El derrotero de las políticas públicas para promover la “igualdad de género” o la “no discriminación contra las mujeres” ha seguido caminos sinuosos, tanto en Mendoza, como en Argentina.
Caminos tensados por los procesos de ampliación de los derechos humanos para las mujeres, las recurrentes crisis económicas que desplazan el foco de atención hacia la pobreza o a la represión de la protesta, la incansable presión de los movimientos feministas y de mujeres por ampliar los horizontes de sus reivindicaciones, y la ofensiva sistemática de los sectores conservadores, por mencionar sólo algunos.
Es a partir de la década de 1970, cuando los organismos internacionales comenzaron a considerar que las mujeres tenían un papel relevante en el “desarrollo” de las naciones. En este sentido la ONU, a través de una serie de conferencias y convenciones, instó a los gobiernos a dirigir políticas gubernamentales como instancias para mejorar la situación y promover el “adelanto” de las mujeres.
Entre estas conferencias, fue en la de cierre del Decenio de la mujer, la III Conferencia Mundial sobre la Mujer (1985 – Nairobi), en la que se aprobó un documento con una serie de estrategias y medidas que los gobiernos se comprometían a adoptar en el plano nacional, regional e internacional, para promover el reconocimiento social de las mujeres y el ejercicio de sus derechos humanos. Éste recomendaba establecer “mecanismos gubernamentales” para el seguimiento y la mejora de la situación de las mujeres, que debían estar establecidos en un alto nivel de gobierno; con los recursos, el compromiso y las autoridades adecuadas para asesorar sobre el impacto “en las mujeres” de todas las políticas gubernamentales (UN, 1986, párrafo 57)
Si bien el interés de los organismos internacionales fue fundamental en este proceso de institucionalización de la perspectiva de género, es necesario destacar que estos procesos tuvieron cabida en un escenario propiciado por los movimientos feministas que, desde los años ’60, venían instalando en el espacio público una serie de problemas y demandas inéditas hasta ese momento.
En 1987, el presidente Raúl Alfonsín, creó por decreto la Subsecretaria Nacional de la Mujer. La Subsecretaría fue el primer organismo de promoción de las mujeres creado en el aparato del Estado en Argentina. En 1989, es primero ascendida al rango de Secretaría y cerrada en 1990, con el argumento de la reestructuración. Posteriormente en 1991 se reabre por presión de los organismos internacionales, pero como Consejo Nacional de la Mujer dependiente de la Secretaría de Función Pública, y en sintonía con los organismos internacionales de financiamiento, que apelaban a la organización social para encubrir la tendencia cada vez mayor a trasladar las responsabilidades del Estado a la sociedad civil y de la Nación a las provincias y municipios, propias del menemismo. Actualmente el CNMes, según su propia definición, el “organismo rector de las políticas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres” abarcando una proporción reducida de las problemáticas a las que da lugar las desiguales relaciones entre mujeres y varones: los derechos sexuales y reproductivos, las desigualdades en el empleo, la falta de corresponsabilidad en las tareas de cuidados, etc.
En Mendoza, se creó el primer organismo gubernamental enfocado en las “problemáticas” de las mujeres en 1988. Este organismo llamado inicialmente Asesoría de la Mujer, surge por iniciativa de algunas mujeres que impulsaron su construcción como resultado de los compromisos asumidos en Nairobi. Si bien no podemos hacer un recorrido por todas las fases de este espacio señalaremos que en casi 30 años fue oscilando entre diferentes nombres, dependencias institucionales, organización interna, objetivos, autoridades, etc. En el cuadro se puede observar estos vaivenes. Con tres cambios de partido oficialista en el gobierno– 8 gobernadores -, el organismo tuvo: 7 nombres y estructuras organizacionales diferentes, 12 presidentas, seis cambios de dependencia funcional. Y en los últimos 4 años 3 traslados de lugar de funcionamiento. Su existencia ha sido establecida por sucesivos decretos del Poder Ejecutivo provincial, no hay una ley que lo respalde y le dé estabilidad estructural o financiera.
La Asesoría, en sus inicios se definía sobre la idea de que las mujeres tenían que conquistar derechos ciudadanos y el Estado debía garantizarlos. Así logró introducir el tema y realizar acciones en la estructura gubernamental, a pesar de las resistencias que despertaba en algunos sectores. De este modo comenzó las gestiones para la sanción de una ley. En 1991 un decreto gubernamental concretó la creación del Instituto, pero la ley nunca llegó a ser presentada en la Legislatura.
