Las presiones para lograr la libertad de ex funcionarios vinculados al kirchnerismo que están presos por casos de corrupción invade prácticamente a todo el gobierno nacional y amenaza con deteriorar la imagen de sus principales exponentes.
La capacidad de asombro parece inagotable cuando aparecen en escena proyectos como el que presentaron senadoras identificadas con la vicepresidenta de la Nación que en caso de prosperar derivaría en la vigencia de un sistema por el cual una figura pública acusada de corrupción podría evadir la cárcel si los medios periodísticos dan información sobre el caso por el que se pone en la mira a dicho funcionario.
Es lo que se ha querido disfrazar como “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas, por el cual estas quedarían automáticamente anuladas si el periodismo diese difusión al hecho que pretende investigar una supuesta conducta delictiva en el ejercicio de la función pública.
Si bien desde el mismo entorno vicepresidencial buscaron despegar de la idea a la propia Cristina Fernández de Kirchner, el parentesco político de quienes se prestaron para tan grave iniciativa alienta cualquier sospecha.
Una vez más la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) debió salir a plantear cuestionamientos a esta reiteración de acciones que sólo buscan que los hechos de corrupción de la época kirchnerista no sigan su curso en la Justicia.
Dicha voz alerta sobre el nuevo intento por deslegitimar y limitar la función periodística de investigación, “central en las democracias modernas”. Es que la búsqueda de los hechos oscuros de la política ha permitido en todo el mundo sacar a la luz accionares que explican en muchos casos el uso de recursos públicos en beneficio de clases dominantes, entre las que se debe incluir, como en la Argentina de hoy, a sectores de la vida empresaria. Esa corrupción que, como hemos señalado muchas veces desde esta columna, circula como un cáncer por las entrañas del país.
Como bien señala Adepa, pretender que una investigación periodística sobre corrupción constituya un atenuante en la condición procesal de un acusado no sólo debe ser considerado como un disparate desde el punto de vista jurídico, sino que tiende a confundir en la ciudadanía los roles de la Justicia en un sistema democrático, lo que es más grave aún.
Finalmente, ¿por qué iniciábamos este editorial indicando que esta presión para beneficiar a investigados o juzgados por corrupción parece invadir a toda la estructura del nuevo gobierno?
Sencillamente porque esta alocada movida no se limita a los sectores del nuevo espacio oficialista más involucrados con el oscuro pasado reciente. El propio presidente Alberto Fernández hace pocos días volvió a alentar la idea de una supuesta guerra judicial encarada por el gobierno de Macri en contra del kirchnerismo que gobernó durante 12 años.
Si bien no habla de presos políticos, reitera el concepto de las detenciones arbitrarias, con lo que sustenta su acusación a su antecesor.
Y con ese argumento reinstaló con fuerza la idea de una profunda reforma en la Justicia argentina, que, en el mencionado contexto, hace temer en la idea de un revanchismo político que podría tener nocivas consecuencias.
