Después de 18 meses consecutivos con cláusula gatillo, los empleados estatales no recibirán un aumento con el próximo sueldo que cobrarán el viernes 28. Es que a fines de enero cobraron el último incremento de la paritaria 2019 y hasta que no se abra una nueva mesa de negociación entre los gremios y el Gobierno, sus haberes permanecerán congelados porque desde el Ejecutivo provincial ya adelantaron que no darán ningún bono ni compensación con el sueldo de febrero.
"No está previsto un bono ni nada que se le parezca. El tema salarial se va a discutir en el ámbito paritario como corresponde", explicó a Los Andes el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.
Adelantó que la discusión con los gremios está prevista para los primeros días del mes que viene. "Vamos a abrir las paritarias antes del 10 de marzo. Primero queremos tener el Presupuesto 2020 y después convocar a los sindicatos. Todo eso lleva un tiempo porque hay que notificarlos y cumplir una serie de pasos que establece la ley", señaló el funcionario de Rodolfo Suárez.
En los últimos dos años los sueldos de los trabajadores del Estado subieron a la par de la inflación. En la paritaria 2018 -que cerró en diciembre del año anterior- la mayoría de los gremios acordaron un aumento de 15,7% en tres tramos. El porcentaje correspondía a la inflación proyectada en el Presupuesto de 2018.
En esa misma paritaria irrumpió en escena la cláusula gatillo que, básicamente, permitía un ajuste automático de los haberes en el caso de que la inflación superara el porcentaje anual acordado entre las partes.
Los primeros meses los incrementos fueron escalonados pero en julio de 2018 la inflación acumulada llegó al 16% y el entonces gobernador Alfredo Cornejo salió en persona a anunciar que así se activaba la cláusula, por lo que se aumentaría 0,3% los sueldos a los estatales con el haber de agosto (porque se paga a mes vencido). Para ese entonces, los trabajadores de Ampros (profesionales de la salud) habían alcanzado una suba salarial del 20% porque habían arreglado un incremento salarial mensualizado de acuerdo a la inflación de la DEIE.
Ése fue el inicio de 18 meses (un año y medio) de escalada salarial a la par de la inflación para los estatales mendocinos, ya que en la paritaria 2019 (que se firmó en diciembre de 2018) los gremios volvieron a cerrar acuerdos similares con el Gobierno, pero esta vez varios, como los mayoritarios Ampros y el SUTE, lo hicieron con incrementos automáticos mes a mes. Ese esquema terminó con el sueldo de enero de este año, el último que cobraron hasta ahora.
Fueron dos años en los que los haberes de los empleados públicos no perdieron contra la inflación. En 2018 la suba total fue de 49,5% y en 2019 alcanzó el 54%.
El dinero de los sueldos
Estos incrementos consecutivos, producto de la cláusula gatillo, también repercutieron en las arcas del Estado y llevaron a que el actual Gobierno ya haya descartado volver a negociar con este esquema las paritarias 2020.
Según la ejecución presupuestaria que publica mes a mes el Ministerio de Hacienda de la provincia, la partida destinada a Personal en el apartado de Erogaciones Corrientes prácticamente se ha duplicado en el período que va desde agosto de 2018 a enero de 2020. En tan sólo 18 meses, el monto destinado al pago de sueldos pasó de 3.207 millones a 6.151 millones de pesos. Un gasto impensado para el Ejecutivo provincial, confiado en que el gobierno nacional en algún momento iba a contener la inflación.
De hecho, al inicio de la gestión Cornejo los funcionarios que tenían a su cargo la negociación salarial con los gremios estatales criticaban duramente las paritarias que había firmado Francisco Pérez en 2015, acordando un 35% de suba salarial. "Arrancamos en 2015 con una subsecretaría de Trabajo sitiada por los gremios. Ellos ponían las condiciones y el Gobierno no hacía más que acceder a los pedidos de los gremios sin alguna razonabilidad. Eso llevó a que se acordaran incrementos imposibles de pagar", dijo el por entonces miembro paritario y hoy intendente de Capital, Ulpiano Suárez, tras cerrar el acuerdo del 15,7% en 2018, sin imaginar que la inflación y la cláusula gatillo llevarían a triplicar ese aumento.
Después de revisar el contexto nacional y reconocer que caía la recaudación mientras crecía la erogación en salarios, Cornejo se arrepintió de haber dado luz verde a este mecanismo de aumentos automáticos. "La cláusula gatillo fue un error que hizo polvo a la mayoría de las provincias", dijo en medios de Buenos Aires a los pocos días de terminar su gestión.
En el mismo sentido había advertido Suárez durante la campaña electoral, asegurando que si ganaba las elecciones iba a revisar su aplicación. "La cláusula gatillo es insostenible en el tiempo. Con los niveles de inflación esa cláusula va a terminar perjudicando al propio trabajador estatal", dijo en octubre de 2019.
Después de la asunción del Gobierno su postura se profundizó y por eso ahora está descartada, aunque los sindicatos la consideren un “derecho adquirido”.
El Gobierno no ofrecerá gatillo
Desde Casa de Gobierno aseguraron que antes del 10 de marzo se abrirán las paritarias porque así lo acordaron con los gremios durante una serie de reuniones los primeros días de febrero.
Ahí se conocerá cuál será el ofrecimiento que hará el Ejecutivo, del cual no adelantaron detalles. "La cláusula gatillo culminó, terminó con el acuerdo de 2019. A la mesa de negociación llevaremos una propuesta. Ahora estamos evaluando, trabajando y analizando que hay que mantener el equilibrio entre ingresos y gastos", indicó el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.
Con respecto a los incrementos que se acuerden, tampoco se sabe si serán retroactivos al mes de enero. "De acuerdo a lo que negociemos veremos si corresponde y cuál será la retroactividad", dijo el funcionario de Suárez.
Por su parte, los sindicatos insistirán en mantener los sueldos a la par de la inflación. "Vamos a pedir una recomposición salarial del 25% por la pérdida en años anteriores y la indexación mes a mes", indicó el titular del SUTE, Sebastián Henríquez, tras salir del plenario que realizaron los docentes el viernes.
Además, el titular del gremio señaló que el próximo miércoles 26 de febrero (día en que se inician las clases) se movilizarán para pedir la apertura de paritarias. Además, montarán una carpa frente a la Legislatura para exigir más presupuesto para educación en la provincia.
