El presidente, Alberto Fernández, reforzará el control de precios a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que le delegará la potestad de aplicar la Ley de Defensa de la Competencia a los municipios debido al coronavirus. De esta manera, éstos podrán penalizar a quienes no cumplan, facultad que hasta hoy no tenían. La intención del Ejecutivo Nacional es que, de esta forma, sea más eficaz el control de las subas de precios de los alimentos en los pequeños comercios durante la emergencia por el coronavirus.
Ahora se espera conocer la amplitud de la facultad que se les estaría otorgando para que, en caso de que sea necesario, se trabaje en un procedimiento específico adecuándose a la Ley Orgánica de Municipalidades y prever, allí, cuáles serán las sanciones y cómo se implementarán.
Desde las comunas mendocinas con administración peronista celebraron la medida y se mostraron a disposición. De hecho aseguraron que los controles ya se vienen haciendo y que esta herramienta les permitirá colaborar con el bolsillo de los vecinos. Por el lado del radicalismo, varios prefirieron no opinar hasta no conocer la "letra chica", aunque desde Capital y Malargüe se mostraron a favor de la medida.
El capitalino Ulpiano Suárez considera que "en tanto sea un aporte más que podamos hacer desde los gobiernos locales, vamos a cumplir. Si esto es para cuidar el bolsillo lo vamos a hacer".
Capital cuenta con un número aproximado de entre 25 y 30 inspectores y lo podría reforzar con personal de otras secretarías. Tampoco se descarta habilitar una línea telefónica única que permita a los vecinos denunciar incumplimientos.
El malargüino Juan Manuel Ojeda calificó la medida como "espectacular" aunque espera saber "bajo qué parámetros se va a hacer el control de precios" porque en el caso de Malargüe "no se pueden ajustar precios máximos como en Nación teniendo en cuenta el costo de transporte y demás. Sí pueden hacerlo los supermercado, pero no el almacenero".
Por el lado del justicialismo aprueban la idea del decreto, aunque también esperan que se controle a los intermediarios. Consideran que los fuertes aumentos vienen desde esos eslabones de la cadena y no del minorista que afronta la crisis y recibe los reclamos de consumidores.
"Antes podíamos clausurar un local pero no por aumento de precios, sino por sanidad u otra cosa. Los controles los hacemos con 10 inspectores, pero el problema no lo tienen los comercios sino los distribuidores que traen cara la mercadería. El control debería ser en la distribución de los alimentos", expresó Fernando Ubieta, jefe comunal de La Paz.
Flor Destéfanis, al frente de Santa Rosa, agregó que "el primer reclamo llega a la municipalidad, cuando los vecinos ven aumentos de precios nos llaman". En ese sentido aseguró que los precios han aumentado porque "me mandan fotos con ticket, recorrimos los comercios pero no podíamos más que avisar a Defensa del Consumidor y llamarles la atención. Esto es una herramienta más útil".
La Comuna reforzaría el cuerpo de 10 personas que conforman los equipos distritales para llevar adelante las tareas con personal que permanece inactivo debido a las normas sanitarias por la pandemia.
En Lavalle, Roberto Rigui destacó la medida considerando que "somos quienes estamos más cerca de los comercios y de los vecinos, es algo que podemos hacer y tenemos cómo hacerlo".
Desde la Municipalidad de Maipú comentaron que "es positivo que a los municipios nos brinden las facultades para realizar verificaciones, es una decisión que va a favorecer los controles y proteger al ciudadano en lo que respecta a precios".
"Acompañamos a la AFIP en la verificación a los supermercados del departamento. Y la semana pasada el intendente y legisladores nacionales ya habíamos realizados operativos conjuntos. Se busca coordinación con las áreas de fiscalización de otros municipios para aunar criterios y que la aplicación de los controles sea más consistente en toda el área metropolitana", explicaron.
