La aceleración de la inflación y los acontecimientos sociales de violencia que se vienen produciendo en las últimas semanas, sumados a temperaturas agobiantes, están creando un clima político y social muy preocupante en todo el país.
Ese clima, alimentado por situaciones objetivas como los cortes de energía eléctrica y los aumentos de precios, se está dando en un contexto en que el poder político muestra signos claros de desorientación y debilidad. Desorientación y debilidad que ya no pueden ocultar ni las explicaciones conspirativas ni la inveterada costumbre del Gobierno de echarle la culpa a otros.
Llevan 10 años y medio ejerciendo el gobierno; el calendario es más fuerte que el “relato”. Los gritos no logran que la luz llegue a los hogares que están a oscuras.
Dos notas publicadas en nuestro diario en los últimos días son muy ilustrativas al respecto. Ambas notas, con documentación contundente, muestran los estragos que la inflación y los impuestos están produciendo en los ingresos de las familias más pobres.
Los precios de los alimentos ya suben a un ritmo del 6 por ciento mensual; es una tendencia que se observa desde octubre según diversos estudios privados. En noviembre, los precios de los alimentos que componen la canasta básica aumentaron el 6,2 por ciento. Se aceleran respecto de octubre, cuando habían subido el 4,1%.
Y acumulan, en 12 meses, un alza del 36,3%. La medición es de Graciela Bevacqua, la desplazada directora del Área de Precios del Indec. Para diciembre, la mayoría de los analistas estima que la “inflación de los alimentos” habría pegado otro salto y podría cerrar el año con un incremento del 40%.
Para la analista, “las principales alzas se dieron en el mes de octubre en frutas y verduras, pan, harinas y fideos. Y en noviembre, en carne vacuna, yerba, galletitas, harinas, arroz, pollo, pan, huevos y lácteos”.
Alimentos, además de ser del rubro que viene registrando mayores subas de precios, es el que más impacta en el bolsillo de los asalariados y sectores de menores ingresos, incluidos los beneficiarios de planes sociales.
Es sabido que en los hogares medios y de menores ingresos los alimentos inciden más porque destinan una proporción mayor de sus ingresos a alimentarse. De aquí se desprende que el salario real tuvo un fuerte deterioro en los últimos 90 días.
Mientras que los beneficios sociales, como el valor de la Asignación Universal por Hijo, han quedado también totalmente desactualizados y con un poder adquisitivo inferior al del momento en que fueron implementados. Obviamente los valores de la canasta básica y la de alimentos reconocida por el Gobierno difiere, ya en términos groseros, de la realidad.
En el problema del precio de los alimentos pesa otra aberración de política económica nacional, de las provincias y municipios, la brutal carga impositiva vigente. Un estudio reciente del prestigioso Instituto Argentino de Análisis Fiscal demuestra que el 30% de lo que se gasta en alimentos va a impuestos.
Según un análisis privado, en el caso de las bebidas es el 41%.
De cada $ 100 que el consumidor gasta en el almacén o el supermercado para comprar alimentos y bebidas, se calcula que entre 34 y 42 pesos son impuestos.
Esta fuerte “presión tributaria” muestra su cara más regresiva ya que los más afectados son los sectores de menores recursos que gastan la mayor parte de sus ingresos en esos bienes básicos.
Como los que menos ganan destinan una parte mayor de sus ingresos al consumo, la gente de menores recursos paga proporcionalmente más impuestos que los de mayor poder adquisitivo. Por eso se considera que la estructura impositiva argentina es regresiva.
A esto se agrega el “impuesto inflacionario”, que deteriora el poder de compra y que también perjudica en mayor medida a la gente de ingresos fijos, básicamente asalariados y jubilados.
En síntesis, la inflación de los alimentos, ya galopante, supera holgadamente el promedio de precios. Encima, el precio de alimentos incluye una despiadada carga impositiva. Curiosa forma en que el “progresismo” ayuda a los que menos tienen.
