Un fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Santiago del Estero dejó a esta provincia y otros diez distritos, entre ellos a Mendoza, sin argumentos para seguir pagando sólo el 10% de contribuciones patronales jubilatorias por cada empleado público y allanó el camino para que la Nación les exija el pago del 17% que realiza la administración nacional por sus agentes.
Esta situación afecta también a los municipios de estas provincias, lo que por supuesto incluye a los 18 departamentos mendocinos.
Además, la sentencia de la Corte Suprema -de marzo de este año- liberó el camino a la AFIP para exigir a las provincias, que son las que en los años '90 transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación, una deuda que extraoficialmente se calcula entre 30.000 y 35.000 millones de pesos.
También, no oficialmente, fuentes consultadas por este diario calculan que la deuda que Mendoza debería afrontar ronda los 4.000 millones de pesos, aunque nadie tiene el dato preciso.
Atendiendo el reclamo de algunos gobernadores peronistas, Sergio Massa y Diego Bossio introdujeron -en acuerdo con el oficialismo nacional- en la ley ómnibus de “reparación histórica de jubilados y pensionados”, que se discute en la Cámara de Diputados: la posibilidad de que Mendoza y los otros diez distritos puedan pagar sus deudas -por contribuciones patronales- en 90 cuotas, con una tasa de interés del orden del 1% mensual.
Además, el artículo incorporado, por el PJ dialoguista, al proyecto que el miércoles votarán los diputados, da tiempo a los Estados provinciales para acogerse a la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2017 y establece que para poder sumarse deberán pagar a la AFIP el 10% del total de la deuda al contado.
El principal problema para el Estado mendocino y los 18 municipios no son las deudas acumuladas, ya que de aprobarse la ley ómnibus tendrán casi ocho años para saldarlas. Lo que más preocupa es el aumento del costo de la masa salarial ya que deberán pagar por cada agente público más contribuciones patronales: casi siete puntos más del sueldo bruto remunerativo.
Un alto funcionario del Gobierno provincial consideró que ese porcentaje se trasladará “casi directamente” sobre el presupuesto destinado al pago de salarios. La cifra estimada podría ser, a valores actuales, superior a 1.000 millones de pesos extra por año que deberá afrontar la administración Cornejo.
Sin embargo, por ahora no está claro desde cuándo deberán provincias y municipios empezar a pagar el 17% de las contribuciones jubilatorias. Se estima que esto será parte de las negociaciones con la Casa Rosada por los recursos federales en las que imperan reclamos cruzados.
La historia de una vieja puja
La historia detrás de la sentencia de la Corte, que es de marzo, es muy larga e involucra a los once distritos que transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación. En 2001, estas jurisdicciones entendieron que eran beneficiadas por un decreto de Domingo Cavallo, que luego el Congreso convalidó en la "ley del déficit cero", que dispuso que la alícuota para los empleadores estatales era del 17%. Pero el Máximo Tribunal consideró que la norma estaba destinada al sector privado, al que el gobierno de la Alianza quería reactivar con planes de competitividad.
El problema se suscitó porque este contingente de provincias sostuvo además que dicha alícuota del 17% comprendía cuatro subsistemas respecto de tres de los cuales no eran beneficiarias, por lo que plantearon que sólo debían contribuir para las jubilaciones con un 10,17%. Pero no debían aportar a las asignaciones familiares (4,4%) el Pami (1,50%) y el subsidio al desempleo (0,89%).
Por ello, desde entonces tributan sólo el 10,17% y la Nación les reclama el 17%. El Congreso sancionó, en noviembre de 2004, una norma con el objeto de aclarar el alcance de la “ley de déficit cero” para las provincias, pero Néstor Kirchner la vetó.
Fue este fallo de la Corte Suprema, que viene a zanjar la discusión entre estas provincias y la Nación (aunque sólo alcanza a Santiago del Estero), lo que alertó al resto de los distritos que pagan desde 2001 sólo 10,17% de contribuciones patronales.
Como la norma que está en el Congreso para saldar deudas con los jubilados y pensionados incluyó la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias, los gobernadores aprovecharon para dar pelea por más fondos.
Fue así como las 13 jurisdicciones que sí se quedaron con sus cajas de jubilaciones lograron asegurar, en un artículo nuevo, transferencias automáticas de la Anses para cubrir sus déficits. Y las 11 que transfirieron sus cajas a la Nación, advirtiendo el reclamo de la AFIP por $ 2.800 millones a Santiago del Estero, reclamaron una moratoria a medida. Estos dos últimos puntos fueron negociados por el tándem Massa-Bossio con Cambiemos.
Sorpresa y silencio en el Gobierno
Al ser consultados funcionarios mendocinos por la situación, la primera reacción fue la sorpresa. Sin embargo, la información del fallo de la Corte y las negociaciones en el Congreso estaba rodando desde hace varias semanas.
Hay que remarcar que el gobernador Alfredo Cornejo firmó, junto al resto de los mandatarios provinciales, el acuerdo fiscal con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por el cual se devuelve a los distritos escalonadamente en cinco años el 15% de la coparticipación.
Dicho convenio forma parte de la ley ómnibus, la que contiene un apartado especial con la situación de Santiago del Estero. Esta provincia negoció con la Casa Rosada pagar su deuda por aportes patronales “resignando” parte de lo que la Nación le enviará en concepto de devolución de la coparticipación.
Funcionarios de carrera del Ejecutivo provincial reconocieron a Los Andes que la Provincia quedó a tiro de que la AFIP le exija ahora la deuda que se acumuló por el mal pago de los aportes patronales. En el organismo nacional recaudador también admitieron que la situación de Santiago del Estero se generalizará a los otros diez distritos pero evitaron cuantificar el monto global de la deuda y especificarla caso por caso.
Ayer trascendió que el subsecretario de Hacienda mendocino, Antonio Bizzotto, viajó a Buenos Aires para atender este tema con los funcionarios de las otras provincias que están en la misma situación que Mendoza y Santiago del Estero. Se trata de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan, San Luis, La Rioja, Río Negro y la ciudad de Buenos Aires. Pero el Gobierno provincial prefirió encapsular la información sobre las negociaciones.
