001, el desempleo y la pobreza crecieron a niveles estratosféricos. En aquel momento, el gobierno lanzó planes sociales, como el “Plan Trabajar”. Muchos criticaron estos planes porque, según algunos de corta visión social, alientan la vagancia y el clientelismo político. Sin embargo, esos planes evitaron que Argentina entrara en un caos social de consecuencias imprevisibles. Juzgar una medida desde la perspectiva de una economía normal es errar el diagnóstico.
Por ello, a pesar de ser una medida electoralista y que no soluciona los problemas de fondo de la inflación, el acuerdo de precios, si tiene éxito, puede mitigar el sufrimiento social de muchos argentinos. No es el momento para emprender una política antiinflacionaria que tenga todos los elementos que la historia económica muestra como eficaz: combinación de políticas fiscales y monetarias inteligentes asociadas a políticas de ingresos (acuerdos de precios, salarios, tarifas, etc.). Para ello hace falta un “poder político” del que este gobierno carece. El próximo gobierno, sea quien sea, deberá hacerlo. Esta vez en serio.
