Termina una semana trascendental en lo relacionado con el combate contra la corrupción en el poder que parece encararse decididamente en el país. Amado Boudou debió sentarse en el banquillo de los acusados por su vinculación en el caso Ciccone y, además, se notificó de otras citaciones e intimaciones dispuestas por la Justicia por otros casos que son investigados y en los que estuvo involucrado en su condición de ex funcionario y ex vicepresidente de las recientes gestiones kirchneristas.
Boudou estuvo cara a cara con los jueces en la primera audiencia del juicio oral y público por Ciccone junto a su socio José María Núñez Carmona y a Alejandro Vandenbroele, acusado de testaferro del ex número dos de Cristina Kirchner. Además, fue citado para el 30 del corriente por el juez federal Lijo por la acusación de falsificación de facturas en la rendición de viáticos por un viaje de tres días a Francia, en febrero de 2011.
Por otra parte, dos sociedades a él vinculadas fueron intimadas por la Inspección General de Justicia a raíz de incumplimientos en la presentación de balances contables en los ejercicios anuales a partir del año 2012, según la información periodística que trascendió.
La complicada situación de Boudou, una de las caras visibles de oscuros manejos que afectaron al kirchnerismo durante sus años de férreo poder político, se suma a los contratiempos que también tienen por estos días varias figuras más del ex elenco gubernamental, empezando por Julio De Vido, al que el juez federal Rafecas citó para diciembre por negociaciones incompatibles, en una de las causas abiertas por los negociados en el país de la empresa brasileña Odebrecht. De Vido ya tiene mucha exposición en el nuevo juicio por la tragedia ferroviaria de la estación Once, en el que está acusado como principal responsable del pésimo estado del material rodante que se incrustó contra un andén y dejó más de 50 muertos y cientos de heridos.
Esta extensa enumeración de causas trascendentes por corrupción e intimaciones que la Justicia encara con notable decisión sirve para que la ciudadanía tome conciencia de que, más allá de lo que cada fallo de los jueces arroje, lenta pero constantemente la sensación de impunidad de quienes delinquen bajo el amparo del Estado está siendo erradicada.
Si bien el traslado a los estrados judiciales de las causas por corrupción y sus responsables responde a un insistente reclamo de buena parte de la ciudadanía, no es menos cierto que esta saludable movida que parece querer instalarse en la Argentina obedece a la firmeza con que el actual poder político se pronunció desde el recambio institucional de fines de 2015.
Contrariamente a lo que los sectores políticos más involucrados en estas causas sostiene, no se trata de una persecución orquestada por la coalición gobernante, sino la consecuencia de un accionar judicial libre y seguro basado en el aliento y el respaldo político obtenidos desde la mismísima primera magistratura de la Nación para llevar a cabo su labor sin ningún tipo de presión.
Sin el esclarecimiento de por qué la Argentina sufrió tantos años la corrupción enquistada y el libre desempeño de mafias consolidadas en ámbitos partidarios, sindicales y empresariales, no habrá mejora institucional y al país le costará reinsertarse en un mundo que mira con esperanza los cambios, pero aún con desconfianza en sus dirigentes.
