“Lo que no podemos permitir es que los gobernadores hagan proselitismo tomando a la Nación como un puching ball”, dicen en la Casa Rosada para explicar por qué Cristina Fernández de Kirchner decidió dejar fuera del programa de refinanciación de deudas a las cuatro provincias que objetan la nueva ley de Hidrocarburos diseñada por el CEO de YPF, Miguel Galuccio.
La medida, tomada “provisoriamente” -dicen las fuentes gubernamentales nacionales- afecta a Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, porque sus gobernadores han expresado su rechazo al proyecto de YPF. “Hacen declaraciones para hacerse fuertes en la opinión pública de sus provincias a costa de pegar a la Nación, de culparla de todos los males. Por eso se les marcó un límite, para que observen que el Gobierno nacional es generoso con las provincias y, de hecho, no está obligado a refinanciar sus deudas pero, sin embargo, lo viene haciendo desde hace cuatro años”, agregó la misma fuente.
“Además, que digan que la Nación quiere avasallar la autonomía de las provincias es injusto porque este gobierno fue el que sancionó la ley Corta de Hidrocarburos (que ratifica el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales) y el que decidió que los distritos productores tengan el 24% de las acciones en la nueva YPF”, agregó un legislador K que tiene llegada directa a la Presidenta.
El enojo de la Casa Rosada con los gobernadores petroleros rebeldes tiene matices. Desde que arrancó la discusión, el centro del debate lo ocupa Jorge Sapag, el mandatario neuquino, por sus diferencias de fondo con Galuccio y por la defensa que hace de la empresa provincial de Energía de su provincia,
El malestar con Pérez es diferente al que tienen con Sapag y también el chubutense Martín Buzzi. La Casa Rosada creía que el mendocino no terminaría alineado detrás de la posición de Neuquén y por eso se tomaron a mal las declaraciones de hace dos semanas cuando, al inaugurar un jardín maternal el 22 de julio, blanqueó dónde estaba parado.
“Entendemos que hay que respetar la soberanía de las provincias. También existen derechos adquiridos por empresas mediante licitaciones que no pueden dejarse de lado", destacó el Gobernador, quien también se quejó por los beneficios que YPF tendría sobre las empresas estatales de energía. “El espíritu de la nueva ley (la propuesta por YPF) es generar mayor incentivo, pero en eso no se puede intervenir con los compromisos firmados ni con la soberanía de las provincias”, añadió ese día.
La relación de Pérez con Galuccio no venía bien, ya que YPF había decidido no presentarse a la licitación de las nuevas áreas petroleras de San Rafael y Malargüe y la Provincia había resuelto seguir adelante con el llamado a concurso y, de paso, revertir a la firma re-nacionalizada la mitad de una importante área, Chachahuén, por falta de inversión.
Dos días después de las declaraciones de Pérez mencionadas, Buzzi, el otro gran castigado por la Nación, terminó de irritar a la Rosada: “Mientras yo sea gobernador, el petróleo será absolutamente de los chubutenses”, dijo. Fue allí cuando Carlos Zannini, el poderoso secretario Legal y Técnico de la Presidencia, decidió que se debía escarmentar a las provincias rebeldes. “Están haciendo proselitismo a costa nuestra”, dicen que bramó. Entonces vino la decisión de dejarlos sin prórroga de sus deudas.
En el entorno de Pérez y en el PJ provincial todos se mostraron conmocionados por esa decisión de la Casa Rosada. Pero, a la vez, a nadie se le escapó la lectura de que este primer enfrentamiento directo del Gobernador con la Nación por la nueva ley petrolera podría significarles un alza en las encuestas tanto al mandatario como al Gobierno provincial. “Esto les conviene a ustedes”, dijo un importante operador kirchnerista a un funcionario mendocino, a modo de reproche.
“Pérez debe ponerse al frente de la discusión y decir a la gente la verdad. La ley traerá capitales a la provincia y dará más empleo. No se puede solamente leer encuestas y seguir los consejos de asesores en comunicación política”, agregó otro dirigente kirchnerista con un cargo a nivel nacional. “Sólo escucha a su gurú (el cordobés Mario Riorda); no está a la altura de las circunstancias”, añadió la misma fuente para blanquear por qué la Nación se enojó con uno de los gobernadores que más fieles se habían mostrado con la presidenta Cristina Fernández.
“Los gobernadores, con sus dichos, han rayado con la irresponsabilidad. No se pueden hacer los guapos en sus provincias y después venir a Buenos Aires a pedir ayuda. De ninguna manera eso es tolerable”, agregó la misma fuente, quien apuntó contra “funcionarios de Pérez” que no quieren perder “sus curros” y defienden a Emesa, la empresa provincial de Energía, que “no tiene resultados positivos que mostrar”, a diferencia de la neuquina GyP, que ha dado muchos éxitos al gobernador Jorge Sapag.
En este contexto, los gobernadores petroleros sancionados por la Nación buscan reactivar el diálogo con Galuccio y la Casa Rosada. Pérez, Sapag y Buzzi decidieron el jueves pasado este acercamiento, pero no todos tienen expectativas de una solución amigable. Ese mismo día, el mendocino se juntó con Galuccio para tender un puente y regresó a Mendoza esperanzado.
El día clave para saber si los contactos de Pérez con Galuccio y sus intentos por reencauzar el diálogo han sido fructíferos será mañana, cuando las cuatro provincias castigadas por la Nación puedan constatar si se les descontó, del goteo de la coparticipación, la porción de la deuda total (160 millones para el semestre en curso, en caso de Mendoza) que tienen con el Tesoro y que quedó afuera del Programa de Desendeudamiento.
En la Casa de Gobierno provincial, todos tienen expectativas en que esto no ocurrirá y que en las próximas semanas Mendoza podrá firmar la prórroga trimestral que el jueves suscribieron 13 distritos con Cristina Fernández.
Neuquén, la más dura en la puja con la Nación
Neuquén es el eje de toda la pulseada porque tiene el 70% de Vaca Muerta y porque es la única de las provincias petroleras que no es manejada por el kirchnerismo. Además, GyP, la petrolera estatal neuquina, es vista por YPF como un competidor ya que viene teniendo un gran crecimiento desde hace cinco años y logra atraer inversiones por sí sola.
En la Nación saben que si Sapag y el Movimiento Popular Neuquino no aceptan la futura ley, ésta podría ser rechazada por la Legislatura de esa provincia y no entrar en operatividad justo en el territorio donde están las principales reservas de gas no convencional.
Por otro lado, Sapag ya dejó saber a la Nación que, de aprobarse la ley tal como quiere Galuccio, su provincia pedirá la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema y esto espantará a los inversores que la Nación intenta atraer bajando los impuestos que cobran las jurisdicciones provinciales y acotando su participación.
En tanto Buzzi, presidente de la Ofephi, también se muestra más beligerante que Pérez pero, a diferencia de Sapag, no tiene el control político de su Legislatura y el kirchnerismo ya lo amenazó con pedir su juicio político.
Ayer, el presidente del PD, Richard Battagión, mantuvo una comunicación telefónica con el ministro de Energía neuquino, Guillermo Coco, quien le expresó -según un comunicado difundido por los demócratas- que “Neuquén mantiene y mantendrá su posición firme frente a la Nación respecto de la nueva ley que impulsa Galuccio. Sólo nos sentaremos a una mesa si aceptan nuestras modificaciones. Las presiones a las que nos someten sólo nos fortalecen”.
