Sociedad
Para mañana se espera “tiempo bueno” en Mendoza: cuál será la máxima
hace 8 minutos
La ley ómnibus, que dispone el programa de reparación histórica para pagarle a jubilados y pensionados, fue aprobada en general en los primeros minutos de hoy. Pero, a raíz de la enorme cantidad de temas que se incluyeron en el proyecto, la votación en particular de los 97 artículos insumió más de tres horas y cuarto. De este modo, la norma recién fue sanciona en forma completa y girada al Senado pocos minutos antes de las 4 de esta madrugada.
El proyecto enviado por el Ejecutivo contó con el consenso del oficialismo, del massismo, del socialismo, del GEN, del bloque Justicialista referenciado en Diego Bossio, de los puntanos de Compromiso Federal y del interbloque Juntos por Argentina, más el ex gobernador de San Luis Claudio Poggi. También un puñado de diputados del FpV se sumaron como el sanjuanino José Luis Gioja y los misioneros Maurice Closs, Silvia Risco y Jorge Franco (los mesopotámicos ayer anunciaron que se van de la bancada K).
De este modo, la propuesta cosechó 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones, al cabo de un debate que se extendió por poco más de doce horas.
En la votación en particular, el oficialismo aceptó solo algunos de los cambios propuestos por la oposición. Uno de ellos fue no permitir que el Ejecutivo prorrogue la emergencia que se declara por tres años.
Consecuencias del caso López
La sesión estuvo atravesada por las chicanas en torno al caso del ex secretario K de Obras Públicas, José López, quien fue atrapado el martes intentando esconder 9 millones de dólares en un convento. Al inicio de la maratónica jornada, Cambiemos no logró el acuerdo del FpV para que la Cámara tratase una autorización a fin de que la Justicia pueda allanarle los domicilios a Julio De Vido, ex jefe de López, quien está investigado por enriquecimiento ilícito y frenó el avance judicial escudándose en sus fueros parlamentarios. Ayer, De Vido no asistió al Congreso.
Esta madrugada, el oficialismo aceptó hacer una modificación al capítulo de la norma que dispone un blanqueo de capitales con el fin de cobrar un impuesto especial a quienes declaren bienes ante el fisco para obtener fondos que ayuden a solventar el pago de los juicios a los jubilados y la reactualización de sus haberes (45% promedio).
Por ello es que Cambiemos acordó con el massismo sumar no sólo a los funcionarios de los tres poderes (de la Nación, provincias y municipios) a la prohibición de ingresar al “sinceramiento fiscal” sino que tampoco podrán hacerlo los cónyuges de ellos y sus hijos mayores de edad ya emancipados. La propuesta la hizo Felipe Solá y fue aceptada por el miembro informante del oficialismo, el macrista Luciano Laspina.
Pero el kirchnerismo votó en contra ya que Axel Kicillof reclamó que se incorporara a todos los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y a los contratistas del Estado. Esto no fue aceptado por Cambiemos.
El último gran cambio que se introdujo a la ley fue sobre el final del debate y sorprendió a la oposición. Cambiemos y el massismo pidieron modificar la Ley de Ministerios para que la Unidad de Información Financiera (UIF), que es la que debe prevenir el lavado de dinero, pase de la órbita del Ministerio de Justicia al de Hacienda. “Esto no sabemos por qué lo quieren hacer. Nos parece demasiado”, se quejó Kicillof. Toda la bancada K se fue del recinto y los pocos artículos que quedaban por votarse tuvieron aprobación por parte del resto de la Cámara Baja.
Chicanas
El debate, que duró doce horas, tuvo cruces de chicanas, en especial sobre el tema del blanqueo de capitales. El radical Mario Negri, jefe del interbloque oficialista, disparó contra el kirchnerismo. “Ustedes no llegaron para hacer un blanqueo, ustedes se fueron con un blanqueo porque no tenían de donde más manotear en plena crisis”, les dijo. “El pasado está a la vuelta de la esquina, no están metiendo en una segunda transición porque hay un quiebre moral en la Argentina”.
El kirchnerista Héctor Recalde, en su intervención previa, acusó al macrismo de intentar volver a las AFJP, como en los años ’90. “Esta reforma previsional es totalmente regresiva”, sentenció.
