No es atípico que una reforma integral de la Suprema Corte, como la que está en discusión en nuestra Legislatura, despierte inquietudes en la ciudadanía y en diversos sectores interesados.
Estamos hablando de un paquete de cambios importantes que sin dudas va a influir en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia. Nadie lo niega.
No hace falta ir tan atrás en el tiempo para recordar tentativas de gobiernos para marcar la agenda de la administración de justicia. El hecho de que muchas personas manifiesten sus preocupaciones frente la reforma refleja, ante todo, cuán importante es para nuestra joven democracia el respeto a la división de poderes y el equilibrio entre las instituciones que los forman.
Allí está el corazón del proyecto: en la introducción de modificaciones que van a mejorar notablemente el funcionamiento de las instituciones mendocinas.
No nos confundamos (ni dejemos que operaciones malintencionadas nos confundan): dejar todo como está, conformarnos con el status quo, no conlleva necesariamente una mejor institucionalidad. Al contrario.
Es a través de medidas concretas que acerquen la administración de justicia al ciudadano común, doten de agilidad al sistema y promuevan la rendición de cuentas donde se vislumbra una verdadera vocación republicana.
Los detractores del proyecto tienen el cuestionable mérito de haber logrado correr el eje de discusión para dejar de lado las principales modificaciones que prevé este proyecto y cómo va a impactar en la cotidianidad judicial.
Eligieron deliberadamente esconder debajo de la alfombra cómo va a mejorar la calidad de vida de los mendocinos, para instalar un sinfín de falacias y chicanas.
A quienes históricamente buscaron eternizarse en sus cargos, ¿podemos creerles su repentina preocupación por la institucionalidad democrática? A quienes miraron para otro lado y acompañaron con silencio cómplice ocho años de despilfarro que dejaron una provincia quebrada y devastada, ¿les aceptamos que hablen tan livianamente de extorsión y persecución política?
El Gobierno se hizo cargo desde el minuto uno de gestión de los desafíos que presentaban dos áreas calientes como Seguridad y Justicia. Sí, así, las dos juntas.
Porque cuando una coalición política decide sentar de una vez por todas los cimientos para un desarrollo estable y duradero, no alcanza con medidas aisladas ni reformas parciales. Dijimos que íbamos a transformar Mendoza y estamos cumpliendo.
Buen funcionamiento
Las modificaciones del códigos Procesal Civil y Procesal Penal, los cambios en la Ley del Ministerio Público Fiscal y en la Ley Orgánica de la Policía hablan por sí solas.
A un diagnóstico serio y minucioso del estado real de la administración de justicia, le siguieron disposiciones puntuales que ya han dado muestras de su buen funcionamiento.
Hoy tenemos una sala de la Corte que analiza la materia penal y laboral de manera conjunta. De sancionarse el proyecto de ley en discusión, habrá tres salas de las cuales una de ellas será competente exclusivamente en materia penal, mientras que la tercera sala intervendrá en asuntos laborales.
Más agilidad en el trámite de las causas y jueces especializados en cada área. Medidas claras, soluciones concretas. De eso se trata.
Es en este contexto que damos el debate de la reforma de la Suprema Corte. No es menor lo que acabo de decir: damos el debate. A pesar de que parte de la oposición -que luce desorientada y piensa más en las elecciones que en el día a día de los mendocinos- fabule y hable de imposiciones y hostilidades. Llevamos la propuesta a su ámbito natural: la Legislatura.
Es evidente que aquí no se pretende afectar la independencia del Poder Judicial. Estamos discutiendo qué Justicia queremos para una provincia moderna, diversa y pujante, que pelea por levantarse de una vez y para siempre.
¿Mantenemos la misma estructura que ha dado sobradas muestras de lentitud e incapacidad? ¿O avanzamos hacia una Justicia que escuche y atienda con solvencia los problemas de los mendocinos?
