Rodolfo Suárez cumple en estos días seis meses de gestión en medio de una situación impensada por él y por cualquier otro político argentino en ejercicio del poder. La pandemia obligó a variar planes y reordenar prioridades.
Lo significativo ha sido la sintonía con el Ejecutivo nacional a partir del drama sanitario y de la necesidad de un abordaje en conjunto para evitar efectos más contundentes que los que hasta ahora el coronavirus produjo en el país. Una armonía institucional con la Nación, conducida por el Frente de Todos, que no fue exclusiva de Suárez y que también experimentaron los tres restantes gobernantes no peronistas.
Los resultados en Mendoza en el abordaje de la pandemia le permiten ahora a la provincia situarse entre las que pueden acceder a una etapa de mayor flexibilización de actividades. Alberto Fernández había prometido gobernar en sintonía con todos los mandatarios provinciales, sin distinción de color partidario, y el coronavirus aceleró los tiempos en ese sentido. Por eso aquí Fernández y Suárez gozan de buena valoración entre la gente.
La crisis sirvió, por otra parte, para dejar de lado diferencias y exigencias provenientes del justicialismo hacia la nueva gestión provincial, básicamente centradas en la negativa a más endeudamiento por culpa, según el PJ, de la “pesada” herencia que dejó la administración de Cornejo. Si bien el Presupuesto fue finalmente aprobado sin autorización de deuda en dólares y la posibilidad de roll over sigue en discusión, bajo el ala protectora de la emergencia sanitaria los ánimos se calmaron bastante.
Por eso sorprende mucho a la dirigencia radical mendocina la decisión del Ejecutivo nacional de desarchivar un pedido pampeano, desechado en su momento por el gobierno de Macri, reclamando un arbitraje presidencial por Portezuelo del Viento y la revisión del impacto ambiental. Eso llevó al ministro del Interior a convocar a los gobernadores de las provincias de la cuenca del río Colorado a una reunión urgente para el 26 de este mes.
Ese llamado encendió alarmas en el oficialismo mendocino, pero la visita del presidente Fernández a La Pampa directamente causó enojo y mucha preocupación por el futuro de la gran obra, en proceso de licitación.
En el empresariado local, que se vuelca mayoritariamente a favor de la obra en Malargüe, prácticamente nadie pudo evitar su indignación por la actitud de la Nación. Un portavoz del sector industrial advirtió que “ha sido una sorpresa muy grande. Hay desconcierto y desesperación porque el sector ha invertido mucho en el proyecto y hay ganas de sacar la obra adelante y ser parte de ella. Ahora estamos viendo cómo la política es la que siempre fija un rumbo incierto”. Otra voz empresarial acotó que “esta aparente falta de compromiso político pone en riesgo una vez más una obra de trascendencia. Si esto cae sin pena ni gloria habrá costo político, porque se concretaría un tremendo atropello”.
Los empresarios esperaban ayer novedades para reclamar una urgente reunión con el gobernador Suárez y con legisladores nacionales por Mendoza vinculados con el presidente Fernández.
Para el justicialismo local la situación es muy incómoda. Antes de la llegada del coronavirus, Suárez reunió a la totalidad de los diputados y senadores nacionales por Mendoza para escuchar el compromiso por Portezuelo del Viento. Todos adhirieron, como era de esperar. Ahora inicialmente hubo dudas. Seguramente más de un dirigente y legislador del PJ efectuó las consultas pertinentes para tratar de ver por dónde viene la jugada orquestada por la Nación o si es para calmar insistencias de la administración justicialista pampeana. No faltan quienes suponen que se trata de una muestra de poder del kirchnerismo para “pasar factura” de los enojos públicos de Cornejo contra las políticas del gobierno nacional. Y de paso poner bajo la lupa otra gestión del ex presidente Macri.
Alberto Fernández agravó el panorama con lo que dijo, con errores conceptuales y algunas dudas, en su visita del viernes a la provincia vecina. Si bien no le bajó el pulgar al emprendimiento, potenció la preocupación mendocina. Confundido, vinculó el eterno reclamo pampeano por las aguas del Atuel con el proyectado emplazamiento. Y aparentemente no recordó que lo que percibe Mendoza de la Nación para la obra proviene del acuerdo por el resarcimiento por la promoción industrial. Fue él quien rubricó esa acuerdo entre Néstor Kirchner y Julio Cobos siendo jefe de Gabinete de la Nación.
Tal vez esta suerte de sainete en territorio pampeano llevó a los principales referentes del PJ mendocino a ensayar una reconciliación. Lo hicieron a través de las redes sociales, entre otros, Adolfo Bermejo y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. La joven kirchnerista, si bien dice que hay que buscar consenso con otras provincias, cuando ya todo está resuelto sobre la obra, remarca la importancia histórica que Portezuelo significa para los mendocinos.
Más contundente fue el apoyo al gobernador de Mendoza desde la Legislatura, donde diputados de otros sectores de la oposición firmaron una declaración conjunta con integrantes del interbloque oficialista Cambia Mendoza.
En el encuentro del viernes 26, Suarez defenderá la postura provincial remarcando que se trata de la obra más estudiada en Mendoza en los últimos 40 años. Es un dato cierto que el resto de las provincias que forman parte del Coirco no deberían ignorar, precisamente, como integrantes de dicho organismo interjurisdiccional.
También deberá resaltar el Gobernador que, salvo La Pampa, que siempre se opone a todo emprendimiento que genera Mendoza vinculado con el agua, el resto de las provincias se expresó favorablemente. Y aquí debería enfatizarse que las decisiones que se toman en este tipo de proyectos de obras son de Estado y no de gobiernos que circunstancialmente responden a una u otra orientación partidaria. Esa política de Estado es la que ha mostrado bastante bien nuestra provincia con este proyecto, en especial desde que se concretó el acuerdo para el resarcimiento por la promoción industrial que nos rodeó y perjudicó durante décadas.
El laudo del presidente Macri, que en 2018 se expresó a favor de la construcción de la mega obra, fue luego ratificado por la Corte Suprema de Justicia, que desestimó el planteo en contra de dicha decisión presidencial que efectuó el gobierno pampeano. Y no puede decirse que la composición de la Corte haya sido adicta al ex Presidente.
Sin duda, un contratiempo inesperado para el gobierno mendocino. La tranquilidad de saber que todos los pasos legales se han dado con la obra contrasta con la incertidumbre que generan las actitudes políticas iniciadas en el Ministerio del Interior. Aunque equivocado sobre el origen de los fondos que llegan desde la Nación, Fernández dejó en claro que prefiere consenso pleno entre las provincias de la cuenca del Colorado. Esas desinteligencias eternas por la postura pampeana fueron las que obligaron a Macri a laudar en su momento. Por eso fue atinada la apreciación de Suárez al decir que espera que no le hagan una “zancadilla” política. Sería muy grave.
