La festividad de San Cayetano, al que la Iglesia venera como patrono del trabajo, tuvo este año una inesperada repercusión política.
Distintos sectores partidarios y sociales, con el apoyo de algunos representantes de la Iglesia, movilizaron a miles de personas desde el principal lugar de veneración, el santuario porteño de Liniers, hasta la Plaza de Mayo, donde fue montado un acto con fuerte tono crítico al gobierno de Macri.
Indudablemente, la preocupación que expresó días antes del festejo el papa Francisco, sobre la situación social y laboral en la Argentina, actuó como disparador de las repercusiones políticas para muchos totalmente inesperadas. El Pontífice argentino envió a los obispos de nuestro país una carta para dar su advertencia sobre los índices de desocupación, alertando que continúan siendo elevados.
Más allá de que Bergoglio hizo coincidir su preocupación por la crisis laboral en el país justamente con los festejos de San Cayetano, nada es casual al respecto, ya que en el Vaticano recibe periódicamente informes que le envía la Conferencia Episcopal Argentina con un diagnóstico por lo general muy acertado de lo que ocurre en el plano social y laboral en las clases medias y bajas.
Días después, uno de los periódicos informes del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina aportó datos sobre la pobreza en el país que acentuaron la preocupación en el oficialismo. Fue como un llamado urgente a la adopción de medidas tendientes a atemperar la crisis que afecta a un tercio de la población argentina.
La primera reflexión que dejan todos estos sucesos generados por la pobreza inocultable es que, alentada por el propio papa Francisco, la Iglesia una vez más salió a lanzar una mirada sobre el rol que compete a la dirigencia política en general en la adopción de medidas concretas para socorrer a los más desprotegidos. Como lo vienen haciendo desde hace años, los obispos reclaman, a los gobiernos de turno, inteligencia y creatividad para atacar la pobreza. En este caso concreto, buscando generar y apuntalar fuentes genuinas de trabajo.
Esto, de algún modo, limita especulaciones del kirchnerismo, que durante años se dedicó a ignorar y hasta denostar los informes de la Iglesia.
La segunda mirada reflexiva debería detenerse en una postura tradicionalmente clara del Papa y de los obispos: de la pobreza no se sale con planes sociales, que son un paliativo importante y nada más, sino con una economía creciente que genere fuentes laborales seguras.
Por ello, luego de la carta que envió Francisco, monseñor Arancedo, titular del Episcopado, remarcó que “los planes de subsidios son necesarios para una coyuntura pero no son expresión de una sociedad madura y justa”.
Por lo tanto, el gobierno de Macri deberá tomar nota de esta inocultable situación delicada que plantean las estadísticas de la UCA y adoptar algunas sugerencias prudentes de quienes conducen a la Iglesia.
Lo que no se puede aceptar es la politización de las estructuras eclesiásticas, ya que no es ésa la función que deben cumplir sacerdotes y obispos. La misión que tienen es diagnosticar y alertar en base al trabajo en el territorio que a diario realizan y contener a los que más sufren.
