La pelea por el tope salarial, para que ningún empleado del Estado cobre más que el gobernador, aún no termina. Hubo un fallo de la Suprema Corte referido a los salarios de afiliados de ATE, pero aún faltan dos causas por resolver. Una es la que presentó Ampros para resistir la ley de tope; la otra es un reclamo de varios funcionarios judiciales.
El gremio de profesionales de la Salud tiene 36 afiliados que cobran más que el primer mandatario. En el caso de los funcionarios judiciales hay 50 agentes equiparados a magistrados que cumplen funciones con responsabilidad que también perforan el techo del salario de Alfredo Cornejo. En total son 86 los que cobran más que el Gobernador (sin contar a los jueces y otros que no están alzanzados por la ley).
Tanto los profesionales de la Salud como los funcionarios judiciales tienen cautelares a favor, por lo que cobran sus salarios intactos hasta que la Corte dictamine sobre la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad o no de la ley de tope. En caso de que se considere constitucional, esos 86 empleados verían recortados sus salarios.
El fallo de la Corte del 25 de marzo, publicado por Los Andes el lunes pasado, fue moderadamente festejado en Casa de Gobierno porque, más allá del alcance nulo en cuánto a la cantidad de estatales alcanzados, la sentencia hace presumir que también podría ser favorable al Gobierno para los otros dos casos pendientes.
La historia del tope salarial empezó en setiembre de 2014 cuando la Legislatura sancionó la ley de tope salarial, para que todos los estatales cobrasen menos que el gobernador. Con esa norma, la 8.727, se intentaba reestablecer la pirámide salarial del Estado.
Esa norma fue resistida por los gremios: ATE, Ampros y Funcionarios Judiciales fueron a la Justicia. En el último caso su reclamo llegó a la Corte Suprema de la Nación. Además está el caso de los 50 equiparados ya mencionado.
En el Gobierno esperan que el fallo de Ampros salga a mediados de este año. Según el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez, ya está en etapa de alegatos de las partes, por lo que debería salir la sentencia en un par de meses.
Con respecto al caso de los equiparados, es menos optimista. "No creo que este año".
Palos a Pérez
Un clásico es pegarle al antecesor de Cornejo, Francisco Pérez. Suárez recuerda que antes de sancionar la ley de tope, Pérez se había subido el sueldo en la ley de presupuesto 2013, que se sancionó en diciembre de 2012. Efectivamente, en el artículo 64 de ese presupuesto se estableció que el sueldo del Gobernador se conformaría con un básico equivalente al doble de la clase 13 del escalafón del empleado público, adicional tiempo completo y dos ítems polémicos: 2% por cada año de antigüedad en el Estado y 30% por título universitario.
El funcionario recuerda también que lo primero que hizo Alfredo Cornejo al llegar a la Gobernación es modificar su salario, eliminando estos dos ítems. "En los fundamentos de la ley 8.832 indicábamos que en ese cálculo del salario había ítems de tipo variable que por su naturaleza implica que la remuneración puede cambiar según las condiciones que reúna el primer mandatario de turno". Esto significa que si llega a la Gobernación una persona sin antigüedad el salario baja, o si llega una persona sin título universitario también.
Más allá del resultado en las cuentas públicas, eliminar los ítems variables también sirvió para argumentar en las causas judiciales de los sindicatos. “Los gremios cuestionaban el tope en sí mismo y también el carácter variable del tope. Con la sanción de esa primer ley de Cornejo, se logró certeza sobre la remuneración”, dice Suárez.
Es decir, la eliminación de esos ítems no sólo fue una medida de austeridad. También fue un argumento legal para llegar a la sentencia de la Corte: la certeza de que el salario del gobernador se mueve sólo en función de la paritaria estatal: si sube la clase 13 de los trabajadores del Estado, sube el sueldo de Cornejo.
Las excepciones
El artículo 3 de la ley 8.727 establece que magistrados, fiscal de Estado, asesor de Gobierno, presidente y vocales del Tribunal de Cuentas, contador y tesorero de la Provincia, superintendente y consejeros de Irrigación son los únicos casos que pueden superar el sueldo del gobernador. En estas condiciones están 375 personas.
El artículo 4 indica que puede haber otras excepciones, individuales y sancionadas por ley. Cornejo lo hizo con la ley que autorizó al genetista Miguel Marino a ganar más que el gobernador por cumplir con sus funciones como director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. "Podríamos haberlo hecho pasar como funcionario judicial equiparado a magistrado para que cobrara más, pero elegimos ajustarnos a la ley y que la Legislatura aprobara el caso", dijo Suárez. Es que Marino depende del Ministerio Público Fiscal.
Esta excepción también es un argumento legal para ganar la causa judicial. La pregunta es si esas excepciones podrían extenderse. La secretaria gremial de Ampros, Claudia Iturbe, argumenta que en el gremio hay médicos que "tienen que tener buenos sueldos porque si no va a haber un perjuicio en la salud pública, ya que se van a ir a trabajar al ámbito privado".
Además, expresó que si bien el trabajo del gobernador tiene mucha responsabilidad, “lo que realiza día a día un neurocirujano infantil del Notti no se puede minimizar. Hay superespecialidades que las perdería el Estado con el tope”, acotó, y también dijo que hay algunos médicos especializados que tienen sueldos altos porque trabajan en zonas que no son el Gran Mendoza.
¿Habrá más excepciones legislativas? Es una posiblidad que también juega en los argumentos legales para lograr la constitucionalidad del tope salarial.
