Pasaron ocho meses desde el inicio del proceso licitatorio de Portezuelo del Viento y aun no se conoce qué empresas pondrán en pie a la megaobra de U$S 884 millones que promete dinamizar la economía de Mendoza en los próximos años. Quejas, reclamos y dificultades enmarcadas en la pandemia del coronavirus obligaron al Gobierno de Mendoza a extender dos veces los plazos para presentar las propuestas por parte de las compañías. Ahora, todo parece encaminado hacia su desenlace definitivo, pero hay cuestionamientos de los oferentes que siguen haciendo ruido.
En las últimas semanas hicieron ruido tres grandes reclamos por parte de las empresas. Uno hacía referencia a la falta de tiempo para preparar las propuestas; otro, a las exigencias de los pliegos de obra, que a entender de las firmas "dejan fuera de la posibilidad de liderar la obra a las grandes empresas locales" y no garantizan la participación del compre local; el tercero tiene que ver con la sensación de desprotección por parte de las pymes frente a los futuros consorcios líderes de la obra.
La respuesta oficial
Las tres patas del reclamo empresario fueron contempladas por el Estado. En lo que respecta al pedido de extensión de los plazos, el Gobierno respondió con una prórroga hasta el 2 de junio. Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería, recordó que el proyecto fue originalmente dado a conocer en 2012: "Las constructoras grandes lo conocen desde entonces".
Por otro lado, el funcionario indicó que hubo "relajación" por parte de las compañías ante una eventual caída del proyecto que jamás ocurrió: "En el escenario de la pandemia, las empresas no le tenían fe a Portezuelo. Especulaban con que el Gobierno nacional no haría el desembolso para que el proyecto pudiera avanzar. Cuando Guzmán dejó firme el pago, todos se despertaron, salieron a buscar proveedores y a leer el pliego. Ahora les falta tiempo".
El segundo punto fue completamente desmentido por Guiñazú. "No hay nada cierto en que los pliegos estén pensados para las empresas extranjeras. Una de las premisas de las reglas de la obra es que tenemos que garantizar su construcción. El conocimiento técnico sobre el compactado de rodillos de 87 metros tiene requerimientos técnicos altos. Pedimos antecedentes recientes sobre esta clase de obra. No pesa demasiado que una empresa haya realizado una obra similar hace veinte años", indicó.
“Además, las empresas locales con capacidad para calificar tuvieron tiempo para sentarse a discutir criterios muchos antes. Se durmieron y ahora piden más tiempo”, reclamó el funcionario.
En lo referido a la participación de las empresas mendocinas chicas, Guiñazú remarcó que una de las particularidades del pliego es que se premia a los contratistas que contraten empresas mendocinas para la presentación de la oferta: "Los grandes grupos están obligados a sentarse con las empresas chicas y que estas pymes hagan valer su localía. Este método es inédito".
Desde el Gobierno señalaron además que el pliego declara abiertamente la política de favorecer la participación de empresas locales y mano de obra del lugar. "De los U$S 884 millones que se invertirán en la obra, buscamos que entre el 75% y el 85% quede en manos de empresas locales", insisten.
Pese a estas condiciones, la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) consideró que las reglas de juego serían desventajosas para las empresas locales, debido a que se trata de un proyecto de construcción "llave en mano". Esto implica que habrá un solo consorcio que liderará la obra y estará a cargo de la coordinación de todas las etapas de trabajo: obras civiles de la presa y la central, las obras hidro-electro-mecánicas, montaje de la línea de transmisión y estación transformadora, la Villa Las Loicas, la ruta nacional 145 y la ruta provincial 226.
Este escenario, para la CAC a nivel nacional, limitaría las posibilidades de muchas firmas chicas y medianas de tener una mayor participación en Portezuelo del Viento. Los referentes de la entidad enviaron una carta al gobierno provincial para que revea los pliegos y fraccione la construcción en diferentes partes.
Sin embargo, el referente local de la Cámara, Marcelo Bargazzi, se mostró en desacuerdo con el pedido y reprochó el accionar de las autoridades nacionales. "La CAC central envió una nota al Gobierno solicitando cambios en Portezuelo. No estábamos al tanto y no estamos de acuerdo", protestó.
Lo cierto es que, hasta el viernes, la única empresa que había comprado el pliego era Impsa -que ya tiene su consorcio de empresas locales armado- y en el Gobierno creen que esta semana se le sumará un competidor. La paradoja, aseguran, es que una de las grandes constructoras nacionales que se quejó ni siquiera ha hecho consultas sobre la obra hasta el momento, como sí las han hecho otras 60.
Preparados para la acción
Desde la publicación de los pliegos en setiembre del 2019, la Unión Industrial de Mendoza (UIM) junto a otras cámaras empresarias, el Gobierno provincial a través del Idits, organismos técnicos como IRAM e INTI, conformaron el Cluster Portezuelo del Viento mediante un convenio de trabajo específico,
"Hay un listado de 350 empresas que han participado activamente de acuerdo a cuestiones meramente formales. Están ordenadas en una base de datos", contó Mauricio Badaloni, presidente de UIM.
"A fines de abril el Cluster Portezuelo consolidó a más de 100 empresas pymes mendocinas en condiciones de elaborar una propuesta de trabajo específica, según los estudios técnicos realizados al pliego, para ser presentada al consorcio que lidere la obra", agregó.
Badaloni explicó que están esperando conocer qué empresas se van a presentar para poder generar un acercamiento con el Cluster. "Impsa ya compró el pliego y ha tomado conocimiento de los detalles. Ahora tenemos que sentarnos a dialogar, como lo haremos con los demás oferentes", aclaró.
En relación a los pliegos, el presidente de UIM opinó que restan algunos puntos por aclararse, como por ejemplo cómo será la relación entre la empresa líder y las pymes. "Esperamos además que las empresas tengan alguna protección respecto a los pagos", aclaró.
Guiñazú insistió en que el Gobierno fijará las condiciones de trabajo antes de asignarle la obra a un consorcio y agregó que el presupuesto excedente (hay garantizados U$S 1.023 millones, frente al presupuesto de U$S 884 millones) se destinará a tareas de inspección y la administración de obra.