En 1996 el Instituto de la Mujer fue transformado por decreto en Consejo Provincial de la Mujer, lo que implicó una modificación en la estructura organizacional del espacio y una desjerarquización. En el año 2000 fue transformado en El IPPEHM (Instituto de Políticas Públicas de Equidad entre Hombres y Mujeres). Esta transformación significó un cambio en cuanto al énfasis y posición ideológica respecto del tema de género y de clase. En 2008 Celso Jaque convirtió el Ministerio de Desarrollo Social en Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, y el IPPEHM en Instituto de la Mujer. El área fue reubicada bajo la órbita de la Subsecretaría de Familiaes decir, en el lugar tradicional de las mujeres en el aparato del Estado, donde se atienden problemáticas específicas: la discapacidad, la familia, la vejez y la infancia, y lejos del espíritu emanado de las Estrategias de Nairobi. Durante esta gestión se sanciona la ley 26.485/2009 de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, y éste se convirtió en el tema central y casi exclusivo del Instituto hasta la actualidad. En 2011 el área fue convertida en Dirección de Mujeres, Género y Diversidad bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos (aunque en esta gestión tuvo 4 titulares y dejó de funcionar en Casa de Gobierno). Finalmente, en 2016 un decreto de A. Cornejo creó la Dirección de Género y Diversidaden la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Social, perdiendo la palabra “mujer” en su nombre.
En el desarrollo de estos organismos la intervención de las personas a cargo ha sido determinante. Cada una de las gestiones estableció el contenido del espacio, puso su impronta en la definición de los objetivos y la planificación de las acciones a realizar. De este modo las tradiciones políticas personales, la forma de definir a “las mujeres” y a sus derechos, el mayor hincapié en la cuestión de “clase”, en el “desarrollo local” o en las relaciones de “género” como causas de la discriminación, su relación con los diferentes poderes del Estado, etc. marcaron el proceso desde la formulación misma de la política hasta las acciones que desarrollaron, cómo lo hicieron, con quién articularon y a quién escucharon.
La trayectoria del área “mujer” de la provincia de Mendoza está marcada por las dificultades para inscribir las demandas de las mujeres en el aparato del Estado. Durante esos años el organismo atravesó rupturas permanentes (tanto a nivel del contexto como al interior del proceso). Su objetivo, cumplir el mandato de Nairobi y constituirse en un centro para la “coordinación de las cuestiones relativas a las mujeres” no ha logrado estabilidad debido a la ambigüedad en lo que se define como “las cuestiones de las mujeres”. De acuerdo a las fluctuaciones en las relaciones de fuerza, el área ha soportado la salida y entrada de nuevos/as sujetos (lo que significa restablecer relaciones al interior), y se ha visto sometida también a cambios en las reglas de funcionamiento y convivencia. Esto ha impactado en la definición y redefinición de los objetivos, la estructura organizacional y en los procedimientos formales de intervención.
El caso de Mendoza encuentra coincidencias con otras experiencias latinoamericanas: la débil institucionalización del espacio lo deja a merced de las coyunturas políticas y el permanente peligro del “borrón y cuenta nueva”. Los cambios de gobiernos producen cambios en la esfera técnica, falta de continuidad, escaso financiamiento, pérdida del perfil y hasta sabotaje, la designación de personas alejadas de la temática, el cierre de servicios, y hasta el alejamiento de las organizaciones de mujeres. Aun cuando los gobernadores fueran del mismo partido político, la sucesión de las gestiones no implica continuidad ni en cuanto a la autoridad, ni a las denominaciones, ni al sentido del organismo.
La falta de un respaldo legal y político son carencias institucionales que han impedido la conformación de una organización interna que dé continuidadal área. En la medida en que el espacio es frágil y está ligado a las internas partidarias, sin respaldo legal, escaso presupuesto, la continuidad depende de la voluntad personal de algunas/os funcionarias/os. Las discontinuidades están también ligadas al origen: espacios creados por presiones que implican la satisfacción de demandas disruptivas respecto del orden establecido y de los intereses políticos de los gobiernos, que ven a menudo en las mujeres un instrumento para la satisfacción de las necesidades de niños/as y desamparados/as, las cuidadoras de la vida, pero no sujetas con intereses propios y ciudadanas con derechos.
En el actual contexto donde el tema de la violencia contra las mujeres y los femicidios son una preocupación de toda la sociedad, es importante reflexionar sobre la necesidad de jerarquizar y darle respaldo legal a los organismos de políticas públicas para la igualdad de las mujeres. Este es uno de los caminos ineludibles para un Estado que decida abordar seriamente todos los problemas que se desprenden de la discriminación contra las mujeres y así contribuir a la construcción de sociedades más justas e igualitarias.
