Una mujer peruana vive hace 27 años en una cárcel sin haber cometido ningún delito. Se trata de Juana Lazo, de 74 años, quien vive en el penal de Lurigancho en Perú. “Estoy encarcelada sin ser delincuente”, confesó la mujer, quien necesita autorización policial para entrar y salir de su casa, además de ser revisada cada vez que lo hace.
En 1996 se decidió expandir la cárcel y enrejar el predio de la misma. La casa de Juana quedaba en esa zona, por lo que la rodearon y quedó dentro del predio de la prisión. De acuerdo al testimonio de la mujer, esto fue en venganza luego de testificar contra la Guardia Republicana tras haber sido testigo de la muerte de ocho presos y una monja en las inmediaciones de la prisión.
“Yo di mi testimonio al fiscal Mario Miranda y les dije que la Guardia Republicana había disparado. En ese momento, ellos gritaron que el cerro y mi casa debían desaparecer y demoler, me amenazaron”, contó en diálogo con el diario peruano La República. En ese sentido, explicó que en el plano original el cerco no iba a incluir su vivienda pero su testimonio hizo que cambiaran los planes y se tomara una represalia contra ella.
“Quiero que me indemnicen por todo lo que me han hecho. No pido reubicación porque estoy segura de que me mandarían a los quintos infiernos”, afirmó Juana en busca de alguna solución a esta tormentosa situación que vive hace más de dos décadas.
La vida en el penal: sola, delicada de salud y sin poder recibir visitas
Juana tuvo que criar a sus hijos allí, y los pequeños vivieron sus primeros años de vida en este particular contexto. Ni bien pudieron, se fueron y Juana quedó viviendo sola. Su casa queda encima de una colina y la mujer debe subir 250 metros para llegar a ella, lo que cada vez es más complicado debido a que padece de osteoporosis. “No he recibido ningún beneficio, espero que a la brevedad me indemnicen. Con el tiempo, no podré subir alturas, estoy delicada de salud”, argumentó.
También comentó que no puede recibir visitas por la cantidad de trabas que les ponen. Y se quejó diciendo que hasta los presos tienen visitas.
Hace 56 años Juana vive allí, ya que es lo único que le dejó su padre, quien trabajó como jefe de mantenimiento del penal durante los años ‘70. La mujer sufrió varios intentos de desalojo pero nunca pudieron concretarse porque ella posee documentos que avalan su propiedad. Ahora, busca recibir una compensación, objetivo para el cual contrató a un abogado.
“Me han robado siete veces dentro del penal. Yo necesito estar tranquila porque sufro de epilepsia, hasta los médicos me los han dicho. No es dable que a mi edad tenga que pasar por denuncias y calumnias. Por eso le pido a las autoridades que reflexionen y ya no me hagan pasar por esto”, concluyó Juana.
