Las recientes elecciones a concejales en Capital y en San Carlos dejaron como hecho positivo que la gente tuvo posibilidad de conocer con mayor profundidad a los candidatos y sus propuestas, mientras quedó demostrado también que no fueron “absorbidos” por candidaturas nacionales o provinciales. Cabría preguntarse además si esos candidatos, algunos de ellos jóvenes con escasa experiencia electoral pero con una elogiable vocación política, hubieran resultado electos en una elección general conjunta.
No quedan dudas de que, a lo largo de estos 30 años de democracia, la dirigencia política se ha mostrado permeable a los cambios en el régimen electoral. Lamentablemente, esas modificaciones respondieron esencialmente a mantener privilegios, y el mejor ejemplo se da con el mantenimiento de un sistema que obliga al elector a definirse por un bloque de candidatos en lugar de hacerlo en forma individual, como debería corresponder. Hubo proyectos impulsados por algunos dirigentes destinados a implementar el voto electrónico, pero todo quedó en buenas intenciones.
La aparición de metodologías como las candidaturas “testimoniales”, encabezando las listas con dirigentes que de antemano se sabía que no iban a asumir las bancas para las cuales fueron elegidos por la ciudadanía; las “colectoras”, consistentes en listas que llevaban los mismos candidatos a legisladores y diferentes en el caso de concejales y las listas espejo, no hicieron más que confundir a la ciudadanía y fueron cuestionadas duramente por la coordinadora del Programa de Política y Gestión de Gobierno de Cipec, que aseguró que el uso indiscriminado de ese tipo de estrategia perjudica la transparencia de las elecciones.
En ese afán por mantener los privilegios, la dirigencia política decidió por su parte fijar la fecha de elecciones, de acuerdo con el criterio más conveniente para sus intereses. En ese marco, unifican las nacionales con las provinciales y también las municipales, aduciendo un simple criterio economicista, al señalar que las elecciones desdobladas generarían costos importantes. Sin embargo, puede asegurarse que la democracia y la posibilidad de que el electorado pueda elegir conociendo a quien considera que lo va a representar de la mejor manera, tanto en las Cámaras legislativas como en los Concejos Deliberantes, está más allá de cualquier costo financiero.
A lo largo de los años, desde estas columnas se ha insistido en reiteradas oportunidades sobre la necesidad del desdoblamiento de las elecciones provinciales y departamentales. Las elecciones de Capital y de San Carlos demostraron que, si bien hubo participación en el juego previo de la política mayor, con la participación inclusive de políticos nacionales, los candidatos pudieron mostrarse, dar a conocer sus propuestas y acercarse al vecino, situación que no se da cuando se unifican los comicios.
Por distintas circunstancias, esencialmente porque ya no está en juego la posibilidad de reelección de la Presidenta, se ha adelantado el año electoral y muchos están jugando de manera anticipada con miras a lo que suceda en 2015. Pero resultaría oportuno que la dirigencia política en general aproveche el momento para establecer, al menos en el caso de las municipalidades, que las elecciones sean desdobladas, como primer paso para otro también importante, como es el desdoblamiento de las elecciones provinciales. Para ello hace falta madurez política, que sí la ha alcanzado la ciudadanía, pero que no se refleja en la dirigencia que prefiere mantener el juego de los mayores beneficios personales.
