Cuando comenzó el año, el gobierno argentino decidió congelar varios precios, especialmente de servicios públicos, a fin de evitar incidencias sobre la inflación. Esto incluyó el valor de los combustibles, que en ese momento tenían una referencia de u$s 50 dólares el barril, y que las petroleras consideraban atrasados por la inflación.
A fines de marzo el precio del crudo había bajado porque China disminuyó la demanda ya que la crisis sanitaria había paralizado grandes centros industriales y estalló con la falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia por disminuir la producción.
Pero la crisis de la pandemia se hizo global y casi todo el mundo se paralizó. La vida cotidiana, la producción industrial y los vuelos dejaron de demandar.
Paralizar un pozo es muy costoso y por lo tanto las empresas siguieron produciendo a pesar que el precio seguía cayendo. El problema es que los inventarios fueron creciendo a mayor velocidad que la demanda y llegamos a un día en que el valor del crudo de Estados Unidos cotizó a u$s -36. Es decir los tenedores de petróleo pagaban para que les llevaran crudo porque no tenían donde ponerlo.
En Argentina el proceso ha sido similar. La refinería de Luján de Cuyo está casi en el límite técnico en sus stocks de productos destilados y solo procesa producción propia y ya no recibe la producción de terceros. Argentina también se paralizó por la crisis del coronavirus.
En todo el mundo los precios de los combustibles han bajado. Si bien el crudo Brent, que es la referencia que se toma en Argentina solo ha caído hasta 26 dólares, hasta ahora, es mucho menor que la referencia en los costos de las petroleras.
Frente esto existen dos posibilidades: que las petroleras bajen los precios o que el Estado subsidie a las productoras el valor del crudo hasta un nivel de unos u$s 45 dólares.
Hoy estamos ante una situación de desequilibrio. Las productoras venden a las refinadoras al precio internacional de u$s 26 y le pagan a las provincias regalías sobre la base de ese precio, pero venden al público sobre un costo de u$s 50. Los productores son muchos las refinadoras son solo 4, que son las que están ganando de manera desequilibrada.
Si se cumplen los deseos de las empresas y de las provincias el Estado subsidiaría a las empresas en desmedro de los consumidores. Pero no queda claro de qué manera devolverían las empresas este regalo que la comunidad les haría cuando ellas siempre han sido muy estrictas con los costos a la hora de aumentar los precios.
La Nación debería tomar una decisión en forma acelerada porque esta situación viene muy demorada y hay un perjuicio claro para los consumidores.
Si bien la crisis sanitaria hizo que cayera muy fuerte el consumo, como en todo el mundo, el único justificativo para dejar las cosas como están es que el Estado no quiere perder recaudación.
En tiempos complejos, donde la economía se encuentra tambaleando porque el sector privado está limitado, sería muy valioso que el Estado tomara medidas inteligentes, porque una baja en los precios de los combustibles contribuirían mucho tanto en los costos de producción como en los de logística. Pero también impactaría en los costos de generación de electricidad y podría ayudar a mejorar la competitividad de las empresas.
Hoy, en países de la región, como Chile y Uruguay, las naftas cuestan cuatro veces menos que a principios de año y también es justo reconocer que el Estado no puede seguir subsidiando a las petroleras en medio de una crisis que afecta, fundamentalmente, a las empresas medianas y pequeñas.
