El presidente Mauricio Macri firmó ayer un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para poner en marcha la extinción de dominio a fin de que la justicia pueda "recuperar más rápido y de forma más transparente" bienes procedentes del narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción.
El mecanismo que habilita el DNU presidencial que se publicará hoy en el Boletín Oficial consiste en que la justicia civil y comercial, en vez de la penal federal, pueda decidir la extinción de dominio de los bienes de una persona que haya sido imputada por la supuesta comisión de alguno de aquellos delitos.
El anuncio lo hizo el Presidente desde el Salón Blanco de la Rosada horas después de encabezar la segunda reunión de gabinete (la primera había sido el jueves pasado) después de sus 23 días de vacaciones y de su visita oficial a Brasil.
Se trató del primer anuncio de impacto político-institucional en el inicio del año electoral, sobre lo que desde el Gobierno parece perfilarse como uno de los dos ejes centrales de la campaña del oficialismo (la lucha contra la corrupción y la inseguridad), ante la ausencia de logros económicos.
Los detalles ante la prensa estuvieron a cargo de los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
En su discurso de menos de cinco minuto, el Presidente deslizó el interés gubernamental por apurar la extinción de dominio a través de este mecanismo, no sólo porque el Congreso no terminó de convertir en ley el proyecto enviado hacía más de dos años.
Entre los bienes pasibles de extinción, mencionó en último término "hasta las obras de arte, que se pueden subastar... para que los argentinos podamos terminar con los problemas que arrastramos hace décadas". En la "causa de los cuadernos", el juez federal Claudio Bonadío secuestró días atrás de la vivienda de la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner pinturas y otras obras de arte.
También la connotación político-electoral estuvo dada en una definición de Bullrich. Dijo que el DNU habilitará a la justicia civil y comercial a avanzar en la extinción de dominio "con una retroactividad de 15 años"; el período coincide casi con el inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Pero después una alta fuente de Justicia precisó que la retroactividad será de 20 años, es decir hasta el final del gobierno de Carlos Menem.
“Es plata de todos los argentinos que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para construir escuelas, jardines, espacios de primera infancia, rutas más seguras, obras para mitigar las inundaciones y también cloaca y agua potable a todas las familias”.
“No alcanza con condenar a aquellos que lideran estas bandas criminales, porque mientras ellos tengan recursos van a seguir operando. Por eso también hay que atacar su poder económico”, insistió Macri.
"Hoy la justicia penal tiene instrumentos para avanzar sobre estos bienes pero son muy lentos. Con este régimen de la extinción de dominio estamos dando un paso adelante para que la Justicia pueda además de condenar a los responsables del delito, también avanzar más rápido en recuperar esos bienes”, planteó. E insistió en que “los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina el que las hace las paga”.
Al respecto, Garavano explicó que el DNU contempla un proceso "enteramente civil" para decomisar los bienes y y detalló: "Asigna competencia al fuero civil y comercial federal. Pretendemos que la justicia civil pueda avanzar rápidamente independientemente de lo que suceda en la justicia penal". Bullrich, a su vez, aseguró que "en estos años de gobierno hemos decomisado 23 mil millones de pesos".
Según un paper al que tuvo acceso este diario, el decomiso (o extinción de dominio) se aplicará “una vez dictada en sede penal una medida cautelar sobre los bienes que provenían del delito”. También precisa que “será un juez el que resuelva si corresponde extinguir su dominio sobre los bienes, luego de un proceso ante la justicia civil, en el que el demandado goza de todas las garantías y posibilidades para probar si el bien ha sido adquirido con ingresos legales”.
Para los Diputados K, es un mamarracho
El jefe del bloque del Frente para la Victoria de Diputados, Agustín Rossi, cuestionó la determinación del Presidente de resolver la cuestión mediante un DNU en vez de que el Congreso sancione una ley.
“Los decretos de necesidad y urgencia están vedados para materia penal. El DNU anunciado por Macri involucra directamente cuestiones penales. La extinción de dominio es una penalidad más para los delitos que refiere. Por lo tanto es inconstitucional”, dijo el diputado nacional por Santa Fe en Twitter.
Resaltó que el mandatario tiene "nulo respeto" por el Congreso y que ejerce "un autoritarismo extremo".
“Hoy el FMI anunció una mayor contracción económica para la Argentina. Intentan tapar una nueva mala noticia con un mamarracho inconstitucional”, dijo Rossi.
Desde la vereda de enfrente, el jefe del interbloque Cambiemos de Diputados, Mario Negri, celebró la decisión al señalar que "la sociedad reclama justicia y ya no hay más margen para seguir dilatando las herramientas que le permitan al Estado recuperar los bienes que la corrupción, el narcotráfico y otros delitos complejos han logrado de forma ilegal".
“El DNU viene a agilizar el proceso ya que la oposición -el kirchnerismo y otras bancadas PJ no estaban dispuestas a avanzar o preferían darle fuerza de ley a la media sanción del Senado que es totalmente insatisfactoria. En nuestro ordenamiento jurídico los DNU tienen fuerza de ley”, dijo el diputado por Córdoba.
El DNU deberá ser debatido en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que se pronunciará sobre su validez, y después en los recintos de ambas cámaras del Congreso.
