Finaliza un año en el que las tensiones por los problemas económicos fueron en ascenso al ritmo de un extenso proceso electoral que acentuó diferencias ideológicas.
Durante los últimos años, por distintas razones, resultó imposible conducir al cierre de esa grieta que dividió a los argentinos cada vez más. Una grieta que separó transversalmente a la sociedad en su conjunto y, de esa manera, enemistó voluntades por fuera de los ámbitos naturales de disenso. Hasta el seno familiar pagó las consecuencias de esa alocada tendencia.
Durante el discurso de su reciente asunción, el presidente Alberto Fernández prometió lo que ya venía insinuando en su campaña electoral: contribuir a superar esa grieta entre argentinos. Sin duda, una postura loable y digna de acompañar siempre y cuando la misma se sustente en premisas que respeten tolerancia ante las diferencias. De nada serviría fomentar un pensamiento único con el propósito de superar la tensión imperante.
Los preceptos republicanos se defienden con una clara apertura a la libertad de pensamiento y de opinión pero sin agresiones ni descalificaciones por el solo hecho de no existir coincidencias. En el marco democrático es indispensable que la clase política y dirigencial haga su aporte con notoriedad a esa conducta de acercamiento que se pregona. Acercamiento que se debe apoyar en la tolerancia, principalmente.
Urge que en la sociedad argentina terminen los innecesarios enfrentamientos dialécticos, en especial cuando de lo que se trata es de cotejar cuestiones ideológicas, que siempre deberían ser canalizadas a través del debate civilizado que tiene que imperar cuando rige a pleno el sistema democrático.
Simultáneamente, con el loable deseo político de contribuir a poner fin a las diferencias marcadas entre argentinos, se debe instar a que en 2020 que comienza también se busque erradicar un mal muy arraigado en décadas, que ha ido aumentando con los años y que en buena medida contribuye a ahondar la odiada grieta: la impunidad.
Este flagelo, que involucra casi por igual a políticos y magistrados judiciales, requiere de un trabajo conjunto a largo plazo pero que comience por apuntalar lo mucho que se ha avanzado en los últimos cuatro.
Jueces y fiscales, en base a acciones sustentadas por denuncias, investigaciones de hecho y aportes periodísticos, llevaron al banquillo de los acusados a un importante número de ex funcionarios políticos vinculados con hechos aberrantes que favorecieron a sus propios bolsillos, a los de autoridades democráticas para las que trabajaron y a socios del poder muchas veces representados en una parte de la actividad privada también corrompida.
En casi todos estos casos la contundencia de las pruebas en contra de los acusados contrastó con las reacciones de los involucrados, que llegaron a autodefinirse como presos políticos por el solo hecho de ser sometidos a proceso judicial en tiempos de un gobierno de signo contrario al que los tuvo en el poder durante muchos años. Una suspicaz postura para instalar dudas sobre la vigencia de la división de poderes.
Ha trascendido en estos días que gran parte de la reforma judicial que se encuentra diseñando el gobierno nacional apuntaría hacia la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de causas que involucran a los gobiernos kirchneristas, entre las cuales se incluye a la ex presidenta, y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
En el paquete revisionista que estaría gestando el Poder Ejecutivo nacional también se incluiría la figura del “arrepentido”, que entró en vigencia en tiempos del gobierno anterior al actual y que sirvió para el más rápido esclarecimiento de hechos de fuerte tenor de corrupción en el manejo de los fondos públicos.
El voto mayoritario que premió en las urnas al gobierno actual se pronunció claramente en contra del deterioro económico que maltrató a importantes ámbitos de la sociedad en general.
Pero esa lógica inclinación popular de ninguna manera puede interpretarse como un añadido voto a favor de la impunidad en hechos que tuvieron como partícipes a muchas personas que tuvieron vínculo con el conglomerado partidario que legítimamente ahora gobierna.
