Hay que agradecer a la minería que inició un debate sobre el uso del agua que ha sido muy enriquecedor. Ahora tenemos mucho más claro qué sectores usan más agua, para qué, por qué se derrocha con el riego a manto, lo caro que sale instalar el riego por goteo a un productor y la falta de financiamiento oficial para su implementación, como también la poca cantidad de canales sin impermeabilizar que hay en Mendoza. Habrá que poner más foco también en los derechos de riego y en las acciones del Departamento General de Irrigación y no descuidar los balances hídricos. Problemas viejos que siguen sin solucionarse pero que, gracias al debate minero, han tomado más visibilidad.
Una pena no haber visto nunca a ninguna de las agrupaciones en defensa del medio ambiente y del agua que se movilizaron en contra de la reforma de la ley 7.722, manifestarse en el Departamento General de Irrigación para que explique qué hizo para no caer en la emergencia hídrica y sequía ante cada pronóstico de escurrimiento que se daba.
Sin dudas el desafío es enorme y Mendoza deberá demostrar que los sistemas de control deberán ser un ejemplo.
Todos los gobernadores desde 1983 hasta 2007 inclusive se manifestaron a favor de la minería metalífera con mayor o menor intensidad.
Afirmaban que la actividad debía ser la hermana menor de la economía mendocina, se entusiasmaban enumerando los planes de inversión y los lugares en donde se podía avanzar con la explotación de los yacimientos.
El debate por suerte ha sido los suficientemente largo, amplio y enriquecedor. Ahora todos somos responsables de lo que suceda con la calidad y cantidad del agua.
