En Argentina se puso de moda últimamente hablar de Riesgo País en materia económica. En Mendoza lamentablemente, según la realidad que se vive diariamente, también podemos mencionar cifras puntuales del delito que marcan una preocupación constante, lo que denomino “Riesgo Mendoza”.
Homicidios, violencia de género, abusos sexuales, robo de automotores, hurtos, robos agravados, entre otros tipos delictuales, se ven incrementados en nuestro territorio no solo por la estadística, sino por el impacto en la gente que causa en distintos barrios de nuestra provincia. Mi visión crítica constructiva me lleva a marcar falencias constantes en diferentes áreas que abarca el Sistema de Seguridad, aunque también reconozco aciertos en algunas decisiones. Existen errores en cuanto al recurso humano y su contención en general. Pongo de ejemplo los casos en cuanto a los partes de enfermo y enfermedades catastróficas, cuyo criterio depende de la relación personal con sus superiores (simpatía o enemistad) de los descuentos salariales y el criterio aplicable. Otro desacierto es disminuir en dotación y jerarquía la actual Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, creada en 2012 como Dirección General con más de 300 efectivos, hoy no alcanzan a 200 efectivos. Desde su creación y puesta en funcionamiento fue elogiada por varios países por su profesionalización y concreción de casos complejos por el cual tuvo intervención exitosa.
En cuanto a la Inteligencia Criminal, Investigaciones, operativos y controles sorpresas en los límites interprovinciales, desbaratamiento de bandas delictuales antes de que actúen en contra de nuestra sociedad, sigue siendo materia pendiente en gran parte de los denominados “barrios calientes” o “zonas rojas”. La información es una de las mejores formas de prevenir un posible delito, para eso se necesita personal altamente capacitado y en cantidad suficiente.
Como aciertos veo un avance en cuando a la adquisición y modernización de tecnología, renovación del parque automotor, control de gastos corrientes, adquisición de chalecos antibalas, armas, municiones, capacitación y modificación curricular del Instituto Seguridad Pública, entre otros.
Párrafo aparte merece el avance en propuestas de modificación del Código Procesal Penal en cuanto a excarcelaciones, el Juicio por Jurados, Régimen de Ejecución de la Pena más rígido, trabajo en cárceles, entre otras, el cual en su momento, hace varios años atrás, fueron plasmados en proyectos de ley de mi autoría y conjunta, con miembros de otros partidos, en el paso que tuve como legislador y presidente e integrante permanente de la Bicameral de Seguridad Publica, por cierto comisión casi desaparecida del ámbito que le compete de control y seguimiento de las políticas de Seguridad de la Provincia. Ya casi nada se sabe de su actividad, el cual me valió distintos “motes” como de “mano dura”, entre otros “elogios”, por parte del actual oficialismo y de algunos sectores de mi propio partido.
Por ultimo propongo elaborar entre los partidos políticos con representación parlamentaria una verdadera política de Estado en Seguridad, sobre temas que deberíamos proyectar por los próximos 20 años, gobierne quien gobierne, en materia de recursos humanos, tecnología y su modernización permanente, capacitación, entre otros.
La seguridad no es para un partido político y su gestión, debe ser para toda la ciudadanía que pretende vivir en paz y armonía.
