Contaminaciones
Tal parece que todo lo que se "politiza" o recibe el adjetivo de "político" se degrada, se desnaturaliza. Se enchastra (viejo término lunfardo) con una sustancia impura, pegajosa. En otro lugar hemos estudiado el asunto de la carga semántica que posee hoy el término.
Resulta ser que la política también ha terminado por contaminar a la Justicia argentina o, por lo menos, se ha despertado una indignada conciencia en torno del fenómeno. El grueso de la opinión pública y la clase política aborrecen la politización de la Justicia: creen que atenta contra el sacrosanto principio de la división y el equilibrio de poderes.
El sector de intelectuales progresistas cercanos al gobierno anterior mira con impostada suficiencia el procesamiento de ex funcionarios y allegados del kirchnerismo: el periodista Pedro Brieger sostiene que "la Justicia no es independiente, es subjetiva en absolutamente todos los casos", lo que lleva a preguntarse (más allá de la dialéctica mal expresada y rememorando el prejuicio marxista contra el concepto de justicia) si es que cree en algún tipo de justicia o piensa que estamos condenados a vivir en la arbitrariedad constante.
La pregunta por la justicia está en los albores de la reflexión sobre la política: Platón inicia su texto político más importante poniendo a Sócrates a dialogar con sus amigos sobre su significado. Se trata de una cuestión central de la política, sin la cual es imposible plantearse ningún problema relacionado con ella.
El concepto de justicia no es primariamente moral sino político. Impartir justicia es una de las tareas principales del poder: en los reinos antiguos se la ponía siempre junto a la función de defensa. “Defensa y justicia” es mucho más que un equipo recientemente ascendido a la primera división del fútbol argentino: sintetiza las tareas principales de todo gobierno.
El fundamento del orden jurídico
¿Quiere decir entonces que la Justicia como sistema de resolución de conflictos, como poder público, está subordinado al poder político, al gobierno? El asunto es complejo y requiere una explicación detenida.
Toda constitución fáctica de un poder político conlleva la tarea de imponer un orden: puede fundar uno nuevo o heredar el orden anterior. Ese orden se objetiva, se articula en reglas, instituciones, disposiciones, autoridades: se convierte en derecho.
Para que el derecho tenga vigencia el poder político se compromete a renunciar a la arbitrariedad de sus decisiones, a respetar ese orden. Se autolimita precisamente en virtud de que ese orden conviene al interés público y al bien común. En caso de que las circunstancias hicieran imposible la vigencia total o parcial de ese orden jurídico, el poder político se vería obligado a suspenderlo o modificarlo.
La legitimidad del orden jurídico está subordinada a la del orden político. No es que se “politiza”: toda justicia es política, todo derecho es político.
Ambos participan de la formación, la preservación y el fortalecimiento del orden político. Sostener que el derecho es un sistema independiente de la política o que (invirtiendo la relación) constituye el fundamento del poder político es propio de ideologías obsoletas, circunstanciales, de principios del s. XX, cuando los totalitarismos avanzaban y el edificio jurídico del orden liberal parecía sucumbir bajo ellos.
Cuando Aristóteles se pregunta si es mejor el imperio de la ley o el imperio de los hombres, está enfrentando (cosa que a muchos se les pasa por alto) una metáfora a una realidad: el imperio de la ley no es más que el imperio de los hombres que voluntariamente se someten a la ley. La ley no es una entidad que tenga una existencia o un poder independiente de los hombres.
Es erróneo pensar que el Poder Judicial no es político: en realidad es un poder político subordinado a los otros dos. Esa subordinación no es absoluta ni le impide un margen de decisión propio, con funciones específicas. De otro modo no sería propiamente político.
Adicionalmente, esa politicidad proviene de actuar como fiel de la balanza entre los otros dos poderes, equilibrando sus avances inapropiados o desequilibrando situaciones de bloqueo mutuo. Por eso los conceptos de división y equilibrio de poderes son muy inapropiados, fuente inagotable de equívocos. La mejor descripción de la relación entre poderes es el de articulación y cooperación mutua.
Justicia facciosa
Pero entonces ¿cuál es la causa del malestar en torno del desempeño de la Justicia, con su relación con los otros poderes? La función propia de Poder Judicial puede llevarse a cabo satisfactoriamente en la medida en que los otros poderes reconozcan límites que no pueden trasponer: son unos confines delicados, poco claros, muchas veces difusos, pero que deben ser constreñimientos operativos.
Cuando alguno de los otros poderes avanza sobre el Judicial, pretendiendo imponer lógicas e intereses propios, a la Justicia no se la politiza: se la faccionaliza, se la partidiza, se la reduce a la pugna facciosa por el poder.
Ésta es la lógica del populismo, que concibe a la política como una confrontación dual por el poder: el pueblo contra sus enemigos. Todo freno institucional, toda articulación que resista esta dinámica del conflicto dominante pasa a ser el enemigo, el adversario a batir.
Para el populismo, si alguno de los poderes públicos se niega a ser funcional a esta alineación binaria es necesario someterlo, suprimir su autonomía. Ésta ha sido una de las líneas de acción más marcadas del anterior gobierno: Brieger, pieza fundamental de la estructura de legitimación comunicacional del kirchnerismo, sabe bien de lo que habla. Formó parte de ese proyecto político.
Pero sería un error pensar que el descontento generalizado con la Justicia es exclusiva responsabilidad del anterior gobierno. Se trata de un sistema cuya declinación viene de mucho tiempo atrás. Con honrosas y meritorias excepciones, el Poder Judicial se debate entre la sumisión al Poder Ejecutivo, la defensa de intereses corporativos y la connivencia con poderes fácticos.
El problema de la Justicia argentina es precisamente que está despolitizada: no participa o se ha desentendido de las funciones vertebrales que le son propias.
¿Politización de la Justicia? No hay otra alternativa, si se entiende por política no la lucha por el poder sino la grave responsabilidad que supone el fortalecimiento del orden y la armonía de los ciudadanos y las instituciones; la defensa del interés público.
