El Gobierno logró la autorización para expropiar los terrenos en los que se emplazará Portezuelo del Viento.
Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de utilidad pública del área en la que se hará la represa hidroeléctrica que generará el 2% de energía del país y el 25% de lo que se consume en Mendoza, según las estimaciones oficiales.
Se trata de casi 4 mil hectáreas ubicadas en Malargüe y que incluyen la ruta, la banquina, la reubicación de Las Loicas, la cantera de materiales, los caminos de acceso a la obra, el perilago y los márgenes de seguridad. “Son 6 parcelas privadas y 23 fiscales”, explicó el diputado de la UCR Gustavo Villegas.
La ley salió con los votos de Cambia Mendoza y del PJ, mientras que el FIT se opuso a la norma. Esta sanción definitiva es uno de los últimos trámites que tiene que realizar la Provincia antes del llamado a licitación, aunque en realidad ya se puede cumplir con este paso.
Según explicó Villegas, todavía queda pendiente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un documento que debe ser aprobado también por la Legislatura y estar listo al momento de la adjudicación, aunque no del llamado a licitación.
Otro de los trámites pendientes es que el presidente, Mauricio Macri, emita el laudo arbitral por la oposición de La Pampa a la construcción de la represa. En el Gobierno esperan que esta decisión se dé a conocer después de las elecciones del domingo y ya tienen en mente, como posibilidad, el viernes 27. Ese día, el Presidente convocó a todos los gobernadores a una reunión.
Luz verde para expropiar
El proyecto que ayer fue ley permitirá expropiar el terreno en el que hoy están asentadas cerca de 50 familias. Todavía no hay un cálculo que diga cuánto va a salir la reubicación del poblado y de los puesteros, aunque sí hay pautas generales: se va a tomar el avalúo fiscal de cada una de las propiedades y la ley autoriza a que el Estado pague hasta el 50% más.
“La importancia de la ley es que mejora las condiciones socioeconómicas de los expropiados, ya que van a poder vivir también de la explotación turística del lugar”, consideró Villegas.
El legislador explicó que la represa tendrá una capacidad de dos mil hectómetros. “Valle Grande tiene 151 hectómetros. Portezuelo representa más de 13 Valle Grande y 5 Potrerillos”, comparó.
Otro de los puntos contenidos en la ley es que la firma estatal Empresa Mendocina de Energía SA tendrá la concesión, durante 50 años, para la generación de energía a partir del uso del recurso hídrico. “Ellos son los responsables de darle valor al recurso que tiene la provincia”, consideró Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería.
Cabe recordar que los costos de la expropiación y de la construcción de la represa corren por cuenta del Gobierno nacional, mientras que las regalías hidroeléctricas quedarán en la Provincia. La obra Portezuelo del Viento fue el acuerdo que se logró, en 2006, a partir del juicio que inició Mendoza contra la Nación por la ley de Promoción Industrial que benefició a las provincias vecinas.
Ministro debe explicar el bono fiscal
La semana pasada, el Partido Justicialista abrió el debate y “denunció”, sin dar nombres, sospechas en torno a la adjudicación del bono fiscal por 1.000 millones de pesos.
Este beneficio impositivo fue impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo en la ley Impositiva de este año y consiste en otorgar un crédito a las empresas seleccionadas para que puedan pagar el 10% del monto mensual de Ingresos Brutos durante cinco años o bien puedan vender el bono a otra firma.
Según el partido opositor, hay algunas rarezas en algunos casos que levantan sospechas sobre el resto y hablan de discrecionalidad. Ante esto, la UCR salió el mismo día a defender la transparencia del proceso, aunque ahora dará un paso más: el jueves próximo estará el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, explicando los criterios de distribución de los créditos.
