A pocas semanas de haber comenzado un nuevo año, la comunidad aguarda que este 2018 pueda ofrecer un mejor panorama en materia de siniestralidad vial, donde lamentablemente no nos va bien a los mendocinos.
Los registros de este diario indican que el año pasado concluyó con 203 personas fallecidas en calles y rutas de nuestro territorio provincial, 68 más que en 2016.
La explicación del marcado incremento registrado en el año que acaba de terminar se debió a una razón explícita: la desgraciada impresionante cantidad de muertos que se llevaron las rutas cordilleranas, donde se produjo la mayor tragedia vial que la provincia recuerde.
Nos referimos a la tragedia de Horcones, sobre la ruta nacional 7, donde en febrero de 2017 volcó un ómnibus de la empresa chilena Turbus que se desplazaba con exceso de velocidad y como resultado de esa imprudencia murieron 19 personas.
Ese incidente vial -el peor siniestro carretero que registra la provincia, junto con el brutal choque de un ómnibus y un camión en San Martín- elevó a 34 los muertos registrados en febrero del año pasado.
También deben sumarse los percances mortales en Cuesta de los Terneros (15 víctimas) y el de la tráfic que chocó contra un camión en Uspallata (4 fallecidos).
Por ahora, sólo por ahora y esperamos que la tendencia se mantenga, la montaña, una zona que requiere pericia para conducir, no ha arrojado accidentes graves.
También en este capítulo hay una explicación.
El Corredor Bioceánico estuvo, y está todavía, resguardado con motivo del operativo de contención ejecutado por el Ministerio de Seguridad a propósito de la visita del papa Francisco al vecino país de Chile.
En esa complicada labor estuvieron trabajando 300 efectivos policiales, 20 móviles las 24 horas y cerca de 100 agentes sanitarios para garantizar el flujo vehículo y evitar percances viales.
Cuando el dispositivo dispuesto por la visita papal se abandone por razones obvias, lo que ocurrirá en las próximas horas, la situación de la ruta a Chile volverá a sus marcos normales, con la cobertura de seguridad a cargo de Gendarmería Nacional y la Policía Vial, aunque por supuesto con menos cantidad de efectivos y unidades motorizadas.
Volverá a regir, si no hay responsabilidad por parte de los conductores de vehículos livianos, de carga y de transporte de pasajeros, el imperio de las maniobras peligrosas y la alta velocidad. En esta sensación también esperamos, y de manera sincera y categórica, equivocarnos.
En el llano mendocino hemos empezado el año con accidentes mortales, lo tenemos que reconocer, pero, por el momento, en menor número que en años anteriores.
Hay que insistir, persistir y volver a reafirmar, que no se puede salir de la "enfermedad social" que constituye la mortalidad vial (decesos inmediatos y en los días posteriores) y la morbilidad vial (cantidad de lesionados graves) si no abandonamos el desapego a cumplir las normas de tránsito en forma implícita y permanente.
Tengamos en cuenta los reportes que a diario realizan los policías viales relativos a imprudencia en la conducción, alta velocidad (sobre todo), adelantamientos temerarios, el uso indebido del celular y la presencia nefasta de alcohol en conductores, lo que se traduce en las trágicas consecuencias que venimos analizando.
Por eso vemos bien que se mantengan las agravantes previstas para el homicidio imprudente en siniestros viales.
Y que se sancione esa clase de hechos con una pena de cumplimiento efectivo cuando el conductor se diere a la fuga o no haya intentado socorrer a la víctima, cuando el que maneja el rodado hubiese estado bajo los efectos de drogas o alcohol, o hubiera conducido en exceso de velocidad, o participado de una "picada" o tras haber violado las señales de tránsito.
