La Justicia provincial ya otorgó 35 prisiones domiciliarias a internos que se encuentran en grupos de riesgo por la pandemia del coronavirus. Teniendo en cuenta que son casi 400 los presos que integran este lote (mayores de 60 años o con enfermedades de base), los enviados a cumplir la pena fuera de las cárceles representan el 9% del total.
La situación en las cárceles por el coronavirus tomó dimensión tras un hábeas corpus colectivo presentado por la ong Xumek al que dio lugar el juez penal Sebastián Sarmiento, el 30 de marzo.
Ante esto, la Suprema Corte, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa llegaron a un acuerdo tripartito esta semana (ver aparte), en el que se coordinó trabajar más ágilmente pero también resolver los contratiempos de la falta de personal y recursos, teniendo en cuenta que el otorgamiento de prisiones domiciliarias "se dará estudiando minuciosamente caso por caso".
Desde el Poder Judicial informaron que entre los 400 internos que están en el grupo de riesgo hay condenados por delitos graves, entre los que se encuentran abusos sexuales o de violencia de género; pero también se encuentran otros por robos o lesiones.
Es por esto que, de acuerdo con lo acordado, se están llevando a cabo informes sociales en el domicilio de los internos, informes psicológicos y también entrevistas para determinar si esa persona está en condiciones o no de recibir la prisión domiciliaria.
Fuentes judiciales destacaron que el número de prisiones domiciliarias es bajo por el momento porque "los presos mayores de 60 años que actualmente están en el penal, la mayoría ha presentado anteriormente pedidos de prisión domiciliaria y por varios motivos ya se les ha rechazado".
"Lo que ha hecho el coronavirus es que ahora se estudien los casos de algunas enfermedades que antes no eran suficientes para otorgar la domiciliaria, ya sea diabetes, hipertensión o incluso EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). El Covid-19 amplió el parámetro de la domiciliaria, lo alteró; y es lo que se está estudiando caso por caso ahora", agregaron.
En este sentido, los datos marcan que de las 35 prisiones domiciliarias, 19 se dieron en la Primera Circunscripción (Gran Mendoza), cinco en la Segunda (Sur), ocho en la Tercera (Este) y tres en la Cuarta (Valle de Uco).
Mientras tanto, desde Xumec Lucas Lecour destacó a Los Andes que "viene todo con demora, ya que no estaban llegando los informes porque no había recursos. Pero se entiende que tras este acuerdo se dispuso de más elementos y trabajadores para agilizar el tema".
Con relación a aquellos presos a los que no se les acepte la domiciliaria, "se pidió que se los aloje en un pabellón aislado y con los mayores cuidados posibles para que no se contagien, en lo que respecta a salubridad e higiene".
Acuerdo para agilizarlas
Entre los puntos del acuerdo institucional de la Corte, ministerio de la Defensa y el Público Fiscal, se dispuso para la agilización de los trámites, aceptar que las encuestas ambientales las realice también el Servicio Penitenciario con o sin colaboración de otros organismos; en casos de delitos de género o contra la integridad sexual, colaborará la Dirección de Mujer, Género y Diversidad y de la Dirección de Derechos Humanos; y además la Corte "pone a disposición los recursos materiales y de profesionales necesarios, tales como vehículos oficiales y personal profesional de áreas pertinentes".
En tanto, en los criterios de evaluación de la prisión domiciliaria, se evaluará naturalmente si se encuentra en grupo de riesgo, con su correspondiente enfermedad; la naturaleza de los delitos (leves o graves); la situación procesal; la duración de la condena; y si tienen un cumplimiento cercano de la condena o proximidad de una libertad anticipada.
También se asegurará la participación de las víctimas de los delitos durante la evaluación del otorgamiento de la prisión domiciliaria, destacaron; y finalmente pidieron que el Servicio Penitenciario "profundice las medidas de cuidado de la salud, tomando en consideración las características personales y generales de cada caso concreto" para aquellos que no se les conceda este beneficio.
El 10% de los presos federales está con prisión domiciliaria
En el caso de la Justicia Federal, en todo el país hay 1.279 presos que están dentro del grupo de riesgo del coronavirus, distribuidos en 32 cárceles, según un informe del Servicio Penitenciario Federal. De todos esos, un 10% ya tiene prisión domiciliaria, según informó el diario Clarín.
Entre estos podemos encontrar nombres como Lázaro Báez y su hijo Martín, a quienes ayer y anteayer respectivamente les rechazaron sus pedidos de prisión domiciliaria desde el Tribunal Oral Federal 4 (TOF).
Fue el mismo TOF el que sí le otorgó la prisión domiciliaria a Amado Boudou, el ex vicepresidente condenado por el caso Ciccone. En tanto, al piquetero Luis D'Elía también se le concedió la domiciliaria, en este caso, el TOF 6.
Otros conocidos dentro de los 1.279 presos "de riesgo" son Claudio Minicelli, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. También en ese universo se encuentran los represores Jorge "Tigre" Acosta, Alfredo Astiz y Miguel Etchecolatz.
En este ámbito, fue la Cámara Federal de Casación la que recomendó a los tribunales federales y nacionales "que otorguen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a los presos en prisión preventiva por delitos no violentos, condenados a penas de menos de 3 años, que estén en condiciones de tener salidas transitorias, mujeres embarazadas y miembros de los grupos de riesgo a raíz del coronavirus".
En tanto, encomendaron analizar "con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves".
