El reglamento del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) dice que el presidente Mauricio Macri tiene 30 días para decidir sobre la construcción del dique Portezuelo del Viento. Ese plazo debería empezar a contarse desde un momento difuso de fines de noviembre pasado. Si se cuentan días corridos, ya estaría vencido; si se cuentan días hábiles, estamos sobre las horas definitorias.
Así es que tanto en La Pampa como en Mendoza se esperan las novedades desde la Presidencia de la Nación. Fuentes del Ministerio del Interior no descartan que la definición del laudo arbitral de Macri estaría al salir en los próximos días.
El presidente podría haber anunciado en San Rafael el resultado de ese laudo arbitral. Es lo que piensan quienes siguen atentamente las incidencias de la tormentosa relación entre La Pampa y Mendoza. Pero no fue así.
Recordemos que las dos provincias viven dos procesos paralelos, que nada tienen que ver, pero que se terminan mezclando, porque en definitiva los dos temas se resumen en una pelea por el agua: uno de los temas es la construcción del dique Portezuelo del Viento, que hoy se discute en el Coirco; el otro es el reparto del río Atuel, que se discute en el Comité Interprovincial de Atuel Inferior (CIAI).
Vale decir, son dos comités distintos. Uno, el CIAI, se reúne el martes 16 y no parece haber acuerdo en las posiciones de las dos provincias respecto de cómo y cuándo debería Mendoza garantizar los 4,5 metros cúbicos por segundo que reclama La Pampa para restituir el humedal que hace casi un siglo había en Santa Isabel.
El otro comité, el Coirco, está conformado por todas las provincias que aportan aguas a la cuenca del río Colorado: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Ese es el escenario en el que se define el destino de la presa que supuestamente cambiará la historia del sur mendocino y que, además, sería un aporte a la provisión energética por vía de la generación hidroeléctrica.
La realización de la presa se viene discutiendo allí desde noviembre de 2016.Ya se aprobaron los planes de llenado y de manejo del futuro dique, aunque sin consenso de La Pampa, y el reglamento del Coirco indica que todas las decisiones deben ser tomadas con acuerdo de todas las provincias. Entonces, a mediados del año pasado se pidió el laudo del presidente Macri.
La historia que se cuenta en Mendoza, en La Pampa y en el Ministerio del Interior coincide. Cuando se pidió el laudo arbitral, la Presidencia le dio vista a todas las provincias, para que hicieran sus apreciaciones sobre lo discutido hasta ese momento; luego hubo una presentación de La Pampa que la Presidencia volvió a distribuir entre las otras provincias para que informen su parecer.
Donde no hay acuerdo es en cuál fue la última provincia en responder; algunos dicen Neuquén, otros dicen Río Negro. No es importante cuál, sí es importante cuándo, porque es a partir de esa respuesta que empiezan a contarse los plazos previstos en el artículo 29 del reglamento del Coirco: “El árbitro tendrá treinta días para recabar las informaciones y antecedentes, y en general, para realizar toda diligencia que considere necesaria para mejor proveer. Vencido dicho término, deberá laudar dentro de los treinta días siguientes”.
Las diligencias que Presidencia consideró necesarias fueron los informes de las provincias cuando terminaron de responder, a partir de entonces empiezan a correr los 30 días. Al cierre de esta edición, Los Andes no pudo confirmar la fecha desde la cual se cuenta el plazo, pero claramente podría estar vencido o a punto de vencer.
Por eso es que se espera con ansiedad la decisión de Macri en las próximas horas.
De todos modos, tampoco está terminado el tiempo, porque en el artículo 29 de ese reglamento hay una oración adicional: “Pudiendo ampliar los plazos antes establecidos, dentro de los treinta días siguientes, mediante decisión fundada”.
Sin embargo, tampoco en Mendoza hay demasiada preocupación respecto del plazo: “Los plazos son ordenatorios. Si no se cumplen no se pierde la competencia para resolver, porque no está prevista la intervención de una autoridad superior”, dice el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.
La Pampa cree que la Nación no es imparcial
No es la primera vez que Macri hace una declaración favorable a la construcción de Portezuelo. El martes pisó San Rafael y lanzó una frase que desató la fuerte reacción de La Pampa: “No vamos a parar hasta poner en marcha Portezuelo del Viento”.
El Presidente tiene que emitir su laudo arbitral referido a esa obra que lo muestra tan entusiasta y la vecina provincia acusa la parcialidad. Su secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, dijo que el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, ya le mandó al Presidente un pronto despacho pidiéndole que se aparte del laudo: “Se pone en cabeza de la construcción de la presa. Hay un vicio administrativo en la decisión. Debe tener la imparcialidad necesaria”.
Desde Mendoza, el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, responde que el “laudo de Macri no es jurisdiccional, no es un juez que tenga que estar sujeto a la condición de preopinión”. Se podría agregar que hacer una obra o no hacerla es una decisión política del Ejecutivo, en la que difícilmente la Corte Suprema intervenga.
Garay habla en esa dirección: “Tenemos mucho cuidado con lo ambiental, porque eso sí es justiciable. Todo el resto es político, la Corte no puede decir si es conveniente hacer tal o cual obra. Además, la obra está dentro del plan del tratado del Colorado. Fue acordada por todas las provincias”.
Parece difícil que prospere el pedido pampeano. El reglamento del Coirco establece que las controversias entre provincias las resuelve el Presidente de la Nación, no hay otra instancia prevista en ese documento. “En ese caso, La Pampa desplegará otras estrategias”, dice Schlegel no dando por cerrado el litigio.
