Cinco días después del paro general de la CGT, el gobierno de Mauricio Macri volverá a sufrir hoy una medida de fuerza nacional. Esta vez, de los docentes, como consecuencia del desalojo a maestros y sindicalistas efectuado el domingo a la noche en la plaza del Congreso. La Ctera convocó a la huelga para repudiar el accionar policial y en un contexto en que 18 de los 24 distritos permanecen con conflictos paritarios abiertos y miles de escuelas en el país aún no iniciaron las clases, que debieran haber empezado hace 42 días.
En el Gobierno critican que el paro nacional docente se convoque con el único fin de repudiar la represión policial. "Estas decisiones intempestivas perjudican a los chicos. Una vez más se elige el aula vacía (para protestar)", se quejó el ministro de Educación, Esteban Bullrich, tras enterarse de la medida de fuerza.
El funcionario criticó a los sindicalistas al considerar que convirtieron un inconveniente local, que tuvieron con el Ministerio de Espacio Público porteño, en un paro nacional. "No se trata de vaciar las aulas cada vez que tengo un problema. Estamos afectando la educación de nuestros hijos", bramó Bullrich.
El motivo del paro
“Esta medida la hemos dispuesto porque no vamos a permitir que se reprima a los trabajadores y a trabajadoras. No se toca a un maestro, a un trabajador, no se reprime una protesta social. No vamos a convalidar en silencio la represión”, explicó Sonia Alesso, líder de la Ctera, en una conferencia de prensa.
Tras este anuncio, el líder del SUTE, Adrián Mateluna, indicó que el gremio se adherirá al paro "en contra de la violencia que se viene aplicando a los trabajadores en función de querer disciplinarlos".
El domingo, en la plaza del Congreso, un grupo de sindicalistas y maestros intentó montar una Escuela Itinerante, una estructura similar a la Carpa Blanca que los educadores públicos mantuvieron entre 1997 y 1999 para reclamarle al gobierno de Carlos Menem mejores salarios y condiciones de trabajo. La Policía Federal lo impidió mediante un violento desalojo en el que utilizó gas pimienta y se produjeron forcejeos y golpes.
En los últimos días los gremios habían decidido abandonar las huelgas como método de protesta en medio de las negociaciones salariales, porque estaban perdiendo adhesión entre los docentes, con la amenaza permanente de las autoridades provinciales de aplicar descuentos sobre los salarios por los días sin trabajar.
Por eso decidieron montar la Escuela Itinerante como forma de protesta. Pero en el Gobierno porteño indicaron que para instalar tal estructura en la plaza del Congreso no tenían la autorización correspondiente.
Oposición dividida
El desalojo policial fue repudiado por toda la oposición, que sin embargo se mostró ayer dividida sobre las acciones a tomar para ofrecer soluciones desde el Congreso: el massismo, por un lado, y el kirchnerismo y el trotskismo más algunos monobloques, por el otro.
Por separado, anunciaron que pedirán una sesión especial para el miércoles de la semana que viene con el fin de tratar proyectos sobre la problemática educativa.
Si se une, la oposición sí reúne el quórum para iniciar la sesión pero no tiene los dos tercios para aprobar en el recinto proyectos que no tengan dictamen de comisión. De modo que las chances de aportar soluciones legislativas concretas al conflicto docente son remotas.
Para esa eventual sesión especial el Frente Renovador propone aprobar una iniciativa que establezca una mesa de diálogo entre el ministro Bullrich, los gremios con representación nacional y los diputados.
El trotskismo, por su lado, pretende que se discutan proyectos de ley para “redefinir la responsabilidad del Estado nacional en la educación”, según dijo el diputado del PO Néstor Pitrola, quien cuestionó la provincialización del sistema educativo concretada durante el menemismo.
Un tercer grupo de opositores brilló por su ausencia: el Bloque Justicialista (que lidera Diego Bossio) y Progresistas (Margarita Stolbizer, los socialistas y Libres del Sur) no fijaron posición. En cambio, el Movimiento Evita anunció que apoyará la sesión especial.
Ayer Massa le reclamó al Gobierno que "se deje de hacer política con el conflicto docente" pero no criticó el desalojo policial a los docentes. En cambio, el presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ de Diputados, Héctor Recalde, afirmó que "pareciera ser que la consigna del Gobierno es el terror. Leí por ahí que este modelo no cierra sin represión. Yo diría que no cierra ni con represión", aseveró.
Defienden el desalojo
El gobierno nacional y el porteño justificaron el accionar policial para desalojar a un grupo de docentes que intentó instalar una “escuela pública itinerante” frente al Congreso y negaron que haya habido represión como denunciaron los gremios de maestros.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que con "racionalidad y equilibro se está trabajando para hacer cumplir la ley" y afirmó que si los docentes querían ocupar el espacio público debieron pedir "la autorización pertinente" como lo hizo la agrupación H.I.J.O.S. en Holanda para manifestarse contra el presidente Mauricio Macri.
“Si se va a instalar algo en un lugar público, lo que hay que hacer es requerir la autorización pertinente y no hacerlo de un modo clandestino a la madrugada”, agregó el funcionario nacional en declaraciones a radio La Red. Asimismo, subrayó que es "importante, en definitiva, que se cumplan con las normas ya sea para instalar una carpa o hacer una manifestación".
El vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que las fuerzas de seguridad intervinieron porque los docentes de Ctera "no habían solicitud el permiso formal" para utilizar el espacio público e instalar una estructura a modo de "escuela itinerante" frente al Congreso. "La policía actuó de manera defensiva ante un grupo minúsculo que produjo provocaciones, empujones y demás", aseveró.
Santa Cruz acumula 20 días de huelga
El gobierno santacruceño suspendió la audiencia de conciliación obligatoria prevista para ayer con los gremios docentes Adosac y Amet porque “ellos rechazaron la convocatoria”, dijo el secretario de Trabajo, Teodoro Camino.
La conciliación obligatoria fue dictada la semana pasada por la secretaría de Trabajo provincial para intentar encauzar el conflicto docente, que ayer cumplió 20 días de paro.
Los gremios Adosac y Amet rechazaron por mandato de asambleas la convocatoria, pero los dirigentes de ambos sindicatos se presentaron a la audiencia de conciliación y al llegar encontraron la secretaría de Trabajo cerrada. Los gremios docentes reclaman un salario para un cargo base de 20.500 pesos, hoy en 16.500 pesos. El gobierno de Alicia Kirchner propuso en paritarias un incremento equivalente al 3 % del salario.
