En un tiempo, Venezuela fue de los mercados más lucrativos de América Latina para las empresas extranjeras, un país que rezumaba petróleo y había sido bendecido con una pujante clase media ansiosa de todo lo que fuera moderno, desde autos hasta pañales desechables de ajuste perfecto.
Pero los buenos tiempos se acabaron hace mucho y el jueves pasado, General Motors fue otra más de las muchas empresas extranjeras que cerró sus puertas en el país, ya sea de forma voluntaria o por coacción.
En el caso de General Motors, las autoridades venezolanas decomisaron la planta ensambladora de vehículos. El fabricante de autos más grande de Estados Unidos anunció que se había visto obligado a cerrar sus operaciones en Venezuela debido al “ilegal decomiso judicial” de sus bienes y que despediría a sus 2.700 trabajadores.
Esta medida se produjo en medio de las violentas protestas callejeras contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la profunda crisis económica impulsada por la onerosa deuda externa y la caída del precio del petróleo, que redujo la principal fuente de ingresos del país.
Pronunciada carestía
Los venezolanos ahora tienen que hacer cola para comprar pan y medicamentos y muchos están pasando hambre pues no reciben su salario, pues el gobierno está luchando para no caer en la suspensión de pagos. Pero la situación es muy dura para los negocios, nacionales y extranjeros por igual.
Las tensiones políticas, la corrupción, el alto índice delictivo, las restrictivas leyes de inversión y las interrupciones del servicio eléctrico hacen que concretar negocios en Venezuela sea como participar en una carrera de obstáculos cuya meta es la quiebra.
Han sido especialmente agobiantes las duras restricciones en materia de cambio de divisas, así como las repetidas devaluaciones del bolívar, la moneda nacional, lo que ha limitado la importación de mercaderías y piezas de maquinarias, al tiempo que se achica el valor en dólares de los ingresos de las empresas.
Gran parte -si no la mayoría- de los negocios se lleva a cabo con el gobierno y empresas propiedad del Estado, y las facturas tardan muchos meses en ser pagadas. Desde 1998, el gobierno ha expropiado 1.400 empresas privadas, según el departamento de Estado de Estados Unidos.
“Hoy en día, no hay país en América Latina en el que sea más difícil operar para una empresa”, asegura Luis Giusti, director general de Petróleos de Venezuela, la compañía petrolera nacional, que también trabajó para Shell Corp. de Venezuela. “Hay gran incertidumbre sobre el futuro de la economía y las empresas tienen que esperar largos períodos para recibir efectivo”.
Coca-Cola, por mucho tiempo una de las compañías más exitosas de América Latina, tuvo que suspender su producción el año pasado debido a la escasez de azúcar en un país que otrora fuera uno de los principales productores de la región.
Bridgestone, Clorox, Ford Motor Co., General Mills, Kimberly Clark yProcter & Gamble han salido de Venezuela o han reducido el volumen de sus operaciones en el país, en medio de la hostilidad política y una escasez general de las materias primas necesarias en los últimos años.
En el sector más vital de la economía, la producción petrolera, las compañías extranjeras que quedan apenas están resistiendo. Decenas de empresas de servicios petroleros, tanto extranjeras como nacionales, han sido expropiadas desde 1998, cuando fue elegido el presidente Hugo Chávez. Con el régimen de Chávez, el gobierno adquirió un interés mayoritario en cuatro gigantescas obras petroleras en 2007, lo que impulsó a Exxon Mobil y ConocoPhillips a dejar el país. Chevron decidió quedarse como socio minoritario en Petróleos de Venezuela.
Chávez, que murió en 2013, también nacionalizó una importante planta de inyección de gas manejada por Williams Cos., de Tulsa, Oklahoma, y le decomisó 11 pozos a Helmerich & Payne, otra importante empresa de servicios con sede en Oklahoma.
Pero no ha sido mejor la vida con Maduro, el sucesor de Chávez, especialmente desde que se empezó a hundir el precio del petróleo a fines de 2014.
Varias compañías extranjeras de servicios mantienen en el país un personal reducido, oficinas y equipo, como pozos, pese a que PDVSA no les paga, con la esperanza de que Venezuela recupere su tradicional lugar como principal productor de petróleo de Sudamérica.
A la espera de recambio
“Todo el mundo está esperando un cambio de gobierno, y esperemos que las empresas recuperen parte de las cuentas por cobrar que tienen pendientes”, afirma Jorge B. Piñón, ex presidente de Amoco Oil en América Latina. “No pueden darse el lujo de irse pues tienen intereses muy profundos en el país. No quieren embalar sus cosas para después tener que volver a embalar y regresar a Caracas.”
La situación política y económica está empeorando y ha hecho que muchas compañías analicen si se quedan o se van.
La medida en contra de General Motors ocurrió cuando la industria automovilística de Venezuela está prácticamente parada en medio de la inestabilidad política, los problemas con la divisa y el fracaso económico general del gobierno, que ha provocado violentas protestas en todo el país.
El año pasado, los fabricantes de autos vendieron tan solo unos 3,200 vehículos, mientras que en 2015 vendieron 17.000. Las plantas cierran durante varios meses seguidos por falta de demanda.
En una declaración, la división venezolana de General Motors anunció que había cesado sus operaciones en el país después de que su planta fuera “inesperadamente decomisada por las autoridades públicas, lo que impide nuestras operaciones normales”. Agregó que el gobierno había tomado otros bienes de la empresa en la planta, como los vehículos.
Excusa: un antiguo juicio
Los informes de los medios venezolanos hablaron de un decomiso a partir de una demanda que data de principios del siglo con una compañía de la ciudad de Maracaibo. Pero un vocero de la filial venezolana de General Motors indicó que la planta había estado cerrada desde hacía 42 días, cuando varios miembros de uno de sus sindicatos se apoderaron de ella.
El vocero agregó que General Motors le había pedido ayuda al gobierno para recuperar la planta pero el gobierno, en cambio, la decomisó. Precisó que ahora los miembros del sindicato sí pueden entrar, pero no así la gerencia.
“General Motors rechaza vehementemente las medidas arbitrarias tomadas por las autoridades y adoptará vigorosamente todas las medidas legales para defender sus derechos”, advirtió la empresa en una declaración.
