Con la firma del llamado a licitación y con el acuerdo alcanzado entre cuatro de las cinco provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, se ha logrado dar un paso muy importante para concretar una obra que puede redundar en beneficio para Mendoza. Portezuelo del Viento es uno de los emprendimientos hidroeléctricos a los que la Nación ha decidido destinar fondos, a punto tal que figura no sólo en el Presupuesto 2017 sino también, se espera, en los posteriores.
El proyecto consiste en la construcción de una central hidroeléctrica sobre el río Grande, en el sur provincial, constituyéndose en el componente más importante de un complejo formado por cinco centrales que se instalarán sobre el río. Se trata de un sueño de larga data en el que Mendoza había fijado su interés, tanto que en agosto de 2006, el ex presidente Néstor Kirchner y el ex gobernador Julio Cobos firmaron un convenio por el cual la Nación se comprometía a hacerse cargo íntegramente de la presa a cambio de que la Provincia desistiera de un juicio por mil millones de pesos que había iniciado por los perjuicios de la promoción industrial y que se tramitaba en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Mendoza cumplió pero la Nación no, aún a pesar de que Cobos luego formó parte del gobierno nacional y que dos gestiones gubernamentales provinciales (Celso Jaque y Francisco Pérez) coincidieran y hasta se alinearan directamente con Cristina Fernández.
En mayo de este año, el gobernador Alfredo Cornejo aseguró que había repasado el proyecto con Mauricio Macri y que el Presidente había adquirido el compromiso de dar a corto plazo la fecha de licitación. Todo parece indicar que las gestiones del actual mandatario provincial llegaron a buen puerto, en razón de que el denominado “Aprovechamiento Integral del Río Grande - Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento” tendrá una partida de 2.750 millones de pesos en 2017; de 2.880 millones en 2018; de 2.880 millones en 2019 y de 5.890 millones en el resto, lo que compone un total de 14.400 millones de pesos. También se fijó que 31% de la represa deberá concluirse en 2017; otro 33% en 2018; 29% en 2019 y el 7% restante después de ese año.
Según se indicó, la obra supondrá un importante avance para la generación de energía eléctrica en todo el país y significará la creación de cientos de puestos de trabajo, tanto en Malargüe como en los alrededores.
La obra, que fue ideada en la década del ’50, consistirá en un lago de 2 mil hectómetros cúbicos. La altura de la presa será de 150 metros y se emplazará en una pendiente importante de garganta del río que tiene un caudal de 110 metros cúbicos de agua por segundo. Resultará fundamental para hacer frente a las necesidades energéticas ya que tendrá 90 megavatios de potencia y una capacidad de generación de 600 gigawats.
Si bien es cierto que se han dado pasos importantes -incluyendo en ello la decisión de la Legislatura provincial de otorgar el aval para el convenio marco, lo que abre las puertas al presidente de la Nación para que, antes de abril, realice el llamado a licitación de la obra hidroeléctrica- no es menos real que Mendoza debe continuar insistiendo en la concreción.
Es de esperar entonces que todo se desarrolle dentro de los caminos previstos y respetando los tiempos que se han fijado para la construcción de la obra. De todos modos, alcanzados esos objetivos, resultaría interesante establecer qué puede llegar a ocurrir, también a futuro, con el denominado trasvase del río Grande al Atuel, que contemplaba un canal de 170 kilómetros y que permitiría ampliar en 70 mil las hectáreas irrigadas en el sur provincial.
