Dos temas ganaron la atención en la última semana: el primero está directamente relacionado con la industria y se refiere al planteo realizado por la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, que manifestó su molestia porque Mendoza no cumple con el porcentaje de mosto acordado y el segundo con la política, en razón de que, conocido el resultado de las PASO, algunos tienen la esperanza de que haya algún tipo de anuncio en el sector antes de las elecciones generales provinciales del 21 de junio.
Yendo por partes, cabría referirse en primer lugar al enojo sanjuanino. La Asociación de Viñateros de la vecina provincia salió con los tapones de punta y denunció que Mendoza sólo ha derivado 16 por ciento de las uvas a mosto, lo que equivale a unos 166 millones de litros de vino, sobre los 360 millones esperados.
“Esto va a permitir que subsistan excedentes vínicos, impidiendo la recuperación de precios de traslado y la uva de la próxima cosecha, comprometiendo otro ciclo en la rentabilidad del productor”, dice la entidad que lidera Juan José Ramos, mientras el titular de la Cámara Vitivinícola de San Juan, Angel Leotta, señaló por su parte que “el acuerdo (con Mendoza sobre el porcentaje a mosto) está para cumplirse y, si no es así, falla en su propósito de regular el volumen de vino en el mercado”.
Esa posición contaría con el aval del propio gobierno sanjuanino, donde se estaría evaluando interceder ante Mendoza para que el vino elaborado “fuera de convenio” sea intervenido y desnaturalizado, según señaló Ramos.
En este aspecto cabría hacer una aclaración. La vecina provincia tiene muy pocas hectáreas implantadas con viñedos de uvas finas, razón por la cual es “normal” que anualmente supere el porcentaje fijado entre Mendoza y San Juan para el destino a mosto. A diferencia de esa situación, Mendoza cuenta con un porcentaje mucho menor de uvas criollas y cerezas y por ello hay una fuerte elaboración de vinos de mejor calidad enológica.
De allí que en su momento se decidiera que habría una compensación entre los vinos exportados -en la gran mayoría de Mendoza- para reducir así el porcentual a mosto. Esa situación se ha venido repitiendo desde hace una década, pero salta ahora con mayor fuerza por la situación que vive la vitivinicultura en general. Además, obligar a alguien que ha realizado la reconversión hacia uvas finas a hacer mosto sería una verdadera injusticia.
De todos modos, hay entidades, especialmente de la Zona Este, que no están muy alejadas del planteo sanjuanino. Es el caso del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, que indica que “compartimos que algo hay que hacer con el volumen de vino que Mendoza debió hacer de mosto y en línea con esa preocupación proponemos que aquellos que no alcanzaron el 35 por ciento, cumplan con la diversificación inmovilizando una cantidad de vino equivalente y suficiente hasta cumplir el porcentaje y cuyo destino no sea el mercado interno”, mientras Gabriela Lizana, de la Asociación de Productores del Este Mendocino manifestó su malestar porque, según afirma, muchas bodegas les indican a los productores que derivarán el 35 por ciento a mosto, a pesar de recibir uvas finas y después compensan por exportaciones, “razón por la cual el productor resulta finalmente afectado”.
El resto, o más bien el grueso de la industria, considera que la industria tiene sus cartas ya jugadas y que el problema no se centra en el acuerdo en sí sino en aspectos que tienen que ver con la comercialización y las exportaciones. Destacan que se trata de dos vitiviniculturas distintas y que Mendoza realizó una fuerte diversificación hacia variedades finas.
Coinciden que es la propia industria la que debe trabajar para salir de la actual situación y por ello ya han decidido continuar con las reuniones de los sectores en la bodega Centenario. Expresan también que el objetivo es sacar esos 200 millones de litros que generaban el sobre stock y que en ese marco puede ayudar la posible disminución de la cosecha.
El plano político
El restante tema de conversación se centró en el resultado de las PASO y lo que pueda ocurrir hasta las elecciones del 21 de junio. En ese esquema se indicó que Alfredo Cornejo ha manifestado públicamente su preocupación por la situación de la industria, mientras su compañera de fórmula, Laura Montero, conoce del tema en razón de que fue ministra de Economía de la provincia.
Pero las mayores miradas se dirigen hacia lo que pueda suceder en el oficialismo. Destacan que si se liman las asperezas que existieron entre Francisco Pérez y el Gobierno nacional podrían llegar soluciones a corto plazo para la vitivinicultura. Destacan en ese sentido que existen antecedentes en las últimas semanas que llevan a esa posibilidad.
Expresan, por ejemplo, que a mediados de marzo el Gobierno nacional decidió crear un fondo de 2.500 millones de pesos para devolver parte de ese tributo a los productores chicos de hasta 700 toneladas de granos, que llegará a más de 46 mil productores de soja, maíz, trigo y girasol, que representan a 70 por ciento de los productores, pero que generan en escala productiva, sólo el 12 por ciento de la producción.
Ese fondo fue diseñado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, luego de un pedido de la Federación Agraria Argentina, entidad que, luego de la llegada a la presidencia de Omar Príncipe, en reemplazo de Eduardo Buzzi, encaró un acercamiento con el Gobierno y venía pidiendo una política diferenciada en retenciones. El Gobierno no accedió al pedido de segmentarlas pero, en cambio, como premio por no adherirse al paro de las otras entidades de la Mesa de Enlace, creó un programa que le reintegrará a los productores parte del impuesto.
La restante medida favoreció a los productores de peras y manzanas de Río Negro, a quienes se les postergó por cinco meses el pago de las retenciones por exportaciones y deberán devolver ese monto en tres años, con una tasa de interés de 15 por ciento anual. El hecho más claro de que se trató de una decisión política fue que el anuncio respectivo fue realizado por el senador nacional Miguel Angel Pichetto, candidato a gobernador por el Frente para la Victoria en Río Negro.
Con esos antecedentes en las manos, se supo que algunos dirigentes han mantenido contactos con funcionarios nacionales
-Aníbal Fernández sería uno de ellos- a los efectos de tratar de lograr algún tipo de beneficio que permita mejorar la competitividad de los vinos argentinos en el exterior y, de esa manera, "sacar" esos litros de vinos que están influyendo sobre los precios. "Vamos a ver si tenemos suerte en la iniciativa", dijo uno de los dirigentes consultado.
