Pese a las turbulencias económicas aún latentes y de acusaciones de persecución política por parte de opositores y gremialistas investigados por la Justicia por escandalosos hechos de corrupción perpetrados durante décadas, el gobierno de Macri parece encaminarse a un acuerdo trascendente en el Congreso para poder aprobar el Presupuesto nacional 2019, vital en la negociación con el Fondo Monetario y como muestra de capacidad de relacionamiento político por parte de Mauricio Macri.
La antesala de lo que puede significar el consenso para la pauta presupuestaria fue el dictamen de comisión logrado en la semana para los proyectos de suba del impuesto a los Bienes Personales, nuevo Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias y suspensión del ajuste por inflación en los balances empresarios.
En este avance es nuevamente vital el apoyo de los gobernadores provinciales, lo que se traslada a las bancas a través de los legisladores que representan a las distintas regiones del país. En medio de la difícil situación fiscal, no es menor el dato que surge de la aplicación de Bienes Personales. Se estima que el año próximo dicho impuesto podría impactar con una recaudación de 20 mil millones de pesos, lo cual resulta tentador para las provincias ante la posibilidad de compensar de algún modo la caída de recursos que provoca el recorte de subsidios por parte de la Nación o la caída de distintos fondos coparticipables.
El apoyo al Consenso Fiscal, que ya alcanza a 19 de los 24 gobernadores, es otra clara muestra de la necesidad que tienen quienes están a cargo de la tarea ejecutiva, tanto nacional como de las administraciones provinciales, de tender a soluciones que aseguren el normal desarrollo de sus respectivas gestiones por sobre las diferencias ideológicas o partidarias que surgen del normal juego de la democracia.
Ya hemos señalado desde este espacio que el debate de un presupuesto es un gesto de responsabilidad política que rara vez puede llegar a justificar la postura negativa a su abordaje. Más allá de las críticas que gran parte de la oposición lleva a cabo por el endeudamiento nacional y el acercamiento al FMI, debe tenerse muy en cuenta que el futuro gobierno nacional, sea cual fuere su signo político, deberá convivir con el acuerdo logrado con dicho organismo. Y será una señal de total responsabilidad de las próximas autoridades el cumplimiento de lo pautado por la actual administración y eventualmente ejercer una renegociación en base a la política económica que se pretenda llevar a cabo desde diciembre de 2019.
Por otra parte, sería una gran deslealtad de parte de la oposición generalizar el rechazo a la pauta presupuestaria impulsada por el oficialismo considerando a la misma como una mera herramienta de presión política ante la evidente caída de imagen de la gestión del presidente Macri como consecuencia de la fuerte devaluación y la impactante inflación. El fortalecimiento institucional logrado durante la actual gestión nacional es un hecho republicano destacable, más allá de indudables desaciertos que se reflejan a diario entre los argentinos. De ahí la necesidad de un debate serio, aunque no exento de pasiones, de las políticas públicas en el ámbito parlamentario.
