La Argentina se prepara para un cambio institucional trascendente, el del inicio de un nuevo rumbo político luego de más de una década de predominio de un sector partidario que, como suele ocurrir con períodos extensos de gobierno, cayó en muchos aspectos en el ejercicio abusivo del poder.
Más allá de las dificultades que le puedan surgir a la nueva administración por dificultades esperables en virtud de muchas medidas extremas y a destiempo que viene adoptando el kirchnerismo en su retirada, la nueva etapa es de esperar que sirva para consolidar principios republicanos que deben transformarse definitivamente en pilares sobre los que sustente una democracia plural que refleje el sentir de la gente a través de su voto.
Este recambio presidencial debe servir como punto de partida para la consolidación de una justicia independiente que vuelva a ser un poder creíble para la población y de rotundo respeto por parte de quienes conforman las demás áreas del Estado.
El Judicial es el poder independiente por excelencia desde el punto de vista político. La tarea de los jueces, al administrar justicia, debe desarrollarse con total distancia de posibles influencias de los dos restantes poderes del Estado, necesariamente vinculados por cuestiones políticas.
Los magistrados judiciales deben velar por la constitucionalidad de las leyes que se sancionan y por la correcta interpretación y aplicación de las autoridades ejecutivas. Y la transparencia en el ejercicio de la función publica es la otra premisa que el Poder Judicial debe priorizar en su tarea de contralor de los poderes políticos.
Debe exigirse que los jueces resuelvan de forma imparcial y siempre basándose en la plena vigencia del derecho, sin influencias, presiones o amenazas. Lamentablemente, los últimos años nos han mostrado muchísimos casos de intromisiones en la labor de los jueces que desnudaron desacomodados intereses.
La garantía de una justicia independiente de cualquier presión o interés servirá como modelo para una sociedad cansada de decepciones y desengaños, pero también muchas veces tentada a adoptar actitudes reñidas con la moral y la vigencia de las leyes al imitar conductas inadecuadas de la clase dirigente cada vez más generalizadas y pocas veces juzgadas como corresponde.
Otro aspecto que se debe esperar en esta nueva etapa constitucional que arranca es el rol de la prensa como contrapoder del Estado. La libertad de prensa bien entendida permite la vigencia de garantías constitucionales con las que los ciudadanos pueden ejercer el derecho de informar sin control previo ni censuras por parte de los poderes del Estado.
En el período presidencial que termina, lamentablemente hubo de parte del Gobierno un furibundo afán de sometimiento político, con recursos del Estado y a través de capitales privados afines, que desdibujó en gran medida la reconocida calidad periodística argentina, al transformar en supuestos opositores políticos a aquellos medios o comunicadores que no se sometieron al poder.
La libertad de prensa ejercida en plenitud, con responsabilidad, es una herramienta fundamental en el marco de la institucionalidad de un país. Se transforma en un observador de la realidad y garante del cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios. Es un complemento ineludible para la tarea libre e independiente que la Justicia debe cumplir en el correcto funcionamiento de las instituciones.
