El Gobierno Nacional está entrampado en medio de promesas electorales, fuerte dogmatismo y una realidad cruda de una economía con alta inflación, prolongada recesión y una deuda que devino insostenible por el efecto combinado de elevado gasto público, tasas impositivas cada vez más altas y escasez de divisas debido a la salida de capitales que no confiaban en las posibilidades de cobrar.
Ante ese panorama, el Gobierno anterior ya había fijado un cepo cambiario y este otro elemento que limita las posibilidades del Gobierno de operar. Aunque suena coherente, afirman que quieren fomentar las exportaciones y limitar las importaciones, pero mantienen un tipo de cambio atrasado y ponen retenciones a las exportaciones. Ya lo dijimos en estas líneas unos meses atrás: se están pegando un tiro en el pie.
Datos conocidos esta semana revelaron que, en enero, el Gobierno tuvo un déficit primario superior a $ 3.000 millones, como consecuencia de haber aumentado el gasto un 50%. El Ministerio de Economía explicó que fue producto de las políticas sociales implementadas y se reveló que del total del gasto, 67% fue destinado a prestaciones sociales.
El Gobierno de Alberto Fernández se encontró entrampado en un sistema indexatorio que crecía como un virus y se estaba consumiendo todo, mientras el Estado emitía moneda para pagar intereses de las Leliq. Con estas dos cosas el gobierno mismo generaba inflación pero, además, la alentaba, como quien quiere apagar un incendio con nafta.
Hoy en la búsqueda de la indexación, para frenar la inercia inflacionaria, tomó primero la fórmula de ajuste de jubilaciones, también atacó el régimen especial de la Justicia y los diplomáticos, pesificó las tarifas de generación eléctrica y, seguramente, buscarán fórmulas que despeguen las tarifas del dólar y de la inflación.
No obstante, el gasto sigue aumentando y el Gobierno se siente presionado para encontrar una fórmula para mostrar a los acreedores que podrá pagar la deuda, pero equivoca el camino. La deuda será pagable si hay superávit fiscal, pero Guzmán prometió déficit hasta 2025, y así ni siquiera consigue financiamiento en pesos. Por eso debe emitir y termina presionando sobre la inflación, que no consigue frenar con los anabólicos, como Precios Cuidados.
Inflación y nivel de actividad
El problema de los aumentos de los precios venía como parte de una inercia inflacionaria del gobierno anterior, donde los elementos que lo alimentaban eran algo de emisión monetaria, la indexación de las tarifas en pesos y dólares y la caída de la demanda de pesos por la desconfianza que generó una corrida al dólar.
Los datos oficiales están mostrando una preocupante suba permanente en el rubro alimentos y bebidas y nadie pude explicar las razones, ya que la demanda no crece pero se mantienen estables las variables que, tradicionalmente, hacían subir los precios, como el valor del dólar, las tarifas y hasta han bajado las tasas de interés. Hoy los bancos están saturados de pesos pero nadie quiere tomar préstamos y las entidades terminan colocando los excedentes en Leliq en el Banco Central (BCRA).
Según un relevamiento que publicó Los Andes esta semana, los precios de los alimentos en Mendoza tuvieron un aumento promedio del 8% en los primeros dos meses del año y los compradores se quejan de que verifican aumentos constantes en cada visita al supermercado. Los datos oficiales están marcando la misma tendencia.
Algunos argumentan que, dado que no hay razones aparentes que los justifiquen, son aumentos atrasados que en su momento no se pudieron aplicar. Otros entienden que son aumentos especulativos de las empresas que han experimentado una mejora en la demanda por efecto de algunos aumentos que recibieron jubilados y la tarjeta alimentaria, y prefieren aumentar precios antes que aumentar producción.
El problema más grave es poner en marcha la economía con medidas consistentes que generen confianza. La falta de confianza es lo que produce todos estos movimientos que se pueden llamar especulativos o ejercicios de sobrevivencia, pero lo cierto es que, según datos oficiales, siguen cayendo las ventas minoristas, aunque han mejorado las ventas mayoristas.
Ahora, en su afán de mejorar la caja, el gobierno no plantea baja de gasto, salvo una magra disminución si se corrigen las jubilaciones de jueces y diplomáticos, pero quiere seguir aumentando ingresos y planea un aumento del 10% en las retenciones a las exportaciones de soja, justo en el momento en que cae el precio internacional del grano.
Todas son medidas tomadas ante el fracaso de los canjes de deuda en pesos, donde el gobierno tiene serios problemas para convencer a los inversores, quienes se mantienen expectantes de la refinanciación de toda la deuda. Por eso no quieren hacer nuevos préstamos a la Argentina.
El problema grave es el volumen del gasto público en la Nación, provincias y municipios. Para que la economía se reactive es necesario bajar impuestos y la única forma de hacerlo es bajar el gasto en términos reales. Pero no sólo no bajan impuestos sino que se aumentan, lo que agrava más la situación. Si se permite una reactivación, el gasto bajaría en su proporción del PBI, pero nadie del sector público está dispuesto a nada y el sector privado ya no puede hacer más. En este trance, la clase política está haciendo un país inviable.