El peronista no K Oscar Romero también tocó el tema López. “No podemos estar contentos hoy ni tampoco hacernos los indiferentes. El peronismo es mucho más que los Báez y los López”, dijo con tono angustioso. La renovadora Mirta Tundis también apuntó ahí al cuestionar aspectos de la solución que la ley les brinda a los adultos mayores que no han litigado contra el Estado o que aún esperan sentencias. “Los jubilados no son como los que se roban millones, piensan que no tienen que hacerle juicio a su país", sostuvo. Margarita Stolbizer se sumó: “(Los jubilados) no son aquellos que van a poner la plata debajo de un colchón, o que van a ir a tirar la plata a un monasterio”.
Qué dice el proyecto que pasó al Senado
La propuesta de la Casa Rosada abunda en muchos temas. En primer lugar, dispone la “emergencia” por la litigiosidad judicial durante tres años. Para quienes hayan iniciado juicio y tengan sentencia, los haberes retroactivos se van a pagar en dos partes, 50% al contado y 50% en cuotas trimestrales que se irán actualizando por movilidad. Quienes hayan iniciado juicio, pero aún no tengan sentencia, podrán cobrar hasta un máximo de 48 meses retroactivos, también mitad al contado y mitad en cuotas. Los que no iniciaron juicios, pero tengan igual situación de derecho que quienes fueron a la Justicia, tendrán una actualización de sus haberes. Todos aquellos que acuerden, deberán renunciar a futuras demandas.
Además, la norma crea la Pensión Universal para el Adulto Mayor, equivalente al 80% de una jubilación mínima, para las personas que no tengan aportes suficientes para jubilarse y hayan cumplido 65 años. Por pedido de la oposición, se prorrogó por tres años la moratoria previsional para las mujeres. Así, haciendo aportes, podrán jubilarse a los 60 años.
En una tercera parte, la ley en tratamiento ratifica los acuerdos entre Nación y provincias por la devolución del 15% de la coparticipación. Por presión de los gobernadores se introdujo un nuevo artículo para garantizar que las Cajas de Jubilaciones provinciales tendrán asistencia automática de la Anses.
Uno de los títulos más debatidos en Diputados fue el que dispone el uso del Fondo de Garantía y de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para pagar el programa de reparación histórica. El massismo logró imponer que este fondo deberá tener entre un 7 y un 50% de su capital invertido en acciones. Pero el macrismo consiguió consenso para permitir la venta perforando ese piso en casos especialísimos. Se deroga la ley de Cristina Kirchner que ponía un cepo a la venta de esos activos.
Otro título debatido es el del blanqueo de capitales. Con él se busca cobrar un impuesto especial a quienes declaren bienes ocultos -dinero, inmuebles- en Argentina o en el extranjero para solventar el pago de los juicios a los jubilados. El gravamen va desde el 5 al 15% del valor del bien que se blanquee. Pero el “blanqueador” también tendrá la opción de suscribir bonos por el monto declarado y hacer inversiones de largo plazo en el país.
Pero paralelamente a este “sinceramiento fiscal”, la ley dispone una moratoria muy amplia para quienes no siendo evasores tengan deudas con el fisco. En este apartado se introdujeron dos “sorpresas”. El PJ dialoguista incluyó una moratoria especial para las provincias que no tienen caja de jubilaciones y han venido pagando por contribuciones patronales 10% en lugar del 17% que reclama la Afip. El radicalismo introdujo una moratoria especialmente dedicada a los productores agropecuarios de zonas que el Congreso haya declarado en “emergencia” por factores climáticos.
Otro apartado que “creció” fue el que dispone “premios” para los contribuyentes cumplidores. La norma enviada por Macri sólo contemplaba la exención de Bienes Personales entre 2016 y 2018. El massismo impuso que tampoco se pague Ganancias en el próximo medio aguinaldo.
La norma tiene también un capítulo donde se modifican tributos. Por ejemplo, se reducen las alícuotas de Bienes Personas y se suben los mínimos no imponibles. También hay cambios en el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que se deroga a partir de 2019. La eliminación de Bienes Personales no prosperó.
