Tras una semana de manifestaciones en las calles y rutas de distintas zonas de la provincia, el gobernador Rodolfo Suárez -con el respaldo de todos los intendentes, oficialistas y del peronismo- decidió pedir la derogación de la ley 9.209, por lo que regirá el texto original de la 7.722 que prohíbe el uso de mercurio, cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería.
La convocatoria a los jefes comunales y referentes de la Legislatura fue muy rápida: ayer a la siesta recibieron la invitación a participar a una mesa de diálogo en la Casa de Gobierno. Cerca de las 18 empezaron a llegar los intendentes que subieron hasta el cuarto piso acompañados de sus asesores, aunque en la mesa que se dispuso en la sala donde habitualmente se hacen las conferencias de prensa, entraron sólo los jefes departamentales. Allí los esperaban el gobernador, el vicegobernador Mario Abed; el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez y el ministro de Economía y Energía Enrique Vaquié. También participaron los jefes de las dos Cámaras: por Cambia Mendoza, Alejandro Diumenjo, Andrés Lombardi y Jorge López; y por el PJ, Germán Gómez y Lucas Ilardo.
En la mesa sólo faltaron el intendente de Lavalle, Roberto Righi; Miguel Ronco, de Rivadavia, y Juan Manuel Ojeda, de Malargüe. Los dos primeros mandaron representantes (el secretario de Gobierno y el presidente del Concejo Deliberante, respectivamente); pero el malarguïno, que estaba en Chile promocionando la Fiesta de Chivo, no tuvo tiempo de enviar un delegado en su nombre por el poco tiempo para recorrer los casi 400 km de distancia que hay entre el departamento y la Ciudad de Mendoza.
Después de casi tres horas de diálogo, las puertas de la sala donde estaban reunidos el gobernador y el resto de los convocados, se abrieron para la prensa, que estuvo haciendo guardia durante varias horas en la Casa de Gobierno a la expectativa de los anuncios.
La foto que quedó fue fiel al slogan de la gestión de Suárez (gobierno de diálogo): una mesa en la que los dirigentes de las dos fuerzas estaban sentados intercalados y hablando. En ese popurrí, Fernando Ubieta (PJ), intendente de La Paz, quedó al lado de Suárez, a su izquierda. A la derecha, el vicegobernador Abed.
A los pocos minutos tomó la palabra el Gobernador y dijo casi sin preámbulos: "He tomado la decisión de enviar a la Legislatura la derogación de la ley 9.209 y la restitución del texto original de la ley 7.722 en todo el ámbito de la provincia".
Después agregó, entre los gestos adustos de los presentes: "El pueblo se ha expresado en las calles y lo hemos escuchado. No hay consenso social para la minería. Parece que 52% de los votos no es el consenso social. La máxima responsabilidad es que los mendocinos terminemos un año en paz".
Además, se mostró preocupado por las manifestaciones sociales que fueron ganando masivamente las calles. "Quiero transmitir tranquilidad para que cesen los cortes y las protestas. Que llevemos paz a nuestros hogares con la garantía de que el lunes se restablecerá todo".
En otra parte del discurso, Suárez se hizo cargo de la totalidad de las decisiones y de no haber tenido una mirada completa del panorama. Desde Casa de Gobierno aseguraron que no hubo encuestas ni mediciones de imagen en los últimos días y que la decisión de dar marcha atrás fue por un cúmulo de factores: marchas, pedidos de derogación de distintos actores y la falta de un referente único para negociar con los ambientalistas.
Después se abrió un breve espacio para las preguntas de los periodistas. El mandatario dejó en claro que no hará el llamado a un plebiscito para tratar el tema de la minería y que constituirá una mesa de desarrollo productivo de Mendoza a la que invitará a todos los actores sociales de la provincia. En este último punto hizo foco en Malargüe y en la demanda de puestos de trabajo genuinos.
