Tal como se ha señalado desde el Gobierno, supuestamente, el personal público se encuentra en un proceso de capacitación para que se busque hacia futuro una cultura de la transparencia. Por eso la ley provincial de Acceso a la Información Pública invita a adherir a los municipios para tener una completa mirada territorial. Sin embargo éstos no coadyuvan en esta tarea, a fin de que se produzca una verdadera transformación. Nuevamente estamos frente al "doble discurso" del Gobierno provincial y municipal.
Nos parece de vital importancia que los 18 departamentos se plieguen a esta iniciativa. Hay que trabajar en políticas de acceso a la información pública para estar cerca de los vecinos y que conozcan en qué se gastan los recursos públicos.
Hay que mejorar la transparencia en la gestión para volver a generar confianza. Venimos de años donde se saqueó al Estado por intereses personales.
Desde Protectora apostamos a la transparencia para que los recursos lleguen a los que más los necesitan. Sin embargo parece que éste no es el objetivo de la mayoría de los municipios de Mendoza, ya que hasta el momento sólo han adherido Rivadavia y Godoy Cruz.
Como sabemos, luego de un larguísimo camino y lucha contra la corrupción en la provincia, entró en vigencia en Mendoza el 7 de junio de este año la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual fue aprobada una semana antes, pero en realidad se aplicará plenamente en junio de 2019. Es que si bien los mendocinos pueden ya formular pedidos puntales al Gobierno y sus reparticiones, deben esperar un año para contar con mayor facilidad de acceso: es el plazo que le otorga la Ley 9.070 a los sujetos obligados a responder, a fin de "adecuar sistemas", esto es, que sus portales web publiquen toda la información de su actividad con carácter irrestricto y asegurar así mayor transparencia, como también para aplicar multas por incumplimiento.
Los sujetos obligados tendrán un plazo de un año desde la entrada en vigencia de la presente norma para adecuar, sistematizar y publicar la información contenida en la ley, dice el artículo 39 de la norma, que cita principios como prontitud (la respuesta debe efectivizarse en no más de 15 días), gratuidad, disponibilidad y divisibilidad, entre otros.
En lo atinente a los municipios, podemos ver el caso del de Capital, representado por el intendente de la Ciudad de Mendoza, doctor Rodolfo Suárez, quien hasta firmó un Convenio Marco con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) radicada en Capital Federal y representada en este acto por su Director Ejecutivo, doctor Torcuato Sozio, el cual en su cláusula primera señala: “El presente Convenio tiene por objeto aunar esfuerzos para la mejora de la gestión gubernamental mediante el desarrollo de planes de acción en materia de acceso a la información, apertura de datos e iniciativas de gobierno abierto. Ambas partes, se comprometen en poner énfasis en cooperar, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de Mendoza, en sus distintas áreas, avance en promover una gestión ética y transparente, articulando la acción del sector público con el sector privado y las organizaciones no gubernamentales"
Ahora bien, en dicho municipio el concejal Luis Giachino, por Protectora, fuerza política, ha presentado un proyectos de adhesión a la ley provincial de Acceso y la respuesta ha sido que no se le dará tratamiento hasta dentro de un año (¿?).
Por esto, entre tantos otros casos, volvemos a insistir con el doble estándar que maneja este Gobierno. ¿Cómo podemos creer que existe voluntad de abrir datos, para que la población pueda ejercer derechos humanos básicos, y así combatir la corrupción, si persisten en tirar "cortinas de humo" y hablar de una modernización que reposa en una utopía?
El convenio se firmó en el año 2016. ¿Usted lector cree que no tuvieron tiempo para sistematizar la información y ya haberle dado curso a este Proyecto de Información Pública? Digno de una risa homérica.
