Luego del cierre de listas de precandidatos, el camino hacia las elecciones primarias de agosto ya está marcado. Si bien el calendario electoral indica que la campaña formalmente debe ponerse en marcha un mes antes de las PASO, previstas para el 13 de agosto, el entusiasmo que siempre genera la competencia política lleva a sus protagonistas a avanzar con sus objetivos y desafíos mucho antes de lo que pueda estar estipulado con anterioridad.
En este mismo espacio, hace una semana expresábamos que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) debían responder a los postulados con los que en su momento se fundamentó la ley de reforma electoral que les dio vida durante los gobiernos kirchneristas. Y en la última semana, y con argumentos que, como nuestra postura editorial, apuntan a la necesaria efectividad de este tipo de elecciones, que se deben basar en dirimir diferencias internas entre partidos o alianzas, desde el gobierno nacional se hizo pública la intención de que, una vez concluido el año electoral en marcha, se debata en el Congreso si es conveniente o no que las PASO sigan siendo como son, o si directamente puede resultar conveniente su abolición.
Es por ello que con más razón se debe exigir a la dirigencia partidaria convocada a participar en las próximas primarias un grado de compromiso y responsabilidad que justifique la convocatoria a la ciudadanía y deje de lado el nivel de desprestigio al que han llegado estas elecciones por no ser implementadas respetando la finalidad con la que se justificó su concepción.
A poco de salir a rodar, el mecanismo de las PASO puso en evidencia que, en realidad, el nuevo sistema de selección de candidatos daría a los oficialismos de turno, tanto nacionales como de las provincias, una clara ventaja sobre los sectores de la oposición por el simple hecho de financiarse mayoritariamente desde el Estado las campañas con las que los distintos sectores deben mostrarse ante la ciudadanía que emite su voto.
Pero también hay que tener en cuenta que una vez celebradas las PASO, el sistema político argentino se encaminará hacia las elecciones legislativas de medio término, a fines de octubre, con los candidatos que resulten legitimados en las primarias, conforme lo marca la reglamentación de las mismas.
Estamos, por lo tanto, ante cuatro meses muy intensos en los que probablemente la atención en los comicios, los de agosto y los definitorios de octubre, se priorice sobre otros aspectos que la vida institucional de la Argentina merece tener en cuenta en forma permanente.
Y es aquí donde se debe reclamar a la dirigencia en general tomar con la mayor seriedad y compromiso las propuestas que se elaboren para ofrecerle a la gente que debe definir con su voto. El resultado electoral de 2015, no sólo a nivel nacional sino, también, en muchas provincias, expresó el sentir de una mayoría de argentinos que pidió un cambio de actitud de sus representantes, otra manera de hacer política y de ejercer la función pública, dejando de lado el negociado y la corrupción generalizadas y priorizando el bien común. Por eso es de desear que el proceso electoral que arranca sea constructivo, no destructivo, de mera confrontación y descalificación. Que no esté basado solamente en estrategias electorales sino también en propuestas programáticas, en las siempre pregonadas políticas de mediano y largo plazo que rara vez prosperan.
